Un saludo cordial para todos los compañeros de la Secretaría de Educación.
Me excuso por reportarme hasta ahora, pero uno de los principales objetivos del Estado al encerrar a un periodista es que no siga diciendo, que no continúe investigando, imposibilitar la comunicación al exterior de las rejas. Pero para eso falta mucho.
El 8 de julio de este año, cuando apenas me despertaba, llegó a mi casa una cantidad desproporcionada de policías de la SIJIN y del GOES Antiexplosivos, armados hasta los dientes. Nunca pensé que se dirigieran al segundo piso, pero así fue. Entraron rompiendo puertas y haciendo escándalo, con su estilo hollywoodense particular, demostrativo de un estado que no diferencia personas, delitos ni contextos. No se esmeren por conocer el resultado del operativo, pues no hubo algo diferente que “hallazgos” de lo que puede encontrarse en un hogar común: libros, elementos de cocina y algunas piezas mecánicas de mi papá. Bueno, y uno que otro volante que reparten normalmente en las universidades públicas. La Fiscalía muestra esto como “elementos probatorios” para acusarme de ser “experto en fabricación de explosivos” y así poderme condenar a 30 años de cárcel. Hasta me incautaron un morral color verde y una pantaloneta camuflada, estilo de camuflado que nadie usa, quizás, desde la Guerra Fría.
Luego de que se sentaran en mi comedor con sus enormes barrigas y que por fin me dijeran el motivo de la captura, ustedes ya se enteraban por El Tiempo (y otros medios de reprochable reputación) que en una operación fabulantástica capturaron a “13 terroristas” culpables de haber participado en la colocación de bombas el 2 de julio en Bogotá, el mismo día que me encontraba en la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar en una reunión con el resto de mis compañeros de la localidad. Allí me di cuenta que no alcanzaría a reunirme a las 10 de la mañana con el rector de un colegio en el Lucero Alto para coordinar acciones que conllevaran a continuar con las estrategias de ciudadanía y convivencia para la institución.
Sin siquiera haber accedido a mi derecho a una llamada telefónica (derecho que fue negado), ya el periodista Darío Arismendi felicitaba al general Palomino por haber capturado durante la “Operación Tormenta” a “funcionarios públicos que estarían infiltrando la Alcaldía de Bogotá”. Todo lo tenían tan premeditado que esas versiones se fueron reproduciendo irresponsablemente en Noticias Caracol, RCN, CMI y City Tv, principalmente, así como en las instituciones de Policía y toda su cobertura mediática apoyada por Cable Noticias y NTN24. Para la sociedad, en segundos, ya no era digno de la libertad sino un peligroso sujeto que, además de poner bombas, estaba infiltrando la guerrilla en instituciones del Estado. O eso creía, hasta que nos dimos cuenta que la sociedad realmente nos quiere libres.
Con el Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia de la Secretaria de Educación me encuentro agradecido por permitirme interpretar la ciudad de múltiples maneras, pero, sobre todo, porque me pagaban por hacer una de las cosas que más me gustan e interesa en el mundo: construir con la juventud excluida y marginada otras alternativas de sociedad.
Si nunca tuve intereses personales con mi trabajo en Ciudad Bolívar, si nunca impuse posiciones políticas a los estamentos con los que trabajé, quiere decir que esas mentiras sobre la “infiltración” se caen por su propio peso. Me atrevo a decir que tan solo era un empleado tercerizado de una institución pública, no un funcionario público. De este modo, fueron desconcertantes las declaraciones iniciales del alcalde Petro, quien ha sufrido la cárcel y la estigmatización, así como de Hollman Morris, quien es una víctima de la persecución política por su trabajo periodístico enfocado en los derechos humanos. También tengo presente el apoyo social a sus momentos más tensionantes de los últimos años.
Es claro que el presidente Santos le dio un contentillo a la ultraderecha con nuestra captura, y también queda evidenciado que ninguno de los 13 tiene que ver con los atentados del 2 de julio, pues la Fiscalía adelanta una investigación que nada tiene que ver con estos hechos. Tampoco esperamos unas disculpas del presidente y menos que el general de la Policía se retracte, pues ya conocemos la calaña de su clase. Conocemos su discurso frente a la paz y estamos viviendo lo que realmente aplica en esta materia.
Me crié en Cazuca, con una familia unida que logró terminar de pagar su casa luego de 25 años de trabajo. Desde esa lomita soachuna me hice comunicador social y pedaleé por horas, viviendo la hostilidad capitalina en dos ruedas, para luchar por un posgrado universitario. Con deudas, cansancio físico y la moral intermitente, nunca paré de prepararme, porque me enseñaron que la educación es la principal herramienta de transformación social. Hoy, en vísperas de elecciones, atacan a una administración por la dinámica del microtráfico en los colegios, descubriendo que “el agua moja”, queriendo legitimar los abusos policiales conocidos por todos. Los últimos gobiernos de la ciudad, no obstante, han contribuido a que los profesionales de las humanidades pongamos nuestros conocimientos al servicio de la gente, por más diferencias que tengamos con varios de sus métodos. Es nuestro deber no retroceder.
La calidad de la educación y su acceso pleno debe ser conquistado por esta generación, la que llaman “generación de la paz”, esa que copa todo conflicto por la crítica, la imaginación, las utopías y las propuestas.
Finalmente, agradezco las fotos y cartas que me han hecho llegar. Ustedes, más que nadie, saben que los logros de la educación nadie los ha regalado y que debe ser la lucha más importante, pues es la de más largo aliento.
Por ahora tengo un compromiso con mi libertad, pero sepan que volverán los tiempos de agitar banderas por la educación y la paz, y que eso va más allá de un contrato laboral. Un abrazo cariñoso para el proyecto PIECC y en especial a los gestores y estudiantes de Ciudad Bolívar.
