El 18 de octubre de 2023 el presidente Gustavo Petro sorprendió al país con un trino que advertía que en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), creado en 1989 para garantizar las prestaciones económicas y sociales de los más de 320.000 profesores de las escuelas y colegios públicos de Colombia, se había descubierto una “red de corrupción” para la atención en salud de los docentes y de sus familiares.
Las alertas del gobierno se prendieron cuando se habló de una apropiación presupuestal de 4,5 billones de pesos para pagar intereses de mora y sanciones de intereses de mora por los retrasos en la aprobación o pago de cesantías parciales o totales, en el reconocimiento de pensiones o en el pago de facturas por la atención en salud de los maestros o de sus beneficiarios en el país.
El poderoso Fondo, que el año pasado manejó un presupuesto de 14,8 billones de pesos, es administrado por la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora), una sociedad de Economía Mixta adscrita al ministerio de Hacienda. El actual presidente de la Fiduprevisora es Jhon Mauricio Marín Barbosa, un abogado quindiano recomendado ante el presidente Gustavo Petro por el Partido de La U y con investigaciones pendientes por su gestión al frente del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Entre los principales responsables por las decisiones que se toman en el FOMAG están el vicepresidente encargado del Fondo, Edwin González Rangel, y los ministros de Educación o su delegado, de Hacienda o su delegado y de Trabajo o su delegado. Esos tres ministerios, junto a dos delegados de Fecode, integran el Consejo Directivo del FOMAG, es decir, el Gobierno Nacional tiene mayoría en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La lupa de la Contraloría
Los tentáculos de la llamada “red de corrupción” del FOMAG tienen un alcance enorme. Por el retraso en el pago de varias facturas de servicios de salud de los maestros o de sus beneficiarios, nos sacaron del bolsillo, de un solo tajo, más de 116.000 millones de pesos.
La historia, según lo documentó la Contraloría en una Auditoría Financiera al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), comenzó con la demora en el pago de 286 facturas de alto costo por servicios de salud por un valor de 87 mil millones de pesos (exactamente: $87.470.140.104) que debieron pagarse en el año 2017.
Esa deuda fue cobrada por la Unión Temporal Norte Región 3, a través de un proceso ejecutivo que obligó al FOMAG a girar los $87 mil millones de las facturas pendientes y adicionalmente más de $116 mil millones (exactamente: $116.104.030.527) por intereses de mora y sanciones por intereses de mora. Es decir, se terminó pagando más por los intereses de mora y por las sanciones que por la deuda que se tenía.
El contralor delegado para el sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, Andrey Geovanny Rodríguez León, dice que ese daño al patrimonio público no tiene explicación. “Son de esas cosas que pasan que uno dice ¡Dios mío! cómo es posible que la obligación principal sea de 87 mil millones de pesos y la obligación secundaria que es el pago de intereses o accesoria resulte más alta que la principal, entonces esos niveles de negligencia, impericia e inoportunidad que pudieron haberse tenido están lesionando el patrimonio público de manera grave”, asegura Rodríguez León.
En total, la demora en el pago hizo que las facturas pasaran de $87.470,1 millones a $203.748,6 millones. Como ese caso, la Contraloría documentó muchos que están siendo objeto de juicio de responsabilidad fiscal, para que los implicados, tanto en las secretarías de educación como en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio paguen por su inoperancia o por estar asociados a la llamada “red de corrupción” de la que habla el presidente Gustavo Petro.
El barril sin fondo de las cesantías
El reconocimiento y pago de cesantías parciales o definitivas de los maestros por parte del FOMAG se ha convertido en un barril sin fondo por los millonarios intereses de mora y sanciones sobre intereses de mora que se tienen que pagar por la negligencia de algunos funcionarios. Incluso, en 2022 se pagó una cesantía que se había solicitado en 2014, es decir, ocho años después de la petición hecha por el docente.
La situación es tan grave que la Contraloría considera que el FOMAG es la entidad del Estado de más alto riesgo de las cerca de 1200 instituciones que vigila la delegada para el sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte. Tan es así que es a la única entidad que le hacen auditoría dos veces por año: una en el primero y otra en el segundo semestre.
Pero ¿cómo es la cadena de negligencia o de “corrupción” que está desangrando las finanzas públicas?
El rosario de fallas comienza, en muchos casos, en las secretarías de educación. En las entidades territoriales descentralizadas, el maestro hace su solicitud de liquidación de cesantías parciales o definitivas. A partir de esa petición se tiene un plazo máximo que se puede extender hasta cuatro meses para el reconocimiento y pago de las cesantías sin que haya sanción.
Sin embargo, la Contraloría documentó casos en que se solicitaron las cesantías en 2014 y solo se vinieron a pagar en 2022. El problema es que, por cada día de pago extemporáneo en la cesantía, el docente tiene derecho a un día de salario por cada día de mora que se presente.
El pago retrasado de 9387 cesantías, de las vigencias 2019 a 2022, representó un desembolso de más de $70.324,1 millones que salieron del bolsillo de los colombianos intereses de mora o sanciones por intereses de mora.
Por vía administrativa se reconocieron y pagaron 2841 solicitudes de cesantías parciales o definitivas de forma extemporánea que representaron intereses de mora o sanciones por mora por valor de $15.439,8 millones.
Por conciliaciones entre el FOMAG y los docentes, la cifra pagada por intereses de mora y sanciones por mora fue de $10.059,4 millones y por 4922 fallos judiciales se reconocieron y pagaron $51.692,8 millones por esas mismas demoras. Todos esos recursos salieron del bolsillo de los colombianos.
De todos esos recursos pagados de forma extemporánea en el ejercicio fiscal de 2022, la Contraloría le tiene la lupa puesta a $6706,2 millones, cuyos casos logró individualizar para perseguir a los responsables fiscales. En la auditoría que se está haciendo en este segundo semestre se incluirán más casos, porque el propósito es que los responsables paguen por el desfalco al Estado.
Para tapar el hueco fiscal el Ministerio de Hacienda ha tenido que acudir a la emisión de Títulos de Tesorería (TES) clase B para financiar la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías del FOMAG, al igual que las sanciones por mora de las facturas por la prestación de los servicios de salud a los docentes o a sus beneficiarios.
La nueva estrategia de control fiscal
En el pasado las auditorías solo se centraban en el FOMAG, pero desde el primer semestre de este año se cambió la visión por una responsabilidad fiscal solidaria donde los funcionarios de las secretarías de educación también entran a responder por las lesiones al patrimonio público.
Son cerca de 96 entidades territoriales certificadas en educación que funcionan a nivel nacional, comprobamos un daño fiscal en cerca de 60 de esas secretarías. Está casi todo el país y por primera vez estamos vinculando dentro del ejercicio de corresponsabilidad en el proceso auditor a las secretarías de educación ¿para qué? pues para que ellos entiendan que su inoperancia, su inactividad, su negligencia, su inoportunidad en toda esa cadena produce un daño al patrimonio público, explica el contralor Andrey Geovanny Rodríguez.
Las Dos Orillas buscó la respuesta de la Fiduprevisora, pero desde la oficina de comunicaciones de esa entidad se informó que ni el presidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín Barbosa, cuota política del Partido de La U y con investigaciones pendientes como lo reseña el portal Cero Setenta, ni el vicepresidente del FOMAG, Edwin González Rangel, se iban a pronunciar sobre lo que pasa en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La Contraloría le envió el informe de auditoría al vicepresidente del FOMAG y el Fondo dio las respuestas al ente de control, pero los argumentos del FOMAG no dejaron satisfechos a los investigadores de la Contraloría, por lo que se avanzó con el juicio de responsabilidad fiscal contra funcionarios del Fondo y de 60 secretarías de educación descentralizadas.
La Contraloría abrió juicios fiscales por más de 125.000 millones de pesos, que salen de casos como el de los $116.104.030.527 pagados por intereses de mora y sanciones por intereses de mora por servicios de salud a la Unión Temporal Norte Región 3 y por el pago tardío de cesantías parciales y definitivas que lograron ser individualizadas.
Está por verse que efecto tiene la alarma presidencial sobre el desfalco en el Fondo clave para los 320.000 maestros y si las investigaciones de la Contraloría llevan a condenas fiscales y a la recuperación de algo del dinero hasta ahora pagado por intereses de mora y sanciones de intereses de mora que el año pasado superó los 263.000 millones de pesos.
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