En el momento en que el Grupo de Alto Nivel sobre la Rendición de Cuentas, la Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales para el logro de la Agenda 2030 (FACTI) lanzó su informe final, le preguntamos a tres de sus miembros, que también son comisarios del ICRICT (José Antonio Ocampo, el presidente de ICRICT, Irene Ovonji-Odida y Magdalena Sepúlveda) por qué este trabajo es tan crucial.
José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia y presidente del ICRICT:
"Está demostrado que la competencia fiscal y la reducción de los tipos del impuesto de sociedades no traen inversión como tal. Solo trae flujos financieros, sin más actividad y empleo en el país que ha reducido los impuestos. Pero sí provoca una reducción de los ingresos fiscales para todos los países. Por eso se ha acordado que frenar la competencia fiscal es una de las cuestiones más cruciales que hay que acordar en las negociaciones fiscales internacionales. Hay que acordarse sobre un impuesto mínimo efectivo al nivel mundial. Algunos países presionan para que se aplique un tipo del 12,5%, lo que sería contraproducente. El ICRICT ha propuesto un 25%. El gobierno de EE. UU. podría pasar al 21%, lo que se acerca bastante a nuestro objetivo, y sería una excelente noticia".
Magdalena Sepúlveda, miembro de ICRICT
“La pandemia ha realmente exacerbado la situación, poniendo a muchos países en una total crisis. No solamente se refiere a una crisis de salud mundial, a una crisis económica y social, sin embargo, sino también una crisis enorme en materia de derechos humanos. Pensemos que muchas de las ganancias que, por ejemplo, las mujeres habían logrado en los últimos años para avanzar en la igualdad de género, se encuentran en total amenaza ser retrocedidas. Por lo tanto, un mayor ingreso fiscal por parte de los países permitiría, realmente, hacer frente a todas las demandas de la crisis de salud en que nos encontramos”.
“El mundo enfrenta un retroceso histórico en el desarrollo humano, la peor crisis de salud en un siglo, una catástrofe medioambiental en aumento y desigualdades crecientes, una escasez de inversión necesaria para resolver el caos resultante. En este momento lo que plantea el FACTI, es que los gobiernos pueden redirigir los miles de millones de dólares recuperados por frenar el abuso fiscal, la corrupción y el lavado de dinero, para financiar acciones críticas sobre la recuperación del COVID-19, los servicios públicos para el cumplimiento de los derechos humanos, enfrentar la extrema pobreza y la crisis climática”.
Irene Ovonji-Odida, miembro de ICRICT:
"La creciente desigualdad que vemos hoy en el mundo no es solo entre países —que es un problema importante—, sino también dentro de los países. Incluso en las economías avanzadas, hay una creciente desigualdad. Para mí, los flujos financieros ilícitos representan la cuestión del 1% frente al 99%. Y eso es lo que realmente está en juego. Los flujos financieros ilícitos son realmente una sangría para los recursos de todos los países, y suponen un enorme coste para los ciudadanos de a pie, en todo el mundo. Los países en desarrollo se ven mucho más afectados, pero es un problema para todos. Por eso necesitamos que todos los países se sumen para negociar juntos".
"Muchas organizaciones, entre ellas el ICRICT, han pedido que el proceso de la OCDE sea más transparente, más inclusivo, y que la toma de decisiones y las normas sean muy claras. Por ello, los expertos fiscales y las personas que trabajan en estos temas consideran que la ONU proporcionaría un espacio mucho más legítimo para debatir la fiscalidad internacional. Y la ONU tiene la infraestructura para ello. Tiene experiencia, con su comité de expertos fiscales. Y cuenta con la participación de casi todos los países del mundo. Las reglas para la toma de decisiones en la ONU son claras. Sería un espacio mucho más inclusivo".
