Desde hace años se ha visto en Colombia un flagelo que incluye a las personas que se encuentran en situación de conflicto armado. Ahora ya no existen los grupos armados reconocidos, sino también otros agentes que, por una lucha de ideales que conllevan a la equidad y la solidaridad de todos, vulneran a los campesinos que vivían en lugares tranquilos en diferentes sitios del país.
Las víctimas salen de sus lugares de origen, buscando en la ciudad una mejor fortuna con ilusión de encontrar “nuevas oportunidades”. Sin embargo, encuentran que los centros urbanos son inhóspitos y fríos.
Anatilde Pérez (víctima del conflicto armado) llegó a Bogotá y se acercó al CLAV (centro local a Víctimas) Sevillana, solicitando ayuda, ya que venía del campo y necesitaba un trabajo; le ofrecieron una vacante de empleo y no la aceptó, porque ella pensaba que la “ayuda” era en dinero o mercado. Le habían comentado que el gobierno ofrecía estos apoyos y que tenía el deber de ayudarla por ser víctima.
No obstante, si bien es cierto que se debe ayudar a las personas más necesitadas y las víctimas del conflicto armado se enfrentan a diversas circunstancias, el asistencialismo prolongado, más allá de una ayuda inmediata, no es la solución. Es por ello que se deben generar más expectativas sobre los proyectos productivos, negocios y empresas para vincularlos y así mejorar su calidad de vida y economía familiar. Estas personas realmente lo necesitan y no hay que dejar que se convierta en un asistencialismo de mendicidad.
