Recientemente, he sido víctima de un atraco mediante pistola eléctrica. No es un nuevo desarrollo tecnológico de norcoreanos, chinos, rusos, israelitas o estadounidenses, es de cosecha criolla, basada en la tercerización que utilizan grandes empresas que al final se limitan a ser dueñas del aviso y a no delegar el recaudo de dinero. Poseo con mi esposa un pequeño apartamento en un municipio guajiro de donde somos oriundos y visitamos esporádicamente. Somos personas mayores de sesenta años y por evitar andar en carretera en horas nocturnas decidimos construir un pequeño loft para pernoctar en caso de que en nuestras ocasionales visitas nos agarrara la tarde para viajar a Valledupar donde permanecemos la mayor parte del tiempo. Pues para los señores de Aire ESP se les hizo sospechoso que el consumo de energía eléctrica fuera tan bajo como cuarenta o cincuenta mil pesos mensual y en el mes de junio de 2022 realizaron una revisión de la acometida a través de una empresa contratista que telefónicamente me pidió autorización y al terminar, por el mismo medio me informaron que todo estaba bien. Pero ¡oh sorpresa!, este mes de abril de 2023 me llegó el recibo por más de dos millones de pesos el cual fue pagado en su totalidad ya que por evitar que me ordeñaran con las reconexiones cada vez que olvidaba pagarlo, inscribí el pago con el Banco Davivienda para que mensualmente descuenten de mi cuenta pensional dichos valores. El fundamento para cobrarme tal valor es un acta realizada por una empresa contratista que sin ingresar al predio me endilga un sinnúmero de electrodomésticos. Supuestamente cometí hurto de energía y normalizaron la acometida porque había consumo sin registrar, pero los recibos me siguen llegando por los mismos kilovatios de siempre. A mi parecer, los "falsos positivos" continúan.
