El pasado 14 de octubre fue el día escogido por el CTI de la Fiscalía para tomar por sorpresa a varios políticos en toda la Guajira y aprehenderlos en el más grande golpe contra la corrupción que aspiraba dar el Fiscal Eduardo Montealegre en el departamento más azotado por el hambre y la violencia.
La dirigente más visible era Cielo Redondo, exalcaldesa de Uribia y quien apoya la candidatura de Oneida Pinto para la gobernación de la Guajira. Junto a la suya, caminaban once ordenes de captura más contra políticos, contratistas y ex funcionarios de la administración de Uribia donde se han dado los peores escándalos de corrupción alrededor de los recursos de las regalías de un municipio recientemente creado y que fue una de las bases para la consolidación del poder del detenido exgobernador Kiko Gómez.
Al momento de la llegada de los agentes del CTI con la respectiva orden de allaamiento, la casa estaba vacía. La dueña, Cielo Redondo, se había esfumado. Al parecer su jefe de seguridad, Carlos Madera, alcanzó a advertirla y así consiguió frustrar el ambicioso operativo del fiscal Eduardo Montealegre que buscaba además crear un precedente frente a la dinámica electoral del departamento marcada por denuncias y procesos judiciales en cabeza de buena parte de la dirigencia regional guajira. El CTI no logró hacer efectiva ninguna de las once órdenes de captura.
Cielo Redondo habría logrado pasar la frontera y estaría escondida en Venezuela bajo la protección de su hijastro Emy Solano, señalado de dirigir una estructura armada que delinque en la frontera y se refugia en el municipio de Guarero a quince minutos de Paraguachón.
Con ella habrían conseguido escapar el exalcalde Marcelino Gómez; el Concejal Conservador Carlos Gómez Quintana y el exsecretario de asuntos indígenas Reinaldo Velásquez.
A pesar de que el CTI de la Fiscalía desplegó hasta helicópteros, un importante contingente de hombres, regresaron con las manos vacías. También se habrían frustrado las capturas de otros exfuncionarios, como la del exjefe jurídico Erwin Cotes; el exjefe de recursos físicos Camilo Polo González, los ex secretarios del Marbelis Suárez Torres, Lorena Ramírez, María de los Remedios García y Elías Deluque Gutiérrez y la contratista Dailimet Toro.
Aunque contra la dos veces alcaldesa del municipio de Uribia Cielo Redondo hay procesos y acusaciones desde presunto paramilitarismo hasta por su presunta responsabilidad en la muerte del miembro de la comunidad Wayuu, Manuel Afanador, la frustrada orden de captura tendría que ver con irregularidades en dos contratos durante su alcaldía: la compra de unas semillas de Ahuyama para un plan de siembra por valor de $800 millones el cual nunca se ejecutó y otro contrato para la mejora de viviendas de la comunidad por un valor cercano a los $4 mil millones, que al parecer tampoco se llevó a cabo.
La tranquilidad judicial que había conseguido Cielo Redondo está llegando a su fin y aunque esta vez contó con suerte sus días están contados y la influencia política que pretendía ejercer en estas elecciones quedó interrumpida sin posibilidad de disfrutar los lujos que ha conseguido por cuenta de su paso por la vida pública en el departamento y en Uribia –el mayor resguardo indígena de Colombia- donde su hijo Luis Enrique Solano espera ser alcalde por el partido Liberal.