Cuando Juan Manuel Santos se puso la banda presidencial por primera vez en el año 2010 una de sus primeras promesas, después de reconocer el conflicto interno armado y romper relaciones con su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, fue la de impulsar una ambiciosa Ley de víctimas y restitución de tierras como piedra angular del proceso de paz con las Farc. El espíritu de la iniciativa desde un principio fue restablecer en un término de diez años los derechos de todos los colombianos que desde 1991 fueron despojados de sus tierras o forzados a abandonarlas producto de la violencia. Desde entonces han pasado cuatro años y los resultados no corresponden a lo que prometió el reelegido Presidente.
La ley 1448 fue aprobada el en el año 2011 pero los resultados han sido paupérrimos. Verbigracia: el gobierno esperaba que 360 mil personas se acercaran a reclamar, pero hasta el momento tan solo 63 mil presentaron su reclamo. El gobierno también estimó la restitución de 6.5 millones de hectáreas, pero cuatro años después solo se han devuelto 28.582 hectáreas, es decir menos del 2% de la ambiciosa meta del presidente Juan Manuel Santos.
Todo indica que el meollo está dado en la fórmula que se inventó el Estado. Al día de hoy, los jueces de tierras tan solo han proferido 500 sentencias en las que se decidió la restitución jurídica de 1.137 predios que reúnen 25.528 héctareas.
La fundación Forjando Futuro que dirige Gerardo Vega y la fundación Paz y Reconciliación en cabeza de León Valencia le ha venido poniendo la lupa al tema y encontraron hasta el momento, que de las 500 sentencias que se han proferido (dentro de las cuales hay fallos colectivos), 8.310 casos han sido dirigidos a 55 diferentes entidades del Estado, los cuales según el informe no han sido del todo claros y han generado una descoordinación entre las diferentes entidades del gobierno, lo cual se han convertido en un obstáculo para el regreso de las víctima a sus tierras y han hecho que muchas de las sentencias queden en letra muerta.
"La restitución de tierras de Santos no cabalga muy bien", dice uno de los reclamantes
Dice el informe que ‘’La complejidad del funcionamiento de las entidades del gobierno en cuanto a centralismo, competencias y formalismos, se constituyen en un desafío para que los jueces puedan emitir ordenes con la suficiente claridad’’. El estudio además deja en evidencia que el 21% de esas 8.310 ordenes no son del todo claras y se podría convertir en un saludo a la bandera en vez de viabilizar el retorno de las víctimas a su terruño.
Está segunda entrega de la investigación también identificó 43 tipos de trámite que ordenan los jueces de tierras, orientados a hacer efectiva la formalización de la propiedad y del predio, el saneamiento jurídico y económico del predio, la entrega material del predio, la adjudicación o compensación y retorno y permanencia del predio; ordenes que involucran a 55 entidades del Estado como ministerios, fuerza pública, alcaldías municipales, al Incoder, Sena, Banco Agrario, ICBF y otros. Pero el informe ha dado cuenta que estos trámites son dirigidos a las entidades, pero jamás a funcionarios directos por lo que el cuello de botella para los reclamantes se sigue comprimiendo.
Este es el informe completo presentado por la Fundación Forjando Futuro y la Fundación Paz y Reconciliación:
