Todo comenzó en Colombia en 1980 por un informe de Amnistía Internacional en el que se acusó al gobierno de Turbay Ayala de violador de los derechos humanos con el estatuto de seguridad. Desde esa época se ha producido en los diferentes gobiernos nacionales una especie de “síndrome de pánico” ante la información que viene sobre el país desde el exterior, que no les es favorable y que es difundida por organizaciones y medios de comunicación de importancia. Esto ha ocurrido con Amnistía Internacional, Human Rights Watch y The New York Times, este último con un artículo reciente en donde de manera sesgada anunciaba que iban a revivir los falsos positivos por una directiva del Ejército.
¿Pero qué son los falsos positivos? Indudablemente son el resultado de la degradación del conflicto en donde hubo responsabilidad de agentes del Estado. No obstante, no se puede olvidar que el conflicto fue generado por las guerrillas comunistas para la toma del poder en Colombia desde hace casi seis décadas, en donde no solo nuestro país fue víctima de esa conspiración marxista, sino que también ocurrió lo mismo en trece naciones de Latinoamérica con 26 grupos terroristas, apoyados por Cuba con el patrocinio de la URSS, al tenor de la guerra fría. Esto nos dice con toda claridad que la degradación del conflicto en Colombia con los falsos positivos y el paramilitarismo son responsabilidad primigenia de quien lo creó, culpa que sin discusión alguna recae en el marxismo-leninismo. A lo anterior debemos agregar que un importante columnista afirmó hace algún tiempo que el paramilitarismo era el hijo bastardo de la guerrilla comunista porque la responsabilidad de un conflicto con todas sus consecuencias es de quien lo propició.
Sobre lo del New York Times no conocemos muchos comentarios sobre el asunto, a pesar de la rigurosidad histórica. Sin embargo, sí podemos decir que hace apología a una directiva del Ejercito en un país que en los últimos años (durante el gobierno de Juan Manuel Santos) multiplicó por cinco los cultivos de coca al amparo de las negociaciones y los acuerdos de La Habana, lo que ha llevado a que las bandas armadas que delinquen con el narcotráfico asesinen a dirigentes sociales, especialmente en zonas cocaleras. Ello demuestra que no es ningún pecado de la fuerzas militares perseguir a los delincuente para neutralizarlos, aunque enemigos de las instituciones utilicen especulaciones para confundir a la opinión pública.
La mamerteria criolla se frota las manos y hace alabanzas cuando Amnistía Internacional, Human Rights Watch y The New York Times critican al Estado colombiano en materia de derechos humanos, pero meten bramidos espantosos cuando esas mismas organizaciones por alguna circunstancia denuncian la violación de derechos humanos en Cuba o Venezuela, lo que demuestra la condición rastrera del comunismo totalitario.
Setenta y nueve congresistas de EE. UU. le enviaron una carta al Secretario de Estado Pompeo preocupados por el proceso de paz en Colombia, por lo que habrá que decir con mucha tristeza que algunos de esos dignatarios no saben dónde queda Colombia. Entonces, hay que afirmar con toda claridad que el gobierno del presidente Duque no ha buscado sabotear el proceso de paz y las objeciones que presentó sobre la JEP. Esto se circunscribe en sana lógica a la lucha en contra del narcotráfico para que no pase de agache amparado por los acuerdos con las Farc, lo que sucede es que la llamada izquierda contando con la complacencia de importantes medios de comunicación se ha dado a la tarea de atacar al gobierno de manera despiadada para lograr sus objetivos políticos burocráticos.
El gobierno nacional le ha botado mucha corriente al informe de The New York Times sobre el supuesto retorno de los falsos positivos. Al sobredimensionar ese informe actuó como lo han hecho los gobiernos anteriores en los últimos 39 años, con temor, en este caso por un artículo bien calculado políticamente para crear zozobra en la institucionalidad. Sin embargo, el ejecutivo debe hacer uso de elementos legales para responder los ataques desde el exterior, que en muchas ocasiones denotan mala intención.
El talante ideológico del gobierno es fundamental para responderle a los enemigos de la libertad que utilizan la “democracia burguesa” (remoquete para demostrar que no creen en ninguna forma de democracia) con miras a fortalecer su estrategia abyecta de someter a las masas mediante un discurso miserabilista y de “cambio”, que lleva a la población al hambre y el envilecimiento, como sucede actualmente en Venezuela con la camarilla comunista que conduce a esa nación a una esclavitud política perenne. Por lo que en Colombia hay que tener los ojos bien abiertos ante los informes periodísticos de importantes medios que desde el exterior muchas veces tienen una carga política e ideológica que no se compadece con un país que ha buscado sostener una democracia, posiblemente imperfecta pero persistente, para que los colombianos puedan vivir en concordancia con la ley.
