Leyendo la columna que publicó al diario el Espectador, del exministro del Interior, Guillermo Rivera, titulada “la justicia no es venganza”; llega a mi mente el viejo debate académico que constantemente aflora en las aulas de los claustros universitarios del país, cuando el Congreso auspiciado muchas veces por el Gobierno aprueba dudosos proyectos de ley o reformas constitucionales en la política criminal del país que, como dice la palabra tiene más de “política” que de “criminal”, esto abre debates sobre la relación que hay entre el derecho penal y la política.
En contexto, el derecho penal es una potestad jurisdiccional que ostenta cualquier Estado, para que en base de conductas “reprochables” o delitos de un individuo que pertenece a una sociedad en objeto dé consecuencias jurídicas, como las penas.
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Claramente, el ius puniendi tiene por objeto el control social, que es en definitiva la base de cualquier estado democrático; porque sin orden, hay anarquía y, por lo tanto, no hay estado.
Colombia, es un país muy azotado por la violencia, pasando desde las guerras civiles entre conservadores y liberales, y sus vertientes; dictaduras militares; organizaciones guerrilleras, carteles de la droga, paramilitarismo, bandas delincuenciales, etc.
Y como consecuencia de una sociedad civil que ha tenido muy pocos respiros de paz, y que ha recibido como herencia el colonialismo español, con su patriarcado, racismo y exclusión de los marginados, en donde la propiedad de la tierra y el capital vale más que la vida humana.
Lo anterior, ha tenido la pésima consecuencia que, en comunidades tan maltratadas, se respire un cierto aire de venganza, el famoso “ojo por ojo” del monarca babilónico Hammurabi, y es que con tan altas tasas de desigualdad social y de violencia, y con tan poca presencia institucional por décadas del Estado.
Se ha encarnado en la sociedad colombiana el “sálvese quien pueda, “ojalá se pudra en la cárcel” “acá mandamos
nosotros”, este es un campo de cultivo perfecto para que la clase política introduzca en su discurso las frases de “el que la hace la paga”, “cadena perpetua para violadores de niños”, “más cárcel a los delincuentes”.
En términos políticos, es muy rentable llevar este tipo de discurso al debate electoral o legislativo, pero desde la óptica del derecho, es un daño profundo que se le infringe a la institución penal, y es que el objetivo último de esta (a parte del control social), en términos individuales es la reinserción o resocialización del individuo a la sociedad.
Es por ello por lo que alargarle la restricción de la libertad a un reo no contribuye a que este sea reinsertado al colectivo social, lo que sociológicamente sería incoherente; ya que más penas no significa menos delitos.
Hay que hacer una profunda reflexión como nación, sobre cómo vamos a manejar la política criminal, pasar del castigar al socializar, buscar que el delincuente se reintegre con herramientas psicosociales, terapéuticas, educativas, y de resocialización.
No caigamos en la trampa del populismo punitivo, que busca insertar en el pensamiento colectivo, que se puede usar el aparato jurisdiccional del Estado para satisfacer mis necesidades de venganza, que más penas signifique menos delitos, y por otro lado que dejemos creer en la justicia, queriendo hacer justicia por mano propia.
Sigamos creyendo en las instituciones judiciales. Recordemos que es el Estado y solo este, quien es el titular de la acción penal, hay que recordarle al legislativo que no es sano usar dicho poder para suplir sus aspiraciones electorales, y que las reformas al poder criminal deben darse dentro del debate académico con expertos en la materia.
