Han pasado tres años desde que Noticias Caracol tituló un En vivo desde Cali: “Ciudadanos e indígenas se enfrentaron”; y El País de la misma ciudad en primera página en aquella ocasión: “Indígenas agredieron a habitantes del sur de Cali”; mientras que El País de España, distante, equilibrado e imparcial, rotuló: “Civiles armados disparan a grupos indígenas y el caos se apodera de Cali”.
Hoy el pistolero que disparó sobre los aborígenes caucanos –con el respaldo y la protección de la fuerza pública en el Paro Nacional de 2021–, es concejal de Cali y hace fotos y videos que publica en sus redes sociales, al parecer manejando una escuadra de soldados en el Batallón Pichincha. Aunque el coronel Edwin Castaño, comandante del Batallón de Policía Militar No. 3 en Cali, fue retirado de su cargo –no de la institución–, queda claro que sobre las poblaciones originarias pesa aún una estigmatización social que deviene desde hace siglos.
Los indígenas son ciudadanos, porque absolutamente toda la población de Colombia –que es un Estado Social de Derecho–, lo es. No es un apelativo, es un concepto jurídico, filosófico y político. Otra cosa es que también se utilice para referirse al habitante de una ciudad que, en el purismo de la Real Academia de la Lengua, se denomina urbanita.
De modo que no es una simple pifia la de Noticias Caracol, sino un manejo del lenguaje que refleja una posición ideológica y tendenciosa, que deforma la realidad y que no cesa frente a este tipo de movilizaciones.
Les siguen llamando marchas y los indígenas insisten: son movilizaciones de la palabra, por la vida, la paz y el territorio. Marcha es un término, castrense, militar y guerrerista, agregan los que dan lecciones de autonomía. Y esta, para mayor claridad, no es solo indígena, sino también campesina y afro. Pero los medios tradicionales las vuelven a cubrir con folclor, superficialidad y banalidad.
Se dedican a contar chivas, ni siquiera información privilegiada. No. Chivas, estos pintorescos camiones modificados que son el sistema de transporte rural en Colombia, que combina carga y pasajeros. Y que ni más faltaba, también es criticado con saña. Los culpan de sobrecupo, de causar accidentes y poner en riesgo la vida.
Se nota a leguas que desde las oficinas y al frente de un computador, no se puede reconocer a la Colombia profunda. Y entonces los titulares de esta semana hablaron de cierre de vías y de caos vehicular. La mitad es cierta. Y de peligro inminente, pura especulación.
Pues bien, no pasó nada. Nada negativo. La minga llegó colorida y ruidosa. Con música de flautas y tambores. Con bastones de mando y discursos de paz. Pero los medios se detienen en majaderías: supuestas crónicas que narran cuántos racimos de plátanos traen, que cuánta papa y cuánta yuca utilizarán en el sancocho, que pernoctarán en Univalle –los han sacado de todas partes– que dónde se bañarán, que sí se bañan, que dónde harán popó tantos, etc. Superficialidades.
Claro, lo anterior es una forma de mostrar sin mostrar el verdadero objetivo de su movilización, pero subyacen en el colectivo otros mitos: por ejemplo, que cada minga se organiza para distraer a las autoridades y sacar del departamento de Cauca toneladas de cocaína. Señores y señoras, este gobierno ha incautado más droga que todos los anteriores y tienen en la mira el suministro de los insumos o precursores químicos (intocables empresarios 'de bien'), y ha removido de sus cargos a miembros de la Policía, la Armada y el Ejército que cohonestaban con este tráfico ilícito.
Y otro mito, que las mingas las financia la guerrilla. No. Claro que hay indígenas guerrilleros, como hay afros y mestizos. La guerra no discrimina. Si algo tienen las comunidades indígenas en Colombia es organización y unión social, cohesión para organizar y coherencia con el territorio, algo de lo que carece en buena medida el resto de la población. Exigen, no piden. Y aunque se les va la mano con la soberanía, conocen sus derechos. Y otro mito, que el gobierno Petro les otorga recursos para las movilizaciones. No. Les otorga garantías y respeta sus derechos, por supuesto, desde que no obstruyan o violenten.
El periódico El País entretanto –que se demoró más de medio siglo en ponerle tilde a su nombre y casi un siglo en develar su sempiterno interés: el económico, cuando se vendió al mejor postor– sigue estigmatizando a los indígenas y sus mingas. En estos días tituló: “Minga indígena en Cali: suspenden el servicio de algunas rutas y estaciones del MÍO”. Hoy titula: “Ya no hay paso en la Simón Bolívar a la altura de Puerto Rellena, la vía está cerrada en ambos sentidos; se espera la llegada de la Minga”.
Dos titulares tendenciosos y cazalectores ingenuos. Muy obvios por demás. El primero se detiene en un efecto que atañe a la movilidad. No fue el mismo enfoque con la “Marcha de las mayorías” en contra del gobierno que utilizó más vías. Y en el segundo, sigue llamado Puerto Rellena a un sector bautizado y rebautizado por la cultura popular, que ahora se denomina Puerto Resistencia. ¡Reconózcanlo! El cierre obedece, además, a una cuestión de seguridad nacional, pues se espera la llegada del presidente de la República, Gustavo Petro, al lugar.
Las universidades de la zona declararon flexibilidad académica por eventuales inconvenientes de movilidad dado el volumen de vehículos y personas. No los hubo. Las dos más cercanas a la movilización, la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad del Valle, volverán a normalización el lunes. La ciudad sigue su rumbo y la rumba no se detuvo. Tampoco hubo caos, ni destrucción, ni caminantes heridos, ni policías atacados. No fue una miga ‘pinga’, como suele decírsele a quien no tiene ‘malicia indígena’, esa forma peyorativa de referirse a la desconfianza de quienes históricamente han sido marginados, humillados y empobrecidos. Pero nunca embrutecidos, porque se alejan de aquellos que saben lo que todo el mundo sabe, es decir, que en realidad no saben nada.
