En uno de los computadores que la Fiscalía le incautó al jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo Moreno, alias ‘Jorge 40’, encontraron una carpeta llamada ‘amigos del DAS’, en los que había una lista de 106 nombres, entre defensores de derechos humanos, académicos, activistas sociales y sindicales, periodistas y líderes de la oposición de la Costa Atlántica, especialmente de los departamentos de Bolívar, Atlántico, Sucre y La Guajira[1]. El macabro hallazgo lo realizaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) el 11 de marzo de 2006 en una residencia donde se escondía en Santa Marta Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, encargado de las actividades delictivas del bloque Norte en Barranquilla. Los documentos revelaron la asociación que había entre el DAS y los paramilitares para asesinar a personas que criticaban la impunidad que rodeaba el proceso de paz entre el gobierno de turno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Fiscalía General de la Nación acusó a Jorge Noguera como coautor de los homicidios del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, la periodista Zully Esther Codina Pérez, el político Fernando Pisciotti Van Strahlen y del sindicalista Adán Alberto Pacheco Rodríguez, fiscal de la agremiación de trabajadores de la empresa de energía Electricaribe SINTRAELECOL. El ente investigador se sustentó en la versión que entregó el ex jefe de informática, Rafael García Torres, quien manifestó que el director del DAS le suministraba a los paramilitares dichas planillas con los nombres de personas protegidas por el Estado pertenecientes a grupos de izquierda, sindicalistas y profesores universitarios —quienes venían siendo objeto de labores de espionaje y seguimientos ilegales—, que posteriormente fueron apareciendo asesinados de forma violenta a manos de los hombres de las AUC bajo el mando de ‘Jorge 40’. Los catálogos con las identificaciones eran enviados por Jorge Noguera a través de Álvaro Pupo Castro, quien se las entregaba a su primo ‘Jorge 40’, comandante del bloque Norte, para que procediera a dar orden de ejecutarlos.
El viernes 17 de septiembre de 2004, el profesor Alfredo Correa de Andreis iba caminando en compañía de su escolta Edelberto Ochoa Martínez por la carrera 53 con calle 60 en Barranquilla. A las 2 y 20 de la tarde, apareció un sicario en la vía pública y los asesinó. Primero ejecutó a su guardaespaldas. Antes de que acabara con su vida, el profesor Correa de Andreis le dijo al hombre que empuñaba el arma: “¡hey, loco, no dispare!”, según testificaron las personas que presenciaron los homicidios. Al docente, pese a su súplica, le disparó dos veces.
Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis era un reputado académico costeño, que se había dedicado durante 23 años a la docencia y se destacaba por desarrollar un intenso trabajo intelectual y social con poblaciones víctimas de la violencia, en situación desplazamiento y afectadas por el despojo de tierras, principalmente en municipios de Atlántico y Bolívar. También se distinguió por la promoción de la defensa de derechos humanos en la costa Caribe, labor que, para esas fechas, le incomodaba al poder paramilitar y presidencial, y que originó la acusación inescrupulosa de señalarlo como ideólogo del frente 59 de las FARC.
Correa de Andreis era un humanista titulado en ingeniería agronómica y sociología, con maestría en educación con énfasis en desarrollo social de la Universidad París XII-Val de Marne de Francia. El célebre columnista Álvaro Camacho Guizado describió al profesor Correa —quien fue su amigo y colega en la Asociación Colombiana de Sociología— como “un hombre grandote (yo lo llamaba ‘el Cipote’), alegre, bailarín y excelente conversador. Pero, sobre todo, tenía la ingenuidad que caracteriza a las buenas personas: se asombraba y entusiasmaba con las conversaciones en clave de sociología, y en particular lo seducían los temas de la cultura”[2]. Para la época del crimen, precisamente estaba dirigiendo dos investigaciones sobre desplazamiento forzado en la región. La primera financiada por Colciencias, mediante un convenio con la Universidad del Norte de Barranquilla, y la segunda con recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), después de concursar con la Universidad Simón Bolívar.
Tres meses antes de su asesinato, el jueves 17 de junio de 2004, aproximadamente a las 5 y 20 de la tarde, el profesor Correa de Andreis bajó el último escalón del edificio de apartamentos donde vivía en el barrio El Prado de Barranquilla. Allí se despidió de su esposa Alba Lucía y su pequeña hija Melissa, quien en ese momento tenía 13 años. En el instante en que se dispuso para abordar el vehículo que lo transportaría a una reunión que tenía en la Universidad Simón Bolívar, apareció un grupo de agentes de la dirección seccional del DAS de Bolívar, apoyados por detectives de la sucursal del organismo de inteligencia de Atlántico, con una orden de detención por el delito de rebelión, emitida por el fiscal 33 de Cartagena, Demóstenes Camargo de Ávila.
Impresionado, sorprendido e impactado por el rostro de su familia, asumió la situación con dignidad y fue trasladado a las instalaciones del DAS de Cartagena y, tras la “legalización” de la captura, recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla desde el 28 de junio. Lo que no sabía el profesor Correa de Andreis era que la policía secreta de la Presidencia había fabricando pruebas ficticias cuyo propósito era vincularlo con grupos insurgentes, como sucedió con decenas de defensores de derechos humanos y académicos durante el gobierno de la “seguridad democrática”.
Para condenar a Jorge Noguera por este crimen, la Corte Suprema de Justicia recurrió a las evidencias que confirmaron que la captura del académico fue un montaje elaborado por el DAS, cuyos autores fueron ascendidos y encubiertos por él. El alto tribunal escribió en la sentencia que “el DAS actuó en connivencia con el bloque Norte de las Autodefensas, a través del Frente José Pablo Díaz, comandando por Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, para inicialmente hacer ver al profesor Alfredo Rafael Correa de Andreis como un subversivo y después, proceder a ejecutarlo”.
El funcionario del DAS, Javier Alfredo Valle Anaya, adscrito a la seccional de Valledupar, de quien se supo después que al mismo tiempo trabajaba para organización de alias ‘Don Antonio, empezó a hacerle seguimientos ilegales al profesor Correa de Andreis, desde agosto de 2003, quien era objetivo militar de las AUC. El espionaje consistió en tomarle fotografías durante cuatro meses a todos lugares que frecuentaba el distinguido maestro. Este investigador, además, se consiguió a cinco reinsertados de las FARC de nombres Javier Alfredo Larrazábal, José Daniel Satizábal, Mayerlin Torres Carvajal, Eliécer Vivas Cuervo y Yamile Barrios Villegas que señalaron al sociólogo de pertenecer a esa guerrilla y que lo relacionaron con los registros fotográficos producto del espionaje de Javier Valle.
A los desmovilizados Vivas Cuervo y Barrios Villegas les tomó declaraciones bajo juramento, sin orden judicial, el 13 y 20 de agosto de 2003, respectivamente. Y los ex guerrilleros Mayerlin Torres y Javier Larrazábal recibieron de manos del detective Valle Anaya un libreto con las respuestas que tenían que decir ante la Fiscalía, que fundamentalmente consistían en afirmar que habían visto en campamentos de las FARC a un sujeto —con las mismas características físicas del profesor Correa de Andreis— que se hacía llamar ‘Eulogio’ o ‘El Profesor’.
A cambio de esos falsos testimonios, los reinsertados recibieron 850 mil pesos en efectivo, como lo demuestra el comprobante de pago de gastos reservados del DAS con código S.BOL.GOPE-0016 del 17 de junio de 2004 —el mismo día de la captura de Correa de Andreis en Barranquilla y de su traslado a los calabozos del DAS en Cartagena— que aparece cancelando el director de la seccional en Bolívar, Rómulo Betancourt Garrido, junto al autor del montaje Javier Alfredo Valle Anaya.
Para justificar el desembolso de los recursos, Betancourt Garrido —otro de los de funcionarios del DAS con vínculos de vieja data con los paramilitares—, escribió en el informe reservado que las declaraciones de los ex guerrilleros dieron “como resultado la judicialización y posterior captura de un presunto ideólogo del bloque Caribe de las FARC, conocido con el alias de ‘Eulogio’, el cual fue capturado en Barranquilla y actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía”. Con las fotografías y los falsos testimonios, el fiscal Camargo de Ávila ordenó la captura del profesor Alfredo Correa de Andreis y le imputó el cargo de rebelión.
En medio del sufrimiento que le produjo su detención, el catedrático Correa de Andreis actuó con ingenuidad y le escribió, desde su celda, una carta al presidente Álvaro Uribe en la cual le suplicaba al jefe de Estado que lo ayudara ante la injusticia cometida en su contra. La carta fue enviada a la Casa de Nariño el 20 de junio de 2004, tres días después de su captura. En la misiva escribió:
“Señor Presidente lo que estoy experimentando, el sufrimiento, la humillación, el sometimiento propio y de mi unidad familiar a este tipo de injusticia, a esta privación de la libertad, a una angustia que se dilata en indagatorias. Quedé perplejo, se me liquidó por completo mi capacidad de asombro frente a unos testimonios en mi contra que no sólo riñen con la verdad, sino que parece obra demencial, fuera de toda lógica y razón humana. Señor Presidente en su condición de Jefe de Estado le pido que intervenga para que afirme mi derecho a la libertad”.
En ese entonces, ni el profesor Correa de Andreis ni la sociedad colombiana caían en cuenta, que era el propio presidente de la República el que declaraba como enemigos del Estado a quienes desde su ejercicio intelectual expresaban sus discrepancias con las políticas gubernamentales. Sin embargo, recurrió a él porque pensó que, como máximo jefe del DAS —entidad que aportó los elementos materiales para vincularlo con las FARC—, podría intermediar para analizar su caso y recibir las pruebas que tenía para demostrar su inocencia. Álvaro Uribe ignoró la carta del docente.
Eran tan falaces las sindicaciones de los testigos aportados por el DAS —escribió el magistrado Alfredo Gómez Quintero, ponente de la sentencia condenatoria contra Jorge Noguera—, que la defensa fácilmente pudo demostrar con fotos y certificaciones de las universidades donde laboraba Correa de Andreis, que los días en los cuales supuestamente había estado ofreciendo adoctrinamiento a la guerrilla, se encontraba en actividades familiares y dictando cátedra a estudiantes de la Universidad del Norte, probanzas que llevaron a la Fiscalía a revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva y fue dejado en libertad el 14 de julio de 2004. Como no funcionó el montaje con el que pretendieron mancillar la credibilidad de Alfredo Correa de Andreis y sacarlo del contexto laboral y social en el que se desempeñaba, “al proferirse a su favor una decisión excarcelatoria paradójicamente ese éxito judicial constituyó su condena a la muerte”.
Durante el juicio contra el ex director del DAS Jorge Noguera se supo que él, cinco meses después del asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis, ascendió, mediante resolución 0279 del 18 de febrero de 2005, a Javier Alfredo Valle Anaya del cargo de investigador a subdirector del DAS en la seccional del Magdalena, según manifestó el propio Noguera porque “era un funcionario con una excelente hoja de vida”. Frente a este aspecto, la Corte señaló que “su ascenso simplemente se muestra acorde con las relaciones que tenía Noguera con el bloque Norte de las Autodefensas, organización a la cual le hizo varios nombramientos de personas adeptas a ellas en aras de favorecer sus actividades delictivas”.
Jorge Noguera Cotes, en virtud de sus nexos con el bloque Norte, premió a los funcionarios que trabajaron para las AUC y, en cambio, declaró insubsistentes a quienes se enfrentaron a la mafia paramilitar en Colombia, como sucedió con Sigifredo Puentes, el detective que inicialmente dirigió el boicoteado operativo contra el delincuente Hernán Giraldo.
ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie
Aunque el tema es parcialmente conocido, el reportero Julián F. Martínez en esta impresionante investigación logra poner en contexto -además de adicionar datos aún desconocidos y una rigurosa documentación-, uno de los periodos más oscuros de la historia política del país. Más allá de lo que se denominó como las “chuzaDas”, este libro aborda otros hechos graves como espionaje, amenazas, persecución y asesinatos; Además, la fascinante teoría central del libro: cómo los discursos presidenciales eran órdenes veladas que consumaban las cabezas principales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Un documento que restaura la memoria de un reciente y escabroso capítulo del país que no se debe olvidar, para no repetirlo.
El libro ya se encuentra en todas las librerías del país, pero su lanzamiento en pleno se realizará el 2 de marzo en el Gimnasio Moderno de Bogotá. La presentación estará a cargo del abogado y columnista de El Espectador, Ramiro Bejarano Guzmán, y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, los dos víctimas del DAS.
Más información:
*Capítulo del Libro Chuzadas – Julián F Martínez EDICIONES B
[1] VERDAD ABIERTA. “La lista negra del DAS”. Sección: Política Ilegal. El Estado y los paras. Artículo publicado el 15 de septiembre de 2011 [http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/el-estado-y-los-paras/3544-la-lista-negra-del-das] [2] CAMACHO GUIZADO, Álvaro. “Alfredo Correa de Andreis: in memoriam”. El Espectador. OPINIÓN. Septiembre 16 de 2011. Bogotá.