Eran las 3:34 p.m. del pasado 12 de octubre y en dos lugares de Quito (Ecuador) se vivía la tensión de las protestas lideradas por las organizaciones indígenas. En el primero, en el interior de un centro asistencial, un policía, que hacía parte del grupo que se enfrentaba con los manifestantes en el sector del parque del Arbolito, era atendido por varios médicos. “Nadie sabe qué fue lo que lo golpeó en su cara, pero no más miren cómo tiene afectado su ojo derecho”, señalaba su compañero, quien le sostenía su autoestima con un “tranquilo, mi hermano, que ya me regreso a darle duro a esos hijos de puta”.
No muy lejos de allí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, otro hombre, un indígena también era atendido por sus compañeros. Su ojo derecho también había sido alcanzado por un objeto contundente. El hecho se lo atribuyeron a los policías con quienes se enfrentaban. Varios hombres y mujeres también gritaban al unísono: “Duro con esos hijueputas. Vamos ya, vamos ya”.
Y es que los insultos en cierta medida fueron un arsenal más contundente que los mismos gases lacrimógenos o las piedras o los improvisados rockets empuñados por los manifestantes durante los 12 días de enfrentamientos en las calles de la capital ecuatoriana. Las malas palabras se colaron en el recinto de las negociaciones con el Gobierno. Por un lado, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), señaló a través de los medios de comunicación que el presidente Lenín Moreno era un “patojo de mierda”. Por el otro, un funcionario cercano al primer mandatario se refirió a los manifestantes indígenas como “desadaptados que deberían estar en un manicomio”.
Así las cosas, 24 horas después, justo a las 3:34 p.m. del pasado 13 de octubre, las partes deberían sentarse de nuevo para dialogar. Sin embargo, ese encuentro solo inició hasta las 5:50 p.m., por razones logísticas. Fueron cerca de cuatro horas en las que las partes nuevamente exponían sus razones en torno al “Florero de Llorente”, como lo fue el decreto 883, con el cual el gobierno eliminó los subsidios a los combustibles.
La negociación estaba en manos de quien tuviera la mejor estrategia en el ajedrez de las protestas. Para medir a sus interlocutores, el presidente Moreno, se mostró duro, severo y desafiante. Minutos antes de ingresar al recinto señaló a uno de sus colaboradores de confianza: “No le vamos hacer el juego a quienes dejaron destrozado al país”, refiriéndose al expresidente Rafael Correa, a quien acusan de ser uno de los impulsores del levantamiento de los indígenas. De allí que Moreno propuso, en primera medida, que varias comisiones de diálogo deberían armar un nuevo decreto.
Ya dentro de las instalaciones de la Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman, un colegio ubicado en el sector de San Patricio, en la zona conocida como Lumbisí, en el suroriente de Quito, el presidente se dirigió directamente a Vargas y le aseguró: “Lo que no quiero dar bajo ninguna circunstancia es satisfacción y con los que no voy a conversar es con los correístas que se robaron la patria, los bastardearon a ustedes, les quisieron robar las organizaciones sociales que yo les devolví”.
De eso está convencido también Pablo Celi, contralor general del Estado, quien momentos antes de la reunión declaró que el daño a las instalaciones de la Contraloría General del Estado, “es el producto de una conspiración contra el ordenamiento constitucional, la cual está destinada a revertir el proceso de reinstitucionalización y detener el juzgamiento de los responsables del asalto a los recursos públicos que han severamente afectado a la economía nacional”.
Las fichas estaban ahora del lado de los dirigentes de la protesta, quienes además de los indígenas estaban también representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de varios colectivos de estudiantes. Frente a las palabras del presidente. Otro de los dirigentes indígenas, Leonidas Iza, se mostró inconforme con que le dieran tanto crédito al expresidente Correa. “Esto no es de los correístas. La inconformidad es general y eso es un acto irresponsable el afirmar que nos estamos dejando manipular por un sector político como el que ellos representan”.
Hasta ese momento, 1 hora y 35 minutos después de iniciado el encuentro, la partida estaba en tablas. En un salón contiguo al de la reunión, muchos decían que había que prepararse para dar la batalla nuevamente en las calles, ya destruidas y llenas de escombros y llantas quemadas. De otro lado, los policías, los mismos que soportaron tres aguaceros en su puesto de control para detener el avance de los manifestantes, estaban también resignados. “Tocó armare de paciencia”, señaló un alto oficial de esa institución. No había que negarlo, las partes estaban cansadas, 12 días de refriegas cansan a cualquiera, pero estamos al frente de la lucha”, destacó un líder indígena encargado de verificar que la señal de internet no cayera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
En busca de la equidad
8:02 p.m. el llamado general fue a la equidad. El primero en inclinarse hacia este costado fue Arnaud Peral, coordinador representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Ecuador, quien señaló que las partes debían considerar otras posibilidades porque de lo contrario, las acciones de los protestantes se incrementarían, como lo habían anunciado, y obviamente el Gobierno debería mantener el orden. La tensa calma que se había tomado el recinto parecía en momentos alterarse luego de que los indígenas pidieran la renuncia de los ministros de gobierno, María Paula Romo y de Defensa, Oswaldo Jarrín, ya que, como lo dijo Vargas “son unos funcionarios vagos, que no contestan el teléfono y no hacen nada por la patria”.
Una hora y 46 minutos, Arnaud Peral, leyó el acuerdo, en cuyos apartes destaca: "… se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el Decreto 883. Para lo cual se instalará una comisión que elaborará el nuevo documento, integrada por las organizaciones movimiento indígena, participantes en este diálogo y el gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo en Ecuador. Y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país".
Jaime Vargas, presidente de la Conaie, señaló que desde tiempo atrás se estaba solicitando tratar estos temas con el Gobierno y que el legar a las vías de hecho, fue una obligación con todas las organizaciones comunitarias. “Quisiéramos también de corazón, reconocerla valentía de los pueblos y nacionalidades que nos hemos levantado en defensa de nuestros derechos”.
De igual manera, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente, señaló que el hecho de ceder “no es perder y por ello es necesario enfrentar a los contrabandistas con mayor dureza”, a lo que el presidente Moreno destacó “que el acuerdo ha significado un sacrificio de cada una de las partes, eso es un acuerdo, ceder de parte y parte".
Entre tanto, ayer, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, Danny Gaibor, hizo un llamado a los habitantes para que se unan a la minga para recuperarlas calles destruidas durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. “Dispongan de una hora, solo un corto tiempo para sacar una pala y una escoba y entre todos poder dar a la ciudad la limpieza y el orden que se merece”, concluyó.
