Dentro de la opinión informada ha crecido la crítica a la política energética del actual gobierno. El público experimentó al comienzo una especie de asombro sobre la audacia de las posiciones gubernamentales acerca de una descarbonización rápida, que respondía aparentemente a los llamados de la comunidad internacional y a los compromisos de las convenciones sobre cambio climático. Las resoluciones de la Conferencia de las Partes (COP) han alertado sobre los peligros del aumento en las temperaturas producto de la quema creciente de combustibles fósiles.
Sin embargo, transcurridas unas pocas semanas, el panorama comenzó a aclararse. Se supo que la responsabilidad de Colombia era insignificante en la emisión de gases efecto invernadero. La nuestra representaban apenas el 0.66 % de ellas y la emisión per cápita anual era aproximadamente 1,6 toneladas al año, mientras que las de China eran 8 veces mayores y las de EE. UU. 13 veces más.
También se demostró que la responsabilidad mayor de las emisiones en el país la tenían la deforestación y los usos del suelo y no el sector eléctrico, ni el energético y mucho menos el industrial. Las propuestas de reemplazar la producción de combustibles fósiles incrementando el turismo no tenían ninguna viabilidad y aún menos cuando el mismo primer mandatario había señalado que la precondición para ello era la “paz total”, la cual no se otea en el horizonte.
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Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Ambiente, ha señalado reiteradamente que es un absurdo prohibir en Colombia las nuevas explotaciones de petróleo y carbón
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Importantes personalidades y organizaciones se han encargado de situar el debate en sus justos términos. Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Ambiente, ha señalado reiteradamente que es un absurdo prohibir en Colombia las nuevas explotaciones de petróleo y carbón. Diego Otero, miembro de la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Económica y especialista en asuntos energéticos, ha escrito profusamente sobre cómo no se debe copiar el modelo europeo de transición energética y que, como la matriz eléctrica colombiana es esencialmente limpia, se debería persistir, con los debidos cuidados ambientales, en la provisión eléctrica a través de hidroeléctricas. Juan Benavides, investigador de Fedesarrollo, calculó los enormes costos que tendría una transición acelerada y la necesidad de aprovechar el gas durante un periodo largo como combustible de transición. El exsenador Jorge Enrique Robledo, en numerosas intervenciones públicas, ha insistido en una transición paulatina y basada en la ciencia, polemizando con lo que la ministra de Energía ha sostenido. Amylcar Acosta, exministro de Minas y Energía ha planteado la necesidad de una transición “a la colombiana” y ha dicho que están fuera de lugar las declaraciones gubernamentales sobre no hacer nueva contratación de explotaciones de carbón y petróleo.
Cedetrabajo ha organizado varios foros. Uno en Bogotá con la participación de algunas de las personalidades antes señaladas (https://acortar.link/fwpAj0)://acortar.link/5T9B8E) y otros en Riohacha y Valledupar con participación de las universidades de esas regiones, la Escuela de Administración de Negocios y organizaciones sociales e incluso autoridades regionales como Corpoguajira y la Alcaldía de la Jagua de Ibirico. Antes de pensar en una transición acelerada, Cedetrabajo insistió en estos foros en la necesidad de programar una transformación productiva que supere las limitaciones impuestas a la producción nacional por los tratados de libre comercio. Sobresalió el análisis del profesor de la Universidad de Área Andina, Amat Zuluaga, en el sentido de que no se están teniendo en cuenta los enormes costos energéticos que entraña la adopción de energías renovables.
Diego Otero lideró en días pasados un seminario en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (https://acortar.link/6nxUlm), con ponentes del más alto nivel académico y científico que hicieron exposiciones sobre los más variados temas de la relación entre cambio climático y energía. En estas ponencias el denominador común fue resaltar el aporte que la producción de carbón y petróleo hace a la economía nacional, la ausencia de políticas de largo plazo y una visión crítica sobre las políticas del actual gobierno.
y otros publicaron un estudio que demostró que una trasformación de la estructura dependiente de combustibles fósiles duraría dos o tres décadas y debe utilizar los recursos provenientes de esta actividad. (https://wp.me/a99Bcq-3Uw)
De esta manera, el debate sobre la transición energética se ha aterrizado con numerosos aportes sobre asuntos mucho más concretos e inmediatos. Destacan las preocupaciones sobre el futuro de Ecopetrol, la necesidad de explorar y explotar los yacimientos de gas, la exigencia de que en el plan de industrialización se incluyan recursos como el carbón y la obligación de definir una ruta basada en la ciencia, que tenga en cuenta la compleja situación internacional y las definiciones de las conferencias mundiales de cambio climático sobre las responsabilidades diferenciales en el control de emisiones, siendo los países desarrollados los que deben asumir la mayor parte.
