Cuando se atacó uno de las ramas del poder en Colombia, se produjo el evento más triste y vergonzoso por parte de un grupo armado, como fue el M-19. Su acto demencial, causó una respuesta tan desproporcionada que deslegitimó a las Fuerzas Militares. Se trató de la toma armada de la Corte Suprema de Justicia el fatídico noviembre 2 del 85, bajo el gobierno de Belisario Betancur.
Muchas muertes, los magistrados, sus auxiliares, personal de servicio y visitantes. Gentes que cumplían su deber y cayeron infamemente asesinadas por el fuego cruzado. También militares y guerrilleros, muertes que hubieran podido evitarse. En primer lugar, si el Eme no hubiera escupido sobre la mano generosa del gobierno y, cuando la insensatez se apoderó de la guerrilla, se hubiera requerido una negociación, muy dura, pero mucho más justa que la retoma del Palacio, por la fuerza.
En la vecina Venezuela, acaba de pasar un acto igualmente vergonzoso, pero esta vez incitado por el Ejecutivo, contra otra de las ramas del Poder, el Legislativo. Grupos que allá llaman “colectivos” y que han crecido bajo el patrocinio del chavismo y son armados por el gobierno, atacaron a los diputados, sin que las fuerzas militares, ni la policía, que tan activas han estado reprimiendo a los civiles, intervinieran para defenderlos. Un golpe de Estado clarísimo: el legislativo, indefenso, bajo el fuego propiciado por el Ejecutivo. Una vergüenza que debe ser rechazada por el mundo entero.
Un golpe de Estado clarísimo:
el legislativo, indefenso, bajo el fuego propiciado por el Ejecutivo
Maduro se excedió una vez más, pero ahora pasándose por la faja cualquier apariencia de legalidad. Cuando las fuerzas militares y de policía, atacan con gases y agua, así utilicen una fuerza desproporcionada, cabría la disculpa de que están preservando el orden público (Aunque han quedado claras las irregularidades cometidas en los ataques a civiles desarmados, causando ya casi cien muertes, injustificables).
Pero en lo del miércoles, cuando estos colectivos entraron a la Asamblea Nacional, el equivalente a nuestro Congreso, se perdieron todas las formas de apariencia democrática y quedó al desnudo el esqueleto que Maduro intentaba arropar de formas legales: ¡la dictadura! Ya no hay duda de que lo que hay en Venezuela es un gobierno de facto.
Lo de la Asamblea se suma a la represión en las calles, a los cierres de medios de comunicación, a la convocatoria inconstitucional de una Asamblea Nacional Constituyente y a la inminente destitución de la Fiscal General, mientras traspasan sus atribuciones al Defensor del Pueblo y Tribunal Supremo de Justicia, todos orgánicos del presidente Maduro.
Cinco Diputados de la Asamblea Nacional fueron heridos, tal vez en represalia porque ese cuerpo Legislativo se atrevió a ejercer una de sus atribuciones, la de convocar al pueblo a un plebiscito para preguntarle lo que establece la constitución: si está de acuerdo o no con la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Eso que debía haber hecho el gobierno y sin embargo no hizo.
Maduro y su régimen dictatorial se vengaron de la manera más brutal y más mafiosa, mandando a paramilitares, civiles armado y sin control ninguno, a tomarse la Asamblea, golpear a los Diputados y censurar a los medios presentes.
Este hecho debe ser rechazado sin ambages, por los gobiernos, no solo a través de la OEA, sino en todos los caminos diplomáticos posibles. No se puede permitir, después de que América Latina dejó atrás la ola de gobiernos de facto, que se perpetúe el de Maduro. No se puede dejar sola a Venezuela y a esta protesta debemos convocar a la izquierda latinoamericana, que tanto sufrió con los regímenes de derecha. ¡Nada de complicidad con esta o cualquier dictadura!
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