En Tuluá y otros municipios del Valle del Cauca, alarmados por la creciente ola de violencia es común escuchar a sus ciudadanos preguntarse qué está sucediendo en sus localidades, sin que nadie ose brindar explicaciones académicas que expliquen el presunto maridazgo entre poderes locales y estructuras criminales que parecieran actúan sin ningún control, situación que se evidencia en un deterioro de la seguridad urbana.
Intentar entender los fenómenos de criminalidad que se registran en la actualidad en las ciudades y municipios de Colombia implica un estudio de nuestras violencias, el conflicto interno y su relación con los poderes locales, que obliga a devolverse por lo menos hasta comienzos de la década del 80 cuando se instauró en Colombia la elección popular de alcaldes y gobernadores.
Una revisión a la historia del país nos lleva a comprender que estos fenómenos se repiten una y otra vez desde la violencia partidista de mediados del siglo XX, y se acentúa cuando las elites locales o regionales ven amenazados sus feudos, reaccionando con alevosía para destruir la oposición, eliminar la competencia política y crear autoritarismos regionales, generando lo que los estudiosos han denominado la homogeneización de la política.
Edward Gibson, profesor de Ciencias Políticas cuya investigación aborda las políticas de democratización y autoritarismo ha dado varias de las claves para entender “los efectos políticos de estructuras armadas y políticas en un territorio, que se pueden transformar en verdaderas dictaduras locales”, con lo que ello implica en materia de violación a los derechos humanos.
El objetivo de estas alianzas y/o connivencia no es otro que utilizar a grupos armados ilegales como guardias pretorianas de líderes políticos con la meta de capturar y sostener la representación política y las funciones públicas en el territorio, con el único propósito de no soltar el gran botín que significa controlar la administración pública al tiempo que se alimentan del control de las economías ilegales.
El proceso de descentralización del país surgido de la elección popular de mandatarios locales y regionales permite canalizar y desviar una buena cantidad de dineros de forma ilegal, en parte porque la organización social es inestable y débil lo que impide una verdadera veeduría y control ciudadano a los gastos de los gobiernos municipales y regionales en su gestión, pero sobre todo porque estas estructuras medio “mafiosas” han creado todo un aparataje para blindarse.
Según Ariel Ávila*, ese entramado incluye manejar el vínculo o comunicación entre lo nacional y lo regional a través de instituciones como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y otras entidades que logran manejar a su amaño gracias a su rol protagónico en el congreso de la República, representación que les permite defender su control a nivel provincial.
Agrega el autor, que dentro de la estrategia de estas maquinarias de cooptación del poder regional y local se destaca también un segundo factor que es “la nacionalización de la influencia; es decir, estas élites locales buscan ‘jugar’ un papel importante en lo nacional”, y normalmente lo hacen a través de su aporte electoral en procesos nacionales.
El tercer factor que controlan es la parroquialización del poder, lo que en la práctica significa que se empeñan en aislar los debates regionales y locales del orden nacional, lo que Gibson denominó “estrategias de frontera”, que les permite evitar la intervención de terceros. En este punto es esencial controlar a la oposición, medios y periodistas, y eliminar o desterrar a los que puedan hacer ruido nacional sobre lo que ocurre en “sus predios”.
Un análisis riguroso de datos y estadísticas electorales permite develar las alianzas de estas élites políticas y estructuras criminales, vínculos que increíblemente se vuelven imperceptibles para la población en general que se acostumbra a ver gobernar a los mismos sin que se caiga en cuenta del proceso de homogeneización política.
Entender este fenómeno ofrece las respuestas que a diario buscan los tulueños y vallecaucanos, una estrategia que es tan evidente que no se requiere dar nombres, ya que en el departamento todo el mundo político sabe que barones y baronesas electorales tienen control de las ías, amplia influencia en el congreso y peones locales como fichas que mueven dentro de este engranaje. También es claro que políticos y políticas han sido detenidos e investigados por vínculos con estructuras criminales.
Finalmente, según los dos autores, se podría concluir que donde la violencia es alta, todo va mal, como consecuencia del deterioro de la institucionalidad, convirtiendo además el territorio en una renta que vincula lo legal y lo ilegal, con la gravedad de terminar contando con una alta aceptación de la población.
*Detrás de la guerra en Colombia. Ariel Ávila, Planeta, 2019.
