Muchos de los ciudadanos migrantes venezolanos al ser consultados sobre si regresaran o no a su país, responden de una manera simple y clara: no; o por lo menos, eso dicen los que están en el departamento de la Guajira, que en municipios como Fonseca, se sienten como en casa. “Vinimos para no regresar mas, o por lo menos para regresar en un tiempo no muy cercano”, dicen.
Este es un reto muy difícil de afrontar para los administradores de turno en el territorio guajiro. Según cifras oficiales, el departamento de La Guajira tiene una población total de menos de 1 millón de habitantes, este territorio vio como después del inicio del éxodo masivo, ya son más de 300 mil personas del vecino país que viven hoy en este territorio, situación que impacta el modo de vida de los municipios donde estos ciudadanos se han asentado. Hoy la población que habita el territorio de Padilla creció un 30% en menos de 5 años, rompiendo estimaciones que no se esperaban para el doble del tiempo.
Cada persona que llega, cada ciudadano nuevo, requiere de un techo, un plato de comida, un baño, educación, un trabajo, en fin, suplir sus necesidades físicas básicas. En promedio, en el departamento de La Guajira, antes de la entrada masiva de hermanos de vecino país, cerca de 6 personas de cada 10, no tenían solucionando sus condiciones básicas de vida, ahora con el crecimiento exponencial de personas, además de que se hace mucho mas difícil de enfrentar la situación, no se sabe a ciencia cierta cuál es la población real.
Por esta razón los alcaldes locales tienen un reto difícil por delante. Si se analiza el caso del municipio de Fonseca, uno de los territorios donde más venezolanos han llegado en proporción a su población, son más de 13 mil nuevas personas las que viven de manera legal. Si a esto le sumamos una estimación de otros fenómenos similares en el mundo, donde en promedio, por 1 migrante legal, llegan 0,4 migrantes ilegales con él, es decir que, 13 mil personas, en promedio, pueden ser fácilmente convertidas en un poco más de 18 mil.
Tener más de 18 mil personas nuevas en la Tierra del Cantores, es un crecimiento de la población en casi un 50% de la cantidad total. Para que el lector dimensione la situación, es como si 6 veces la población de la Jagua del Pilar se mudara a Fonseca; es algo así como la población de Urumita*, el Molino* y la Jagua del Pilar* juntos; significan un número cercano a dos veces la población del municipio de Distracción*, con todos sus problemas y virtudes se mudan a Fonseca.
Lo que pasa hoy en Fonseca al igual que otros municipios como Riohacha, Maicao y San Juan del Cesar*, ha cambiado por completo el normal modo de vida en los territorios, influyendo de manera significativa en la planeación de políticas públicas, cambiando el destinando del uso de los recursos y el experimento de situaciones sociales que se salen por completo de control de las comunidades.
Esta que es una noticia vieja, tiene una importante trascendencia en Colombia, ya que administrativamente, los próximos esquemas y planes de desarrollo que actualmente se conciben por parte de los mandatarios locales y las comunidades, deben incluir a esta población, a ellos, se les deben garantizar derechos. A la luz del sistema legal colombiano, el artículo 96 de la Constitución Política dice que: "los nacionales colombianos son aquellos cuyo padre o madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la república en el momento del nacimiento".
De acuerdo a esto, cuando los colombianos migraron a Venezuela (cerca de 7 millones) tuvieron hijos, nietos, bisnietos, en fin, gran parte de los venezolanos que hoy están en Colombia, que están en La Guajira, por nuestra constitución, son ciudadanos colombianos, a los que el Estado debe atender, son sujetos de derechos en Colombia y se les debe por ende defender, eso dicen las leyes. Pero, por otro lado, los venezolanos que logren el domicilio colombiano y tenga un hijo, son por la legalidad del país connacionales.
Económicamente la dimensión de esta situación no es igual si se presenta en una ciudad como Bogotá, Barranquilla o Medellín, que tienen la infraestructura locativa, empresarial, como también el capital financiero para afrontarla. La Guajira y otros departamentos empobrecidos de Colombia necesitan que el Estado y la comunidad internacional establezcan una política clara para el migrante, se creen proyectos productivos que los pongan a la par del resto de la sociedad y se direccionen los recursos y la regulación necesaria, para aprovechar la mano de obra calificada que viene y puede servir para transformar la realidad de La Guajira, como también, para combatir de una vez por todas, la mala imagen que una minoría de los hermanos venezolanos han creado durante su vida en Colombia.
