El pasado 23 marzo, un día antes de los nutridos plantones contra los atropellos de la empresa Air-e realizados en Barranquilla y en Ciénaga, el representante a la Cámara por Antioquia, Jorge Gómez Gallego, presentó ante la plenaria de la Cámara de Representantes una constancia de respaldo a las reclamaciones de los usuarios del sector eléctrico de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira y una proposición para convocar una audiencia pública sobre la problemática eléctrica en el área de influencia de Air-e, la cual fue aprobada por unanimidad.
Son tres los motivos principales para realizarla. Primero, la insistencia de la empresa Air-e en imponer la instalación de la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), también conocida como medidores inteligentes, cuando todavía no ha sido puesta en vigencia por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La misma AMI, en las normas preparatorias conocidas, modifica la Ley 142 de 1994, que solo permite que los medidores tengan como función “medir el consumo” y no una cantidad de ítems que sobrepasan la normatividad legal. La Ley 142 señala además que los medidores son de propiedad de los usuarios y solo se pueden cambiar cuando se compruebe que están funcionando mal.
En segundo lugar, está el tema de la cartera corriente y en mora que dejó viva Electricaribe en manos de la Superservicios por un valor de unos dos billones de pesos y nunca debidamente depurada ni auditada. Después del desastre de Gas Natural Fenosa y el saqueo de los recursos públicos, el gobierno nacional debió haber condonado estas deudas, pero optó por regalarlas a los nuevos operadores Air-e y Afinia-EPM, para que siguieran atormentando a millones de costeños. El cobro de estos cuantiosos recursos adolece de vicios legales que los hacen incobrables. Por ejemplo, el traspaso de cartera de una empresa a otra en los servicios públicos domiciliarios muestra un vacío en la Ley 142 y 143 de 1994, como lo reconoce un fallo de la Superservicios sobre la misma materia, por lo que el asunto se tendría que subsanar con otro instrumento jurídico como el Código Civil, con exigencias perentorias al debido proceso, que no se han cumplido en lo más mínimo.
Un tercer aspecto es el relacionado con el escandaloso acto de corrupción de la empresa Gas Natural Fenosa, hoy parapetada tras el nombre de Naturgy S.A. Entre 2011 y 2016, el consorcio español se embolsilló los recursos del subsidio especial FOES por más de $200.000 millones, que le entregó el gobierno nacional para las familias más pobres de la Costa Atlántica de los barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo, las cuales nunca percibieron un solo peso. La Contraloría General de la República fue el ente de control que descubrió tamaño desfalco, por lo cual le imputó cargos fiscales a Electricaribe en liquidación.
Para esta audiencia pública del viernes 7 de mayo, que será transmitida por el canal del Congreso en directo a partir de las nueve de la mañana, el representante Jorge Gómez Gallego citará a los siguientes funcionarios: Ministro de Minas y Energía, Iván Meza Puyo; director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, Jorge Alberto Valencia Marín; Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte; Liquidadora de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas Combariza, y los directivos que determine la empresa Air-e S.A.
Las conclusiones de esta audiencia pública deberán ser trascendentales por los temas a tratar, los funcionarios citados y los líderes de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos; Asocomunales de Barranquilla, Soledad, Malambo, Ciénaga, Magdalena; veedurías ciudadanas y vocales de control de Atlántico, Magdalena y la Guajira.
Buen viento y buena mar a esta trascendental audiencia del 7 de mayo de 2021.
* Coordinador en la Costa Atlántica de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos
