No dice paro. Repite cada minuto una palabra desconocida para la mayoría de la gente en Colombia: "únuma. Únuma, únuma", dice riéndose. Le pregunto qué quiere decir Únuma y continúa. Luego se compadece y explica: "es trabajo de nosotros los sikuani, como trabajo comunitario, como unidad". Y se va corriendo a sumarse de nuevo a la marcha de más de 2.000 indígenas que ayer llegaron a Puerto Gaitán (Meta) y que hoy ocuparon todo el pueblo. Lleva cinco flechas y un arco, una mochila con la ropa. Se vuelve a mirarme desde lejos y me saluda con la mano. Hacía más de 20 años que los indígenas de la región -sikuanis y guayaberos principalmente- no se movilizaban en esta cantidad. La acción tiene dos referentes: oponerse al modelo de las Zidres en la región, y sacar a Pacific Rubiales, que a pesar de haberse quebrado y quebrar el medio ambiente de la región “sigue produciendo más daños que un terremoto”; de hecho, se encuentran en el puente sobre el río Manacacías y a la entrada del complejo petrolero. Y dicen que se van a quedar hasta que la Cumbre Agraria llegue a acuerdos con el gobierno nacional.
A 2 mil kilómetros de allí, un corresponsal popular me relata por teléfono una escena parecida. Está en Timbío, en la carretera que de Popayán va hacia Pasto. Allí hay 2.500 personas; vienen de los municipios del Macizo Colombiano, la mayoría organizadas en el Coordinador Nacional Agrario, pero también se han sumado delegaciones de otras organizaciones agrarias más pequeñas como el Movimiento Campesino de Cerro Negro, de Sucre, y muchas personas de los procesos urbanos de Popayán, que hoy realizaron una marcha por la ciudad. Y destaca --entre los campesinos y campesinas-- un grupo de 300 afrodescendientes que vienen del norte del Cauca, delegadas del Proceso de Comunidades Negras. Ayer en menos de una hora habían montado sus cambuches y organizado las cocinas. Hoy en la tarde, en cosa de minutos ocuparon esporádicamente la carretera, hicieron una reunión de socialización y bailaron, todo a las carreras. Dicen que el gobierno les ha ofrecido una maestría en montada de campamentos, de lo reiterados que han sido los incumplimientos. “Aquí ya sabemos: una movilización para llegar a un acuerdo, y luego otras cinco para que cumplan”.
Son parte de las 70.000 personas movilizadas hasta ahora en el marco de la Minga Étnica y Popular. Según los reportes del equipo de comunicaciones del Congreso de los Pueblos, hay 54 sitios de concentración de las organizaciones que hacen parte de esa articulación social y política. Por su parte la ONIC reportaba hasta el medio día movilizaciones en 20 departamentos, en las cuales participaban indígenas kankuamos, yukpas, wiwas, chimilas, wayuus, tikunas y boras en Amazonas, awás, sikuanis, uwa, embera chamí y embera katíos, zenúes, mokanás, bariras, ingas, kokonuko, nasa, misak. Las cifras de las organizaciones convocantes hablan de cerca de 100 puntos de concentración. En voz baja dijeron que esperan que en esta semana se sumen otras 40 mil personas.
Lo cierto es que la Minga Nacional Étnica y Popular crece. Y en su segundo día fue saludado por el gobierno con una curiosa ofensiva mediática: Según los ministros, interminables reuniones que suman más de 1.100 horas probarían que las exigencias de la Cumbre Agraria son injustificadas y que el gobierno tiene voluntad de diálogo. Las respuestas de los líderes y lideresas no se hicieron esperar. En una vieja casa del barrio San Luis, donde tiene sede el Congreso de los Pueblos, Marylen Serna comentaba con ironía: “No son mil horas; son 200 años los que llevamos hablando con los gobiernos, y no pasa nada. Ése es el problema”.
En el curso del día los voceros de la Cumbre, y varios medios de comunicación, se encargaron de mostrar la equivocada información del gobierno. Lo cierto es que de los 8 puntos del Pliego de la Cumbre Agraria que el gobierno se comprometió a negociar en mayo de 2014, solo se han tocado parcialmente 3, y de ellos no hay acuerdo en ninguno. Lo único que tiene el gobierno para mostrar son 81 mil millones destinados a un fondo de economía campesina; pero no dice que la obligación era aportar 250 mil millones anuales (y ya van 3 vigencias) y destinar otros 250 mil millones para infraestructura campesina. En otras palabras, el gobierno debía aportar 1 billón de pesos a las economías campesinas y apenas ha transferido el 8,1%. Tienen razón los campesinos, indígenas y afros en que el gobierno ha incumplido.
El resto de la información diseminada por el ministerio del Interior en realidad son pequeños trucos de contabilidad y datos ambiguos. Por ejemplo los 44 mil millones destinados para tierras no hacen parte de un avance en ese tema, sino que son recursos incluidos en los proyectos de apoyo a la economía campesina; en realidad el punto de tierras y territorios, el punto central del pliego de la Cumbre Agraria ni siquiera se ha tocado.
Lo que más causó indignación entre las vocerías de la Cumbre es el tema de garantías. Un caso citado es el de la protección del liderazgo agrario, que el gobierno pretende haber cubierto con la adopción de un protocolo de protección; José Murillo del Congreso de los Pueblos nos decía que “se hicieron solicitudes de evaluación de riesgo pero todas fueron negadas porque según el gobierno el nivel de riesgo era mínimo o bajo, y mientras tanto han sido asesinados entre 2015 y 2016 más de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos”. Y agregan que la ley de seguridad ciudadana y la persistencia de las acciones paramilitares en las regiones muestran que no hay cumplimiento efectivo de las garantías por las que se movilizaron hace 3 años; o que siguen detenidas cerca de 30 personas capturadas en el marco de las protestas efectuadas entre 2013 y 2014, que ya debieran estar en sus casas. En este punto parece que el punto de honor campesino es que las medidas de protección sean colectivas y el Estado se sostiene en que sean individuales.
Esta discusión sobre cifras e incumplimientos, que se daba en los medios y en las redes sociales, tenía una compañía menos pacífica en las carreteras. El ESMAD y el ejército cumplían una especie de ritual en estos paros y movilizaciones sociales: provocar el desorden público. En el Chocó tuvo lugar una escena macondiana, que si no fuera porque en el país estas cosas ocurren por propósitos oscuros, produciría risas; en el sitio conocido como El 18, en inmediaciones de un resguardo indígena, 5 personas extrañas fueron abordadas por la Guardia Indígena y luego confesaron hacer parte del Batallón de Ingenieros Luis Londoño, y haberse volado debido a los malos tratos recibidos; el coronel Mesa, de ese batallón, confirmó que Joaquín Olivera, Miguel Bonet, Sebastián Guevara, Sebastián Julio Moquea y Francisco Villegas Herzo, efectivamente se habían evadido. La gente recordó una situación parecida que ocurrió en una movilización indígena en el Cauca hace una década, cuando un soldado introdujo material de guerra para involucrar a los manifestantes, fue detenido y sancionado, hechos por los cuales fue luego condenado ilegalmente el líder indígena Feliciano Valencia.
Las refriegas fueron pan del día. En tres sitios del Cauca el ESMAD atacó a los manifestantes; en Córdoba los zenúes sufrieron un duro ataque; en El Hobo se tuvo información de heridos, aunque no accedimos a información más precisa. En otros lugares, fueron cortadas las comunicaciones o la energía eléctrica. A pesar de ello, la protesta subió de intensidad, y el cierre parcial de las vías empezó a verse. La gente que está en las manifestaciones, ante la pregunta de que pueden causar incomodidad a algunas personas, respondían: “claro que la gente se incomoda; también se incomodaron hace 80 años cuando se hicieron bloqueos de vías para que las mujeres pudieran votar; e incluso ahorcaron a unos trabajadores por pelear por la jornada de 8 horas”.
Así sigue la Minga. Como dicen ellos, “se cierra la calle, para abrir el camino”.
