Existe une fuerte relación entre el asesinato del candidato Ecuatoriano con el régimen colombiano. No nos extraña que el fiscal Barbosa, antes de terminar su mandato, nos diga que el gobierno de Gustavo Petro y la candidata Luisa Gutiérrez de la izquierda ecuatoriana están comprometidos con este crimen.
Pero antes, aclaración necesaria:
Contrariamente a lo que los periodistas omiten todos los días de diferenciar al régimen político y al Gobierno Nacional, se debe a que durante décadas, múltiples gobiernos de derecha (liberal o conservador) actuaron como si fuesen la misma cosa. Pero no lo son.
Con el gobierno socialdemócrata de Gustavo Petro podemos decir que tenemos la oportunidad de diferenciarlo, al menos conceptualmente. El gobierno de izquierda se ejerce bajo un régimen completamente ocupado por la derecha, lo que dificultad el avance de las reformas que el país necesita para pagar muchas deudas sociales pendientes.
El régimen colombiano, lo podemos definir como, un régimen autoritario, compuesto por un conjunto de instituciones a su servicio (la policía, la justicia, las FFMM, el parlamento: Senado-Cámara, medios de comunicación) y otras instituciones que desarrollan una serie de relaciones de interdependencias, en el caso colombiano, burocráticas y clientelistas.
El gobierno es una institución más del régimen político, inmersa en ese conjunto de instituciones, y puede quedarse aislado o reducirse su margen de maniobra si el régimen político es controlado por otras fuerzas políticas-económicas contrarias políticamente hablando. El Gobierno es coyuntural, tiene una duración en el tiempo y determina-dirige la política del país.
Aclaración hecha, podemos decir que el régimen colombiano con sus prácticas y funcionamiento autoritario-mafioso se ha extendido por algunos países de América Latina, y el mundo (Ucrania) ahora exportamos sicarios y mercenarios, muchos de ellos exmilitares violadores de los DDHH en Colombia, para asesinar presidentes como en Haití o asesinar un candidato presidencial en Ecuador. La marca de fábrica del régimen colombiano esta ahí, no olvidemos que en el periodo electoral en los años 90, cinco candidatos a la presidencia fueron asesinados.
El Cambio de gobierno en Colombia acelera esta extensión, no sin antes complicarla o hacerla más difícil. Lo ocurrido en Ecuador es el resultado de las primeras acciones del gobierno y la desesperación del régimen colombiano.
Gustavo Petro ha reestructurado la cúpula militar y ha hecho cambios en la dirección de la Policía nacional, esto ha tenido un impacto altamente positivo como son los resultados de las perquisiciones y decomisos de cocaína que en seis meses han alcanzado en cifras, lo que un gobierno del régimen liberal-conservador hace en dos o tres años. Los policías-militares corruptos que trabajan para los diferentes clanes o carteles han sido llamados a calificar servicios (destituidos), lo cual ha cortado la protección institucional de las FFMM al accionar de los carteles mafiosos.
Esto los tiene desesperados hasta el punto de obligarlos a buscar nuevas rutas para el procesamiento y embarque o exportación de la droga. El Urabá, Tumaco, la Guajira, el Puerto de Buenaventura y otros puntos estratégicos siguen funcionando, pero ahora con este gobierno con más dificultad.
El gobierno nacional, si bien no ha definido une política antidrogas integral que implique todos los temas, procesamiento, producción, exportación, blanqueo de capitales, etc., sí ha mejorado el accionar de las fuerzas militares contre los carteles.
En Tumaco, la ocupación del río Mira por los carteles de la droga, entre ellos el cartel de Sinaloa, que ha logrado infiltrar las FFMM colombianas a altos niveles, incluso generales de tres soles están en su nómina, perfila un desplazamiento de operaciones mafiosas hasta Ecuador.
Todo esto es ocultado por los medios de comunicación y por las instituciones del Estado Colombiano que han sido permeadas por estos carteles. En Ecuador, se vislumbra el mismo modus operandi, infiltración de las FFMM, de medios de comunicación, de instituciones, de políticos, que cierran los ojos ante este fenómeno.
La muerte del candidato Villavicencio se inscribe, en este contexto de expansión de los carteles de la droga en los países vecinos. Recordemos que el candidato se había presentado públicamente como el candidato ideal para evitar esta expansión.
Paralelo a esta dinámica, el régimen colombiano teje alianzas estratégicas con la clase dirigente ecuatoriana, recordemos como desde Colombia se boicoteo al Gobierno progresista del Presidente Correa, incluso, se autorizó un bombardeo en el territorio ecuatoriano para matar un comandante de las FARC-EP. El régimen colombiano se movilizó para diabolizar a Correa como aliado a las guerrillas. Hoy podemos hablar de la colombianización del Ecuador, el régimen colombiano todavía vigente en Colombia a pesar del gobierno de izquierda es un actor importante en este proceso.
Para lavar dineros, muchos integrantes del régimen colombiano comienza a invertir en Ecuador, y no será extraño que comiencen a financiar a candidatos que cierren los ojos a esta dinámica. La intervención política del régimen colombiano ha sido clara, el fiscal colombiano Barbosa acuso al Candidato Andrés Arauz, del mismo partido de Correa, a pocos días de las elecciones en Ecuador en el 2021, de tener vínculos con ELN, este escándalo debilitó su campaña y ganó Lasso la presidencia. Ahora, la candidata de izquierda Luisa Gutiérrez encabeza las encuestas presidenciales y es asesinado el candidato Villavicencio.
La matriz de opinión en Ecuador actualmente es un escenario a la colombiana, veamos: Villavicencio es el enemigo de Correa, y Luisa Gutiérrez es la candidata de Correa, blanco es, gallina lo pone. Los medios ecuatorianos comienzan a ventilar que tras el asesinato de Villavicencio, pueden estar Correa y Gutiérrez, el objetivo es diabolizar la izquierda ecuatoriana para qué gana un candidato que sirva al régimen colombiano y a sus carteles mafiosos y de paso, evitar otro gobierno de izquierda como vecino.
Este crimen muestra el desespero del regimen colombiano. Le corresponden al Gobierno progresista de Gustavo Petro continuar su combate contra la corrupción y definir una política integral para luchar contra el tráfico de drogas, los dos pilares del régimen colombiano.
