Para el próximo 29 de julio, el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo y la consejera de Paz, Isabelita Mercado, tienen previsto el retorno a Bagadó de 92 de las 196 familias de la población embera asentada en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, ubicado en pleno centro de Bogotá y vecino de las sedes de importantes empresas y entidades como Ecopetrol, la Universidad Javeriana, el Cesa, el Banco de Bogotá, las Casas fiscales de los Departamentos de Santander, Huila, Valle o Antioquia, entre otras.
Si todo se cumple como lo han planeado el secretario y economista de la Javeriana, Roberto Angulo; la abogada del Rosario y consejera Isabelita Mercado y las decenas de funcionarios que están participando en el Puesto de Mando Unificado permanente, este será el primer retorno de las personas de la comunidad embera a sus territorios en Chocó y Risaralda en los últimos tres años desde que comenzaron las movilizaciones indígenas hacia Bogotá a mediados de 2020 como consecuencia de la pandemia por el COVID-19.
¿Quiénes son Roberto Angulo e Isabelita Mercado, la llave en el Distrito para hallar una salida?
Roberto Angulo ha estado a la cabeza de la concertación con los indígenas. Tiene más de 20 años de experiencia en política social, reducción de la pobreza, desigualdad y movilidad social. Angulo es coautor del Índice de Pobreza Multidimensional, trabajó en Prosperidad Social, lideró el Piloto de Hoja de Ruta para la implementación de los municipios Pdet, fue subdirector de Promoción Social y calidad de Vida en el Departamento de Planeación Nacional y coordinador Nacional del Sisbén.
En la tarea de hallar una solución para los embera asentados en el Parque Nacional, Angulo ha hecho equipo con Isabelita Mercado Pineda, máster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado, trabajó como secretaria privada del excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, fue asesora jurídica del equipo de justicia transicional y coordinó con el Ministerio del Interior los trámites legislativos para desarrollar el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc.
Además, ha sido consultora de la Fundación Ideas para la Paz, la Red Nacional de Mujeres y la Fundación Carter. Antes de asumir la Consejería y echarse al hombro el tema de los embera en el Parque Nacional, la funcionaria se desempeñó como directora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador y ex jefe negociador, Humberto de la Calle.
El largo y errante camino de los embera en Bogotá
El largo, silencioso, y errante camino de los embera en Bogotá se inició en 2020, cuando la población indígena se asentó en el Parque Tercer Milenio, ubicado cerca a la Casa de Nariño y en 2021, llegaron las primeras familias al Parque Nacional. En septiembre de ese mismo año, la Onic, una de las 13 organizaciones nacionales que representan a las comunidades indígenas existentes en el país, emitió un comunicado dirigido al presidente Iván Duque y a la alcaldesa Claudia López, en el que expresaron su preocupación por “la suerte de nuestros hermanos indígenas que hoy se movilizan, la de aquellos que se encuentran en contexto de ciudad que requieren una atención especial para rehacer sus vidas”.
En octubre de 2021, el secretario de Gobierno Distrital, Luis Ernesto Gómez, informó que había 263 integrantes de la comunidad Embera Katío agrupados en decenas de familias y dos meses después, la Unidad para las Víctimas aseguró que había logrado el retorno a sus territorios de 1.543 indígenas asentados en el Parque Nacional.
A los cinco meses de ese anuncio, en mayo de 2022, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito dijo que había logrado la reubicación del cien por ciento de los indígenas del Parque Nacional en las Unidades de Protección Integral (UPI), pero casi de inmediato y a lo largo de ese mismo año, los embera regresaron al Parque porque consideraron malas las condiciones en las UPI.
En mayo de 2023, el defensor del Pueblo en ese momento, Carlos Camargo Assís, respaldó los argumentos de los 1.200 indígenas, entre hombres, mujeres, niños y adultos mayores que ya estaban viviendo prácticamente a la intemperie, cubiertos con plásticos, cocinando con leña y expuestos a enfermedades y a diferentes tipos de abuso.
De los 1.200 indígenas asentados hasta ese momento, 466 habían regresado a sus territorios, según la información que tenía la Unidad para las Víctimas en noviembre de 2023. El calendario cambió, pero la situación empeoró, pues en enero de 2024, las Secretarías de Salud y de Gobierno recién posesionadas por el nuevo alcalde Carlos Fernando Galán informaron que había muerto un bebé embera y otros 13 niños estaban hospitalizados.
Esta tragedia, que al parecer se volvió paisaje para todos los ciudadanos que transitan por los alrededores del Parque Nacional, fue un campanazo para la administración Distrital y a través de las subredes atendieron la salud de 400 indígenas.
El Plan de Acción Emberá del alcalde Carlos Fernando Galán
En mayo de 2024, después de que el alcalde Galán puso en marcha el llamado Plan de Acción Emberá, la Unidad para las Víctimas identificó y verificó que 785 indígenas distribuidos en 297 familias Ember Katío, Dobidá y Chamí continuaban en sus cambuches, al sol y al agua.
El pasado 12 de julio, el Distrito activó el PMU permanente de la Ruta de Acción Emberá en el Parque Nacional y desde entonces, Roberto Angulo, secretario de Integración Social e Isabelita Mercado, consejera de Paz de Bogotá, han estado en reuniones aquí y allá buscando una solución para las personas asentadas.
Esta comunidad como muchas otras en el país ha padecido el conflicto armado, la estigmatización, la falta de voluntad política, las dificultades internas de liderazgo, la escasez de servicios de salud, vías, educación, vivienda y agua en los territorios.
Al tratar de ofrecerles una solución, Patricia Tobón Yagarí, abogada, miembro de la comunidad embera y hasta hace un par de meses directora de la Unidad para las Víctimas, diseñó un plan integral de retorno con base en la idea de garantizar condiciones de vida digna según las costumbres y arraigo de las comunidades étnicas y fortalecer su capacidad de gobierno propio.
Como Tobón Yagarí dejó la Unidad después de que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia, le tocó ahora el turno a su sucesora, la filósofa Lilia Clemencia Solano, hacer equipo con Roberto Angulo, secretario de Integración Social; Isabelita Mercado, consejera de Paz de Bogotá y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
En una reunión privada del Puesto de Mando Unificado (PMU) el 17 de julio, los funcionarios además de definir que el primer retorno se haría el 29 de julio, continuaron trabajando con los tres tipos de liderazgo existentes en la comunidad asentada en el Parque con el objetivo de organizar una avanzada, dialogar con las autoridades del territorio, obtener garantías para el regreso de la población, asegurarse de que se pueda hacer sostenible en el tiempo y que se den las condiciones dignas para que puedan desarrollar nuevos proyectos de vida.
Un segundo retorno se hará el 12 de agosto enfocado en la comunidad que está asentada en la UPI La Rioja y un tercer retorno será el 14 de agosto para la comunidad que está en el Parque La Florida, todos estos procesos tendrán el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas con el fin de prevenir nuevos desplazamientos.
El tiempo lo dirá, pues según las cuentas de la Unidad para las Víctimas con corte al primer trimestre de 2024, en el Parque Nacional hay 770 personas de 196 hogares asentadas allí. De ese total, 633 manifestaron a los funcionarios del Distrito su intención de retornar, 119 desean reubicarse y 17 quieren permanecer e integrarse localmente.
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