Después de que este 28 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, en contra de Adriana Milena Amaya Buitrago, subsecretaria de Rentas del departamento de Nariño. El interrogante se vuelve más interesante.
Estos cargos también han sido anunciados por el ente fiscalizador contra el gobernador de Nariño, quien de manera sorpresiva, asistió a la audiencia del pasado 19 de octubre, sin la compañía de un abogado, quien supuestamente le renunció a una hora de realizarse haber sido citada la audiencia.
Los hechos, materia de investigación, están relacionados con las presuntas irregularidades cometidas en la venta de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño por parte de la Gobernación, en agosto de 2016.
La imputada de 36 años y de profesión economista, quien se desempeñó como contadora de la campaña que llevó al triunfo a Romero, que por cierto tuvo algunos enredos a la hora de presentar las cuentas ante el Consejo Nacional Electoral, sin pasar a mayores. Según las investigaciones adelantadas, en ejercicio de sus funciones en el cargo de subsecretaria de Rentas, habría proyectado el decreto que se expidió el 24 de agosto de 2016, para que los interesados compraran el licor.
La autoridad investigadora presume que la funcionaria facilitó la adquisición del producto por parte de uno de proponentes, ya que antes de haberse proferido dicho decreto, la empresa Organización de Licores de Nariño S.A.S., constituida el 5 de noviembre de 2015, después de 12 días de realizado el evento electoral, en el que se eligieron las autoridades locales y regionales; supuestamente realizó la consignación porque tuvo conocimiento previo de la normativa.
El Juzgado Segundo Penal Ambulante con funciones de control de garantías de Pasto avaló la imputación y le impuso inhabilidad para enajenar bienes muebles e inmuebles por término de seis meses.
Los mismos cargos, le imputarían al gobernador Camilo Romero, quien debe presentarse a los estrados judiciales este 29 de noviembre, fecha que se fijó después de que el primer gobernante del departamento, asistiera sin abogado a la audiencia del 19 de octubre.
Existe incertidumbre sobre la presentación de Romero a la audiencia, habida cuenta de que la ciudadanía se ha vuelto desconfiada frente al comportamiento que en estos casos han practicado, otros funcionarios del Estado, que han dilatado los procesos, como es el caso de Samuel Moreno en el tortuoso caso del carrusel de la contratación de la capital de la república.
Actualmente se perfecciona el pliego de condiciones para la distribución y venta del aguardiente, el que según informaciones de los voceros oficiales se dará a conocer en los primeros días de diciembre y el 7 del mes empezará a venderse al público, después de tres meses de que el producto desapareció del mercado, lo que ha traído grave detrimento al patrimonio departamental y por ende para el funcionamiento regular en salud y educación.
“El que nada debe, nada teme” dice el adagio popular, razón por la cual se espera que el gobernador no sea inferior a su territorio y sus gentes y no vaya a asumir una actitud dilatoria al proceso judicial y antes que por el contrario demuestre su inocencia y transparencia de la cual hace gala en su discurso cotidiano.
