En la página 106 de una providencia de 130 folios firmada por la fiscal Paulina Morales Amado está relatado un episodio difícil de creer, pero probadamente cierto según la justicia penal. El entonces presidente de la Drummond para Colombia, Augusto Jiménez, le dice al contratista Jaime Blanco Maya que el asesinato de dos líderes del sindicato que asociaba a los trabajadores de la multinacional le dejaba satisfecho porque resolvía grandes problemas de la organización.
La conversación protagonizada por Jiménez, que a comienzos de 2001 gozaba de amplio prestigio y reputación en los círculos empresariales del país, se dio a finales de marzo de ese año, pocos días después de que hombres armados interceptaron en la vereda Casa de Zinc, cerca a Valledupar, a un bus que transportaba a empleados de la compañía y asesinaron a Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, Presidente y Vicepresidente de la organización sindical Sintramienergetica, respectivamente.
El atentado fue obra del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, una de las estructuras más sangrientas del llamado bloque norte de la Autodefensas Unidas de Colombiana, en ese entonces al mando de ‘Jorge 40’.
Como principal testigo de cargo Blanco Maya le contó a la Fiscalía que un contrato para la provisión de alimentos a los trabajadores, que él operaba como representante legal de la empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA), se convirtió en la caja menor para la financiación del grupo paramilitar creado para combatir en el área de explotación carbonífera a columnas de las Farc y el Eln a las que la Drummond responsabilizaba del secuestro de varios de sus ejecutivos.
“Me sorprendió que él me manifestara esta preocupación directamente. En ese momento, yo supe que yo estaba actuando como intermediario entre Drummond y las AUC con la aprobación tanto de Garry Drummond como de Augusto Jiménez”, le dijo Blanco a la Fiscalía. Garry Drummond era el presidente mundial de la transnacional minera.
La fuente de los escuadrones armados tenía origen en la sobreestimación de los precios del contrato, con el aval contable y administrativo de Jiménez y de José Miguel Linares, su vicepresidente. Según las pruebas en poder de la Fiscalía, los dos más altos ejecutivos de Drummond y su Departamento de Seguridad dispusieron un plan de protección encubierto y patrocinaron las actividades del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ en el departamento del Cesar, y en particular, en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagua Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná, donde se ubicaron las minas de empresas carboníferas, y el tramo de la vía férrea que transportaba el producto de explotación.
Las consecuencias de la financiación dispensada por Drummond a los paramilitares fueron muy graves. La providencia de la fiscal 34 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá cita un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República sobre un aumento significativo de asesinatos selectivos y masacres en Becerril, cuyo pico más alto (831 homicidios) se dio entre 2000 y 2004.
“…Con aproximadamente 3382 registros de víctimas, por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, genocidio, entre otros, en los que se encuentran desafortunados sucesos como la masacre de Santa Cecilia, el 28 de enero de 2000; la desaparición de 7 investigadores del CTI, el 9 de marzo de 2000; y la masacre del Salado, el 12 de febrero de 2000”, agrega el informe.
“Solo con el fortalecimiento militar y económico, el frente ‘Juan Andrés Álvarez´’ pudo ostentar el control territorial del centro y norte del Cesar, y cometer los delitos reseñados, pues, fue en esa línea de tiempo que se alcanzó el pico más alto de homicidios selectivos y masacres, bajo la comandancia de John Jairo Esquivel Cuadrado y Oscar José Ospino Pacheco, comandantes respecto de quienes se predican los vínculos que sostuvo Drummond Ltd., a través de Jaime Blanco Maya, contratista de la multinacional”, destaca la providencia de la Fiscalía.
La fiscal Morales Amado confirmó este 29 de mayo de 2023 una resolución de acusación dictada el 16 16 de diciembre de 2020 por la Fiscalía 251 Delegada Ante los Jueces Penales del Circuito Especializados contra Augusto Jiménez Mejía y José Miguel Linares Martínez por el delito de concierto para delinquir agravado bajo la modalidad de promover y financiar.
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