Transcurría el año 1982 cuando por vez primera en la historia de Colombia se intentó un proceso de paz con las Farc-Ep. Los créditos se le deben al entonces presidente Belisario Betancourt quien lograría negociar los acuerdos de la Uribe en 1984. Ambas partes acordaron un cese al fuego desde el 28 de marzo de ese año y la suspensión inmediata del secuestro por parte de la guerrilla. Además, de manera específica, el punto 12 de los acuerdos le permitía a esta organizarse políticamente, por lo que se propuso la creación de un partido amplio que daría lugar, un año más tarde, al nacimiento de la Unión Patriótica.
El nuevo partido político buscaba llegar al poder por un medio distinto a las armas y bajo el amparo de los acuerdos de paz, mediante una ambiciosa propuesta que incluía una reforma agraria y la nacionalización de los recursos naturales. En los comicios de marzo de 1986 lograrían la elección de 14 congresistas, 18 diputados y 335 concejales. Dos meses más tarde las elecciones presidenciales les dejarían un resultado aún más alentador: Jaime Pardo Leal alcanzaría el tercer lugar, siendo esta la primera vez que un partido de izquierda postulara un candidato a la presidencia; se veía venir todo un reto para la clase política dirigente.
El éxito electoral comenzó a verse empañado por varios asesinatos en contra de militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica. El primero en caer sería el representante a la Cámara Leonardo Posada, asesinado el 30 de agosto de 1986 en Barrancabermeja. Le seguirían, entre otros (varios, muchos), Manuel Cepeda Vargas, Pedro Luis Valencia y los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal. Mejor suerte tendrían Aída Avella (hoy senadora y presidenta de la UP) e Imelda Daza, que lograrían sobrevivir a sus atentados y salir exiliadas con destino a Europa, eso sí, con sus carreras políticas devastadas.
Los hechos en contra de la Unión Patriótica incluyeron varias masacres a lo largo y ancho del país, entre ellas las de Segovia, la Rochela y Cimitarra. Las acciones en contra de sus militantes se perpetraron de manera sistemática y a la vista del Estado colombiano, que no desarrolló en su momento una estrategia efectiva para detener el exterminio. Para el año 2002 habrían sido asesinadas unas 3500 personas vinculadas de una u otra manera con la UP.
En el año 1993, la Corporación Reiniciar interpuso una demanda ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por estos hechos, teniendo en cuenta su inacción y una presunta complicidad de algunos de sus agentes en los crímenes. A la fecha, la gran mayoría de estos hechos no cuentan con condenas; impunidad es el calificativo que mejor encaja.
En 2014 la Fiscalía General de la Nación, en vista de que las investigaciones se encontraban en su gran mayoría prescritas de acuerdo a los términos de la legislación colombiana (20 años desde la ocurrencia del hecho), declaró que los hechos contra los miembros de la Unión Patriótica constituyen un crimen de lesa humanidad, lo que les otorga el estatus de imprescriptibles; el Estado Colombiano aún puede adelantar la investigación sin la premura del tiempo. De hecho, recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el caso número 006, que tiene como objetivo indagar sobre lo que verdaderamente ocurrió con la UP: quiénes son los verdaderos responsables y cómo actuaron.
Vale preguntarse por qué muchos colombianos de a píe no conocen sobre estos hechos, a pesar de su gravedad. Miles de personas perdieron la vida por el simple hecho de tener convicciones diferentes, como si eso fuera un delito. Pero es que en Colombia somos buenos para juzgar lo que ocurre por fuera, pero pésimos para juzgarnos como país. Muchos sabemos qué pasó en la segunda guerra mundial; o sin ir tan lejos, qué pasa en Venezuela. Pero qué poco sabemos de nuestra (muchas veces) vergonzosa historia patria.
Desde la firma del acuerdo de paz en La Habana han sido asesinados 130 exguerrilleros de las Farc; 20 de ellos perdieron la vida en lo que va corrido de este año. La violencia ha escalado de manera tal que recientemente la relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales Agnès Callamard y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas le exigieron al gobierno colombiano que dejara de incitar la violencia en contra de los desmovilizados y cumplir con las garantías establecidas en el acuerdo de paz.
Ojalá que Colombia no vuelva a escribir con tinta roja las líneas de un segundo exterminio. Suficientes señalamientos corren a nivel internacional sobre la brutalidad política en nuestro país. Déjenlos vivir; déjenlos participar en política. Al fin y al cabo la derecha en Colombia parece haberse posicionado desde hace rato, a tal punto que cualquier cosa que huela a izquierda está condenada a fracasar. Las Farc en política, tal y como lo demuestran sus pobres resultados electorales, no son un desafío para nadie. Pero al menos dejen que lo intenten.
