Este viernes 12 de enero, el Ministerio de Salud, en cabeza del médico libanense Guillermo Alfonso Jaramillo, interpuso una histórica demanda de acción popular contra 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país en la que, además, se ven comprometidas la Contraloría y la Superintendencia de Salud.
La Nación acusa a estas entidades de no cumplir con los requisitos financieros establecidos por la Superintendencia que los cobija y alega que por esta razón se están viendo comprometidos tres derechos: la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso al servicio público a la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
Esta demanda de acción popular fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá y está firmada por el abogado tolimense Rodolfo Enrique Salas Figueroa, quien se desempeña como Director Jurídico del Ministerio de Salud y quien es un viejo conocido de Guillermo Jaramillo desde sus tiempos como alcalde de Ibagué entre 2016 y 2019.
Justamente, Salas fue asesor del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMDRI) de Ibagué durante esos años y, posteriormente, fue el encargado de defender al ahora Ministro en el caso que se le abrió por suscribir como Alcalde un contrato por $1.600 millones para organizar el alumbrado navideño de la ciudad. Jaramillo fue acusado del delito de contratar sin cumplimiento de requisitos legales y el 17 de abril de 2023 fue declarado inocente por la Jueza Quinta Penal del Circuito de Ibagué.
A quiénes acusó el Minsalud y qué es lo que busca
La lista es encabezada por las tres EPS que enviaron una carta en agosto de 2023 asegurando que estaban en una complicada situación financiera que les iba a impedir prestar el servicio de la mejor manera. Estas son Sanitas, cuyo presidente es Juan Pablo Rueda; EPS Sura, que tiene al frente a Pablo Otero y Compensar, con Andrés Barragán como presidente.
También destaca la presencia de Nueva EPS, entidad que le pertenece en un 50 % al Estado y que el día de ayer cambió de presidente por primera vez en 14 años después de que la Junta Directiva confirmara a Aldo Cadena, secretario de Salud de Petro durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, como reemplazo de José Fernando Cardona Uribe, quien ocupó ese mismo cargo en las Alcaldías de Mockus y en la primera de Peñalosa.
Las otras 17 son Comfenalco Valle; Unidad de Servicio Médico, EPS de Empresas Públicas de Medellín, quienes decidieron liquidarla por no ser autosuficiente; Famisanar; el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia; Servicio Occidental de Salud, la que recibe más quejas en el país; Capital Salud, la primera EPS en ofrecer terapias con marihuana medicinal; Capresoca; Savia Salud; Cajacopi; Asmetsalud; Emssanar; Salud Mia; Comfachocó; Comfaoriente; Mutual Ser; Coosalud ESS y Salud Total.
De esta manera, de las 29 EPS que están vigentes hoy en día en Colombia, solo hay ocho que se salvan de las garras del Ministerio de Salud. Estas son Aliansalud, una de las pocas que están al día financieramente; Salud Bolívar, EPS del Grupo Bolívar creada en 2021; Pijaos Salud; Mallamas; Anas Wayúu; Asociación Indígena del Cauca; Familiar de Colombia y Dusakawi. Esta última lleva doce años en vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud y seguirá en esas hasta el 26 de abril de 2024.
Según el Ministerio de Salud, estas EPS estarían pasando por encima del artículo 48 de la Constitución Política y la Ley 100 de 1993, los cuales establecen que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio y que los recursos de este sistema no se pueden utilizar para ningún otro fin. Según la demanda, los recursos de la Unidad de Pago por Captación (UPC) no están siendo invertidos en lo que deberían, por lo cual busca que se tomen medidas para hacerle frente a esto y para que se respete el derecho fundamental a la salud.
De igual manera, vincularon en la demanda a la Superintendencia de Salud y a la Contraloría. Esto debido a que son estas dos entidades las encargadas de vigilar a las EPS y de asegurarse de que estén destinando correctamente los fondos. Teniendo en cuenta esto, el ministro Jaramillo y el abogado Salas solicitaron un interrogatorio para Ulahy Beltrán y para Carlos Mario Zuluaga, los dos funcionarios que tienen a su cargo estas entidades, con el fin de que otorguen conceptos técnicos y científicos sobre el caso, así como detallar y conceptuar los informes anexos a la demanda. Ya Zuluaga se negó.
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