La tensión entre el gobierno Colombia y Panamá no tiene precedentes en las historia de las relaciones bilaterales de ambos países, y aunque es manifiesta la voluntad de las partes para solucionar este impase de la mejor manera posible, una negociación donde ambos Estados queden satisfechos parece ser una quimera. “Las negociaciones continúan” se dijo. Pero eso es obvio, hay mucho por negociar. El preludio de esta situación está marcado por el decreto 2193 de 2013 en el que el Gobierno de Colombia, con base en una ley del 2002, enunció a Panamá como paraíso fiscal e impuso el plazo de un año para que dicho país suscribiera acuerdos de intercambio de información fiscal con Colombia, o de lo contrario habría consecuencias en materia tributaria para el vecino país.
Esta exigencia responde a los requerimientos que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para los Estados aspirantes a participar en esta organización, tema que desde hace tiempo trasnocha a la administración Santos. Es por esto que el Ministro de Hacienda colombiano emitió el decreto 1966 de 2014 el pasado 7 de octubre donde se declara a Panamá como un paraíso fiscal, presionando así al gobierno de Varela para la firma de un acuerdo. Panamá por su parte ya ha suscrito acuerdos de esta naturaleza con Estados Unidos, por lo cual el reproche colombiano se basa en exigir un “trato igualitario”.
Sin embargo, las voces de rechazo contra el decreto 1966 no se hicieron esperar. En Colombia el anuncio prendió las alarmas porque esto significa la afectación de sus empresarios que hoy se configuran como unos de los mayores inversionistas en esa economía; y en Panamá la situación no es mucho mejor: nueve ex presidentes, entre los que se encuentran los de la dictadura militar, se unieron para escribir un “manifiesto al país” donde rechazan la decisión de Colombia. Esta confluencia de ex mandatarios en torno a un problema no tiene precedente alguno, lo que da a entender que la clase política panameña se lo está tomando en serio.
Además, en el istmo se esgrimen argumentos de grueso calibre como una violación al principio de soberanía por parte de Colombia debido a que el sistema fiscal se basa en el principio de territorialidad, por lo que se habla incluso de “terrorismo financiero”. Se habla también de una pretensión del gobierno colombiano que Panamá funja como “una oficina recaudadora de impuestos” para solventar el déficit fiscal de 12.5 billones de pesos que enfrenta la administración Santos; y también se preguntan por qué Colombia trata de manera diferencial a Panamá sabiendo que tiene socios comerciales más indisciplinados a los que trata con mayor laxitud, como es el caso de Venezuela.
Para terminar de ajustar, las medidas de retaliación mencionadas en el hermano país incluyen, además de impuestos arancelarios, el levantamiento del Tratado de Montería donde se acordó no cobrar impuestos por el paso de los buques de guerra colombianos a través del Canal de Panamá; e incluso se habla del requerimiento de una visa para la entrada de nacionales al vecino país, escenario mucho más improbable pero con repercusiones catastróficas.
Sobre la mesa también está la entrada de Panamá a la Alianza del Pacífico, que por las recientes declaraciones de la Canciller María Ángela Holguín se puede entender que está embolatada hasta que se firme el acuerdo de intercambio de información fiscal. Además, ahí está presente el eterno fantasma de María del Pilar Hurtado rondando en medio del río revuelto, quien es la prófuga más apetecida en la Casa de Nariño y quien según el ex director del DAS Rodrigo Bejarano es una mujer que genera molestias con el gobierno panameño porque “a Santos Varela lo dejó con los crespos hechos” cuando se les perdió la exdirectora del DAS.
Por supuesto que las negociaciones continúan, obvio, hay muchísimo por negociar.
