El 20 de mayo de 2015 fue un mal día para los llamados "capuchos". Ese día pretendían tomarse el conservatorio de la Universidad Nacional para usarlo como base de operaciones en uno de sus frecuentes actos de terrorismo, pero no pudieron. A pesar de poder ingresar al edificio se encontraron de frente con un grupo de estudiantes que esperaban el cambio de clase quienes, indignados al ver lo que se venía, se opusieron a que los terroristas siguieran entrando y saliendo de su lugar de estudio. Los capuchos intentaron intimidar a los estudiantes amenazándolos con papas bomba, pero no lograron cumplir su plan.
La rutina de la pedrea se vio rota de manera inesperada cuando en el auditorio León de Greiff dos cajas llenas de papas bomba terminaron en manos de la vigilancia: los capuchos amenazaron, intimidaron y retuvieron una vigilante para que les fueran devueltas las cajas pero al final quedaron a disposición de las autoridades.
El disturbio, a pesar de esos inconvenientes, se desarrolló con éxito para los terroristas quienes, durante unas horas, hicieron difícil el paso por la avenida carrera 30 y causaron daños materiales en las casas de los vecinos, especialmente en los ventanales del edificio El triángulo.
Pasó más de un mes de esos sucesos y todo parecía normal en las vidas de los causantes del disturbio, tal vez iba a ser como siempre: la policía haría declaraciones triunfales sobre el hallazgo de explosivos, los medios indicarían preocupación por el hallazgo y el resto de la sociedad seguiría preocupándose por la Copa América y los frecuentes escándalos que suelen mostrar en las noticias.
En realidad todo había salido peor de lo esperado: Paola Andrea Salgado Piedrahita, reconocida abogada contratista de la Bogotá Humana, fue identificada como la persona que ingresó las cajas de explosivos decomisados en el auditorio. Los demás participantes dieron demasiada boleta en las redes sociales, y lo que no pasó ni siquiera en el mejor momento de la “seguridad democrática” parecía hacerse realidad: estaban siendo vigilados por las autoridades.
Son más de 200 pruebas las que tienen las autoridades que extendieron la legalización de la captura más allá de las 36 horas límite. Los abogados defensores reclamaron que era ilegal haber superado ese límite, pero igualmente hubiesen reclamado si la diligencia se hubiese hecho dentro de los plazos.
Ahora a la abogada contratista le queda apelar a la simpatía y a la presión en las redes sociales para confundir al sistema judicial y hasta para quedar como la víctima de un falso positivo judicial.
