El nombre de Daniela Andrade cobró notoriedad pública por cuenta de la trama asociada a la compra de una flotilla de carrotanques por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo. Cuando los $46.800 millones -que luego lubricarían una maquinaria de corrupción- fueron desembolsados, Daniela Andrade Valencia se desempeñaba como vicepresidente de Contratación de la Fiduprevisora y habría puesto el chulo de la aprobación a un negocio que resultó opaco.
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En su caso, el escándalo llegó a un punto alto de ebullición cuando trascendió que, pese a que ya estaba vinculada a un proceso disciplinario en la Procuraduría y había sido mencionada en el expediente penal del caso, el gobierno la nombró Notaria 36 de Bogotá. y la puso así al frente del despacho situado en el centro de la capital que, según registros contables, es el que más factura en el círculo notarial de Bogotá.
Se trata de una notaria clasificada como de primera categoría y pertenece al rango de aquellas cuyos titulares pueden ser nombrados en provisionalidad por el Presidente de la República, a través de su ministra de Justicia, como ocurrió en este caso. Es decir, no es necesario en primer término que el nombre del notario salga de un concurso de méritos.
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Por volumen, esa notaria produce los mayores ingresos al día por derechos notariales de escrituración, expedición de copias de registro civil y autenticaciones, declaraciones extrajuicio y celebración de matrimonios. “Descontados los recursos que por ley las notarías de primera categoría deben girarles como subsidio a las más pequeñas (las de tercera categoría), un mes malo de facturación neta allí puede llegar a los $300 millones”, le dijo a Las2Orillas un funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro que conoce bien el movimiento de esos despachos. “Solo muy pocas notarías de Bogotá, Medellín o Cali la siguen relativamente de cerca”, agrega.
A diferencia de lo que han informado varios medios de comunicación sobre la falta de experiencia de Daniela Andrade para desempeñar el cargo., su hoja de vida oficial sugeriría algo distinto. Antes de pasar por la Fiduprevisora, trabajó como superintendente delegada para el Notariado de la superintendencia del sector.
A la Superintendencia de Notariado y Registro llegó en 2022 y se convirtió pronto en una suerte de vocera de los notarios. Curiosamente los defendió cuando estos pusieron el grito en el cielo cuando estuvo a punto de llegar a buen puerto un proyecto que permitiría la expedición del registro civil en línea. La mayoría prefería el certificado en físico, con sellos húmedos y fotocopias por razón precisamente de los ingresos que representan.
Sin embargo, en las oficinas y pasillos de la Superintendencia no le faltan defensores. Algunos de sus antiguos compañeros recuerdan que como delegada lanzó campañas para orientar y educar a los operadores del registro en el conocimiento y reconocimiento del enfoque diferencial de género para su inscripción en el registro de Estado. No tiene antecedentes penales ni disciplinarios, pero lo que sí es cierto que por causa del entorno en el que se mueve hoy está merodeada por serias dudas. Además de su cuestionada actuación como vicepresidente de Contratación de Fiduprevisora, su relación sentimental con Jaime Ramírez Cobo, enlace entre el gobierno y el Congreso y presunto intermediario para el pago de las coimas en el episodio de la Unidad Gestión del Riesgo, la pondrán a ofrecer explicaciones.
