Muchas de las controversias que se dan hoy en día frente al sistema político colombiano y el papel que desempeña el Congreso tienen que ver con una muy persistente ambigüedad sobre las relaciones entre sociedad, política y estado; en concreto, la legitimidad que tienen los intereses en tratar de influenciar a su favor leyes, presupuesto, etc. Yo en particular busqué ser elegido a la Constituyente con la bandera de la representación pública de intereses. Es en la Constituyente donde se presenta un intento de quiebre con la premisa de la Constitución de 1886, donde todos los parlamentarios representaban un ambiguo “bien común” que terminaba siendo el caldo oculto de cultivo para el clientelismo. En 1991 hubo cambios importantes al pasar la soberanía, la fuente de autoridad y legitimidad, de una decimonónica Nación a un más moderno Pueblo. Se declaró la nuestra como una democracia participativa, pero al definir en el artículo 133, que efectivamente los congresistas representan al pueblo y son “responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”, se perdió la oportunidad de indicar que ellos eran responsables ante sus electores. Ahí quedamos atascados en el medio, sin que estableciéramos claramente una relación Principal Agente aunque fuera en su más mínima expresión. Por supuesto que frente a las premisas de 1886, calcadas de la tradición hispano católica e imperantes en Latinoamérica, podría servir de un triste consuelo. Acordémonos de dónde veníamos. En tal tradición existía lo Público que era estatal y lo demás era privado: no existía la categoría de lo Público No Estatal (la sociedad civil) y lo único que podían hacer los particulares era presentar solicitudes respetuosas a las autoridades (la Nación).
La ambigüedad de la definición hace que se presenten toda clase de controversias: comencemos con la de los auxilios parlamentarios o la “mermelada”, como se llama ahora. Es evidente que un parlamentario debe tratar de beneficiar a sus electores, si los pudiera identificar públicamente. De alguna manera el presidente Santos así lo expresó en su campaña de reelección. La pregunta, por supuesto, es por qué esta mermelada no se hace pública y la tiene que “destapar” una oposición ducha en las mismas prácticas. Lo lógico es que la tal mermelada se pusiera en la “urna de cristal” y los ciudadanos beneficiados pudieran escudriñar si eso era lo que querían y si se hizo a los costos que deberían ser, no con contratos amañados.
En la controversia actual se tiene las dos posiciones: por un lado el uribismo, Paloma Valencia, plantea que no haya incompatibilidades al representar intereses y además que el legislativo tenga iniciativa en el gasto como sucede en países pluralistas donde la relación Principal Agente es fuerte. Por el otro lado se plantea el regreso a la celestial inocencia: que los parlamentarios no tienen que estar haciendo nada en estas tareas. La verdad es que si un parlamentario fuera elegido en un distrito uninominal podría con toda legitimidad decir: “Vengo en representación de cuatrocientos mil habitantes de este territorio, queremos esto, lo hemos concertado con la ciudadanía por medio de la planeación participativa y ellos van a controlar que se apliquen bien esos recursos”. Como esto no sucede y la representación es ambigua e ilegitima, se genera siempre una inmensa desconfianza ya que se sospecha que los recursos no se aplican colectivamente sino a la clientela privada y personal con la cual fue elegido tal parlamentario. Esto genera además una sensación de riesgo que impide profundizar la descentralización.
Estas controversias tienen su más clara expresión en el absurdo escenario de la votación de impedimentos en el Congreso. Mi experiencia personal en un proyecto en el cual yo sabía del tema y además tenía intereses, por la parte industrial. Esto me colocaba en la situación en que si fuera a defender mi punto de vista me dirían que estaba hablando como empleador y me callarían. Presenté mi impedimento porque claramente lo tenía. No lo aceptó la plenaria. Así que la única alternativa fue la de salirme de la sesión para evitar caer en un conflicto de intereses.
La verdad es que la oscilación entre las dos posturas tiene que ver precisamente con la ambigüedad cultural en la que estamos atascados. Y también en que el desarrollo de la institucionalidad que se desprendería de avanzar en la representación legítima de interés, la más obvia de todas la regulación del lobbing, buscando que estos lobistas (no hay palabra en español porque nunca hubo un papel legítimo para ellos, tan solo el cabildeo antes de que cayera la “Cortina del Silencio” —Kamen— en el siglo XVI) se registren y su accionar sea transparente La representación de intereses también aterra a muchos que de forma irreflexiva temen el modelo corporatista de estado impuesto desde arriba del fascismo franquista. No registran que el modelo socialdemócrata en Europa (Suecia, Alemania) es esencialmente un modelo de corporatismo social generado desde abajo, basado en las dos grandes jerarquías de sindicatos y empresarios. Con cierta razón: en las mediciones del World Values Survey (2011) Colombia aparece como el país del mundo donde la suma de sindicatos y gremios tiene el menor cubrimiento poblacional. De ahí la cierta molestia con que tanto los unos como los otros tengan una influencia mayor de la que corresponde a la población que representan.
Por ello, de nuevo, lo que se requiere es que haya una redistribución de poder a la ciudadanía y enraizar en los diferentes niveles de agregación territorial los procesos de representación de intereses y la priorización de inversiones, la generación de racionalidad colectiva que se pueden dar en la Planeación Participativa pendiente de su desarrollo legislativo según los acuerdos de La Habana. No una Nación de partidos donde los políticos se deben al secretario general —España otra vez— y no a sus electores. Veamos si salimos del atasco.
