¿Novela o realidad?
En el principio todo se manejó bajo absoluta discrecionalidad, al punto que la documentación de contratos oficiales los elaboraban los mismos gerentes para prevenir filtración en el personal de planta. En las reuniones que siempre presidía Jorge Arturo Moreno Ojeda, o sus hermanos Luis Rubén Moreno y Aurora Moreno, se hacían casi a la madrugada, los administradores de las gestoras del cartel de la contratación empezaron a compartir las experiencias de sus empresas, y el común denominador eran las quejas de los usuarios, por lo que era urgente vincular más empresas de vigilancia. La hoja de vida de Moreno tiene como referencias a Carlos Cárdenas, Violeta Niño, Efraín Torrado, Dilian Francisca Toro, Carlos Fierro Milton Rodríguez y José David Name. En un Congreso nacional de seguridad Jorge Arturo Moreno aprovechó la oportunidad para seleccionar las compañías que debían cubrir nuevos puestos, porque la contratación aumentaba con compañías privadas que habían logrado enlazar en su telaraña. Las nuevas socias de la alianza estratégica desconocían al principio los verdaderos motivos, sin embargo con el transcurso del tiempo, iniciado el 2011, en semana santa, en las afueras de la Sabana se congregaron unas 25 personas que llegaron todos en un carro de valores a un estadero, en donde el Director de la alianza rindió cuentas y subrayó a los asistentes que la meta era vincular al programa la mayoría de entidades oficiales, aprovechando que en las licitaciones tenían como referencias entes públicos. Allí se designaron personas encargadas de dirigir la contratación en municipios y otros diferentes en departamentos. En las regiones al parecer contaban con el lobby de algunos políticos. En esa ocasión se fijaron como meta firmar contratos por $320.000 millones, únicamente alcanzaron $63.000. En otra sesión que en ausencia de Jorge Arturo Moreno, presidieron su carnal Carlos Moreno y Neftalí Sáenz, y que terminó en juerga en un conocido estadero de la Sabana, se consignó en una tables supuestamente confiscada por las autoridades, la consigna de no vincular más empresas de vigilancia por los líos generados, era el mes de octubre de 2013. En cierta ocasión Victoria Eugenia Cardona y Nicolás Spaggliari supuestamente acordaron que ahora constituirían nuevas empresas para participar en las licitaciones y vincularían guardas de seguridad. Para la época proliferaron avisos en medios e informalmente sobre la vinculación de “celadores sin experiencia”. En la misma reunión se dijo que la mejor arma era no volver a cruzarse documentación entre las empresas aliadas. Sin embargo a nadie se le ocurrió que a la postre los comprometerían, entre otras circunstancias la analogía de las observaciones y objeciones propuestas en los pliegos de condiciones. Tampoco sabían que los investigadores ya les rastreaban sus pasos, oían sus conversaciones electrónicas a varios de ellos, y tenían en el dossier decenas de personas y empresas involucradas.
El plan del Cartel comenzó a frustrarse a mediados de 2011, cuando un abogado contratado por el ICBF formuló una denuncia contra averiguación de responsables de la componenda. A las 24 horas se emitió la Orden número designando tres investigadores para tramitar la denuncia concediéndoles un plazo muy corto. Con el tiempo para optimizar la credencial fue necesario aumentar el equipo de investigadores y el término, y además infiltrar algunos detectives en entidades oficiales, lo que se dificultó en algunos casos por las trabas de los directores, pues no llevaban recomendaciones. La investigación se amplió como no estaba previsto, ya que cada vez se sumaban más entidades oficiales que habían caído en la trampa. En diciembre del año pasado se preveía dar a conocer a los medios los resultados de la investigación, sin embargo el paro judicial dificultó algunas diligencias secretas que debían adelantarse. Igualmente se encontraron con la demora de unos experticios técnicos que debían rendir dos contadores del CTI que estaban en vacaciones. Hasta ese momento los acuciosos agentes del CTI tenían en su haber miles de folios, varias horas de grabaciones telefónicas, videos de seguimiento y hasta datos de la vida privada de los implicados. El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, lideraba su propia investigación, a su manera y desde el principio quiso que fuera contra reloj. El Superintendente visiblemente perturbado en su ánimo, habría mostrado su inconformidad con la Fiscalía, pues varias veces aplazaron comunicar la noticia a los medios. Los investigadores le replicaron que una sentencia no se dicta con base en titulares sino con pruebas. A principios de enero de este año el director del equipo investigador informó personalmente al Dr Robledo que podía convocar una rueda de prensa, a lo que le preguntó el Superintendente al investigador que cuántas entidades oficiales y empresas involucradas tenía, contestándole con el siguiente listado: Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda., (la preferida) ,Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA, Cobasec Ltda., Centinel de Seguridad Ltda., Expertos Seguridad Ltda., Compañía Interamericana de Seguridad y Vigilancia Privada Ltda., Cooperativa de Trabajo Asociado Sejarpi Ltda., y Security Management Group S.A. Igualmente los detectives le entregaron a Robledo 149 expedientes de entidades públicas involucradas. El investigador continuó dando a conocer tanta cantidad de información y resúmenes al Superintendete para su cita con los medios que terminó aplazando para el 28 de enero la rueda de prensa para ilustrarse mejor.
Aunque al Cártel ya había sido detectado en los radares de la Fiscalía, la situación judicial se les complicaría por un tiempo relativamente corto, porque uno de los asistentes a las reuniones de la Sabana, se acogió al Programa de Beneficios por Colaboración. Este testigo sin rostro estaría molesto con sus compañeros de “fechorías” por el lío de un dinero que le habían quedado de consignar a nombre de un amigo. Acorralado por la evidencias, y se dice que un compañero lo delató, se confesó con los investigadores que cumplieron 3 años en la misión que reúne un voluminoso paginario. Los encartados podrían estar incursos en el artículo 410ª del Código Penal.
