Uno de los temas que incluyó el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y que hasta ahora ha pasado desapercibido es la creación de una nueva entidad que se encargará de manejar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Expertos han cuestionado que se modifique la arquitectura institucional, sin abordar los problemas de fondo del programa.
El PAE nació como una política para promover la permanencia educativa de niños y adolescentes. Desde entonces ha enfrentado escándalos de corrupción, problemas de financiación y profundas críticas a su funcionamiento, porque más que garantizarle a los niños y niñas colombianos alimentación adecuada y saludable, se concibe como una estrategia de retención escolar. Ante ese panorama, la idea de entregar el manejo del PAE a una entidad exclusivamente dedicada a ello, es algo que ya se venía planteando desde el gobierno Santos; esta fórmula ya se ha aplicado en otros países y ahora se quiere probar en Colombia.
El artículo 194 del nuevo Plan Nacional de Desarrollo crea una entidad con autonomía administrativa y personería jurídica propia adscrita al Ministerio de Educación. Su objeto según la ley será “fijar y desarrollar la política en materia de alimentación escolar” y tendrá como objetivos específicos:
1) Fortalecer los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar.
2) Definir esquemas para promover la transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.
3) Ampliar su cobertura y garantizar la continuidad con criterios técnicos de focalización.
4) Garantizar la calidad e inocuidad de la alimentación escolar.
5) Proponer modelos de operación para fortalecer la territorialidad en esta materia.
Con estos planteamientos se mantiene el enfoque en la problemática financiera, de contratación, de inocuidad y de focalización, pero poco se avanza en un enfoque más integral que genere entornos escolares saludables.
El PAE era hasta ahora un programa del gobierno a cargo del Ministerio de Educación Nacional, de los municipios y gobernaciones. Esta nueva reforma revive las discusiones en torno al excesivo centralismo de este tipo de políticas públicas. Pero más allá de la arquitectura institucional, también se cuestiona que el PAE no fue construido con un enfoque de derechos humanos, ha sido eminentemente asistencialista y esto no cambia en el PND.
De acuerdo con Juan Carlos Morales, director ejecutivo de Fian Colombia: “El enfoque del modelo colombiano del PAE se limita a una perspectiva asistencialista, que desconoce los estándares internacionales en materia del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas que deberían guiar un programa como este, ya que centra en el suministro de un complemento alimentario y así busca satisfacer esencialmente indicadores de acceso con permanencia en materia de educación, pero no está proyectado de manera más amplia hacia garantizar una adecuada nutrición a todos los niños y niñas colombianos”.
Otra de las críticas que Morales hace al programa es que este no es efectivo para fomentar hábitos alimentarios saludables y que es cuestionable la calidad de los alimentos que se entregan, pues si bien en las normas se exigía que a los niños se les dieran alimentos frescos y preferiblemente preparados en los comedores escolares, el compromiso de avanzar en las adecuaciones de infraestructura necesarias para que esto pudiera llevarse a cabo se ha venido aplazando, y entre tanto se ha permitido la permanencia de la ración industrializada y el hecho de que se sigan entregando a los niños productos ultraprocesados que son altos en azúcar o en grasa y que pueden generar riesgos para la salud.
Según el PND, la nueva entidad encargada del PAE deberá estar en funcionamiento en el 2020, pero aún quedan muchas dudas acerca de cómo se hará la articulación de esta nueva unidad con los entes territoriales y sobre todo cómo se evitará que esta nueva institucionalidad no se convierta en un ente burocrático, botín de la corrupción en Colombia, o plataforma para intereses políticos particulares, sin llegar a resolver ninguno de los problemas de fondo del programa. “Hará falta una ardua labor de veeduría que vamos a hacer desde la sociedad civil al proceso de estructuración de esta nueva entidad en el que esperamos haya participación de la sociedad civil, pues lo que no podemos permitir de ninguna manera es que el gobierno utilice la alimentación escolar de los niños y niñas para pagar favores políticos”, afirmó Morales.
