Contexto histórico
La lucha por la propiedad de la tierra, sus recursos naturales y el control de las instituciones del Estado por parte poderosos grupos económicos y ciudadanos matriculados en los partidos liberal y conservador en contienda sectaria y fratricida fue la característica principal en el conflicto desarrollado con crudeza durante los años 50, conocido como “La Violencia”, cuando el gobierno de Mariano Ospina Pérez buscó aclimatar la paz compartiendo seis ministerios y cargos públicos con los liberales. Este intento fracasó cuando dirigentes más radicales del liberalismo no aprobaron compartir burocracia con el objetivo de retornar a la Presidencia de la República, circunstancia aprovechada por los más sectarios del conservatismo para hegemonizar las instituciones del Estado y afianzarse en el poder.
En ese entonces fue famoso el papel jugado por la Policía Nacional, purgada de liberales, vinculando mayoritariamente a conservadores fanáticos, quienes de día cumplían sus labores cotidianas con uniforme y de noche se lo quitaban para salir a saquear, violar mujeres y asesinar sádicamente a sus ocupantes, antes de incendiar casas de dirigentes y campesinos liberales a quienes despojaban de sus vidas y bienes. De esa época son los famosos por su crudeza: “Chulavitas”, reclutados en una vereda de Boyacá y los “Pájaros” del centro y norte del Valle, cuyo modelo más representativo lo encarnó el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal en el personaje basado en la vida real, León María Lozano, de su novela más reconocida, “Cóndores no entierran todos los días”, quien todos los días madrugaba a comulgar después de haber anochecido con su cuadrilla masacrando liberales de Tuluá, el corregimiento de Ceylán, veredas y municipios vecinos.
Como reacción defensiva, los liberales en regiones como el Tolima, nororiente del Cauca, Valle, Huila, Caldas, Cundinamarca y los llanos orientales, organizaron las guerrillas liberales que se enfrentaron con el Ejército y la Policía y en medio de la contienda fueron asesinados numerosos civiles de ambos partidos.
En 1953 el general Rojas Pinilla lideró el golpe de Estado conocido como la ‘dictablanda’, con el visto bueno de algunos jefes conservadores moderados y dirigentes liberales que buscaban la paz, entablando negociaciones con dirigentes guerrilleros y concretando la desmovilización de la guerrilla más fuerte y numerosa del país, encabezada en los Llanos orientales por Guadalupe Salcedo. Sin embargo un mes después de la caída de Rojas Pinilla, el 6 de junio de 1957, en Bogotá, fue asesinado Guadalupe, inaugurando así la larga lista de reinsertados víctimas de la intolerancia.
Cuando en 1958, dirigentes de los partidos liberal y conservador como paso inicial para aclimatar la paz acordaron el Frente Nacional alternándose por 20 años en la presidencia de la República, las ideas marxistas tuvieron gran acogida en la oposición, especialmente entre intelectuales, estudiantes, dirigentes obreros, campesinos y exguerrilleros de origen liberal y comunista, algunos agrupados en el MOEC, Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino y en el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, quienes alentados por el reciente triunfo de la revolución cubana acogían el modelo socialista como el ideal para gobernar al país.
De los remanentes de las guerrillas liberales que no participaron en el proceso de paz del primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, surgieron dos tendencias de grupos armados: la de los llamados ‘bandoleros’ o ‘chusmeros’, que conformaron cuadrillas para asaltar fincas, carreteras, secuestrar, violar, asesinar y saquear para beneficio de los jefes y sus integrantes, y la de dirigentes como Tirofijo, influenciados por ideas socialistas y siguiendo el ejemplo cubano planteaban cambiar la sociedad.
Durante el gobierno del payanés Guillermo León Valencia exterminaron a la mayoría de cuadrillas de bandoleros dirigidas por “Desquite”, “Sangrenegra”, el “Capitán Peligro”, entre otros de origen liberal y al conservador Efraín González. A los guerrilleros con ideas de izquierda encabezados por Tirofijo les bombardearon sus campamentos en Marquetalia, Riochiquito y Guayabero, en límites del Cauca, Huila y Tolima, toreando el avispero que al regarse por regiones vecinas dio origen a las Farc en 1964, que también se dispersaron hacia el Meta y Caquetá, y poco después nació el ELN, en el departamento de Santander y el EPL, en Córdoba y Antioquia.
Estos grupos guerrilleros además de enfrentarse a la Policía y el Ejército, asaltar poblaciones y cuarteles, a medida que se asentaban en diversos territorios también empezaron a secuestrar hacendados, empresarios y políticos y además persiguieron y asesinaron a líderes campesinos, indígenas y comunales que pertenecían a otros partidos políticos y no obedecían sus órdenes y programas. Entre dos fuegos la población campesina fue la mayor damnificada, especialmente comunidades que habitaban tierras y pueblos por donde transitaban las guerrillas pues también fueron víctimas de la persecución desplegada por las fuerzas armadas, cuyos oficiales formados por militares estadounidenses, en la “Doctrina de la Seguridad Nacional, consideraban a la mayoría de los habitantes de ‘zonas rojas’ de ‘colaboradores de la guerrilla’ , siendo sometidos a férreos controles en sus remesas, viajes y a veces fueron juzgados, condenados y encarcelados después de sumarios Consejos de Guerra, o en casos extremos, asesinados sus dirigentes.
Desde entonces las fuerzas militares y organismos de seguridad del Estado enfocaron como enemigos de la ‘democracia’ y cómplices de las guerrillas a los líderes políticos de izquierda, a los obreros que promovían huelgas desde sus sindicatos, a los dirigentes campesinos e indígenas que empezaron a reclamar sus derechos y a invadir haciendas y a los profesores y estudiantes universitarios que promovían asambleas, paros y manifestaciones públicas, a quienes además de ficharlos y hacerles seguimientos aplicaron las leyes de Estado de Sitio, vigente para encarcelarlos por ‘subversivos’ y auxiliadores de las nacientes guerrillas y a algunos los asesinaron clandestinamente.
Décadas de los 70 y 80
En la década de los 70, con el surgimiento del M19 como guerrilla principalmente urbana y el incremento de las acciones armadas de las Farc, del ELN y el EPL, más el escalamiento de la lucha por la recuperación de la tierra, promovida en nuestro departamento, por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la reacción de los hacendados, políticos tradicionales, las fuerzas militares y de organismos de seguridad del Estado fue más contundente para enfrentar a los grupos guerrilleros, a las comunidades y sus dirigentes que organizaban las movilizaciones públicas, paros y las tomas de tierras en las haciendas que ocupaban territorio de sus antiguos Resguardos.
Gracias al Estado de Sitio vigente y su reforzamiento con el Estatuto de Seguridad, adoptado desde el 6 de septiembre de 1978, durante el gobierno de Turbay Ayala, so pretexto de perseguir a los miembros del M19 que habían secuestrado a nueve embajadores en la toma a la sede diplomática de la República Dominicana y se habían robado más de 2.000 armas en el Cantón Norte de Bogotá, en todo el país se intensificó la persecución contra simpatizantes de izquierda sospechosos de pertenecer a la guerrilla, entre quienes incluyeron al nonagenario poeta Luis Vidales y a la escultora Feliza Bursztyn, interrogados en las caballerizas del cuartel de Usaquén, donde eran torturados los detenidos y al escritor Gabriel García Márquez, quien antes que lo detuvieran debió asilarse en México.
En esa oleada represiva muy a tono con la que adelantaban dictaduras militares que habían dado golpes de Estado en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile, y en su repertorio anti-subversivo incluían torturas y desapariciones, fueron juzgados en Consejos de Guerra, muchos dirigentes sindicales, campesinos e indígenas, especialmente en el Cauca, donde grupos de antiguos ‘pájaros’ reciclados del norte del Valle, empezaron a asesinar a varios comuneros y a sus asesores. Este proceder se extendió e intensificó durante la década del 80, cuando además de gobernadores y líderes de numerosos Cabildos, entre los más representativos defensores de la causa indígena, el 10 de noviembre de 1984, en Santander de Quilichao fue asesinado el padre Álvaro Ulcué Chocué, sin olvidar la ola de exterminio y desapariciones que a nivel nacional promovieron contra los militantes de la Unión Patriótica, UP, los grupos paramilitares derivados del MAS, Muerte a Secuestradores, conformado en 1980 por capos del cártel de Medellín, con el apoyo de integrantes de la fuerza pública, a raíz del secuestro por un comando del M19, de Marta Nieves Ochoa, hermana del clan de narcotraficantes y caballistas Ochoa Vásquez.
Esta andanada paramilitar de la década del 80, en el país estuvo muy ligada a la financiación de capos del cártel de Medellín y esmeralderos que en el Magdalena Medio, que para entrenar a sus hombres además de contar con personal del Ejército y Policía colombiana importaron al coronel israelí Yair Klein. Estos paramilitares además de perpetrar celebres matanzas como la de La Rochela, donde asesinaron a más de 20 funcionarios de la Procuraduría que adelantaban una investigación, mataron a más de 2000 militantes de la Unión Patriótica en todo el país y participaron en el magnicidio de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán Sarmiento (Liberal), Carlos Pizarro LeonGómez (M19), Bernardo Jaramillo Ossa (Unión Patriótica).
Como respuesta en el Cauca y suroccidente del Tolima al asesinato de los líderes y colaboradores del movimiento indígena, a mediados de los 80, surgió el grupo armado Manuel Quintín Lame, que por defender su territorio, comunidades y líderes se cruzaba y enfrentaba con las fuerzas del Estado y las guerrillas de las Farc y su disidencia Ricardo Franco, del M19 y del ELN que recién abría operaciones en el centro-occidente y sur del departamento, generando acciones armadas que afectaban a la población civil, secuestros, extorsiones y enfrentamientos entre ellos y persecución a dirigentes campesinos y comunales que no obedecían sus órdenes.
Década de los 90
En este ambiente tan signado por la violencia ejercida desde varios actores armados, legales e ilegales, proliferaron las violaciones de los derechos humanos, de distinto origen, además de los secuestros, extorsiones, torturas, desapariciones y asesinatos, llegando al extremo de crudeza en 1991, cuando un grupo de narcotraficantes vinculados al cártel de Medellín contrataron a paramilitares vinculados con Fidel Castaño y con ayuda de algunos miembros de la Policía acantonada en Santander de Quilichao asesinaron a 21 indígenas que se habían tomado la hacienda El Nilo. El 29 de mayo de 1992, en Santander de Quilichao fue asesinado Oscar Elías López, el abogado que representaba al CRIC en la investigación sobre esta masacre.
Otro hecho contra líderes sociales y campesinos indefensos que conmocionó al Cauca y al país fue la masacre de los “Uvos” en 1994, de la que el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el informe publicado en 2017 sobre el Bloque Calima, en uno de sus apartes registra: “Con el fin de evidenciar que este modus operandi, resultante de la alianza entre sectores ilegales y sectores de la fuerza pública, fue extendido al suroccidente del país, vale mencionar también la masacre perpetrada en el corregimiento de Los Uvos, del municipio de La Vega, Cauca. El 7 de abril de 1991 fueron asesinadas 17 personas (14 hombres y tres mujeres) que, posteriormente, fueron presentados como guerrilleros de las Farc dados de baja en combate, por parte del Batallón José Hilario López de Popayán, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército, (El Tiempo, 1995, 9 de diciembre). En una zona donde persistían conflictos agrarios entre campesinos y terratenientes, esta unidad militar, en compañía de dos presuntos informantes, perpetró la masacre y alteró la escena de los hechos para hacerla aparecer como perpetrada por grupos guerrilleros presentes en la zona.
A partir de los casos expuestos, es posible identificar algunos factores de continuidad entre los episodios de la primera mitad de la década de los noventa y el contexto de la llegada del Bloque Calima entre 1998 y 1999, en el cual se mantenían los conflictos territoriales entre sectores sociales, políticos, grupos armados ilegales y fuerza pública.”
Y precisamente repitiendo los ciclos o andanadas de violencia contra comunidades campesinas, indígenas y urbanas y sus líderes sociales, a nivel nacional desde mediados de los 90, con el impulso que desde la gobernación de Antioquia les dio el equipo de gobierno encabezado por Álvaro Uribe Vélez a las cooperativas de autodefensa Convivir, en su alianza con otras similares de hacendados, narcotraficantes y ganaderos de Córdoba, Cesar, Atlántico, Magdalena y otros departamentos y con asesoría y vinculación de personal activo y retirado de la Policía y las Fuerzas Armadas, se consolidaron las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quienes diseñaron una estrategia de expansión territorial por todo el país para combatir a los grupos guerrilleros y de paso apoderarse de grandes extensiones de tierra y de las zonas y rutas claves para procesar coca y exportarla, ejecutando numerosas masacres y asesinatos de líderes sociales.
Las AUC y el Bloque Calima en el Cauca
Al Cauca, los paramilitares de las AUC, llegaron en 1999, a la región del norte del departamento donde los ingenios necesitaban expandir sus cultivos de caña de azúcar y numerosas industrias estaban instalando sus fábricas acogiéndose a los beneficios económicos brindados por la Ley Páez.
Sobre la motivación para traer a las AUC al suroccidente del país, en el libro publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2017, puede leerse: “El Bloque Calima de las AUC no fue una estructura armada endógena, con arraigo y expresión de la conflictividad social regional. Se trató de una fuerza exógena, de la exportación de tropa de las AUC acordada y negociada en términos de sus apoyos con algunos sectores de la élite económica especialmente agraria y ganadera del Valle, de la mafia del narcotráfico y con coordinación y apoyo logístico y de inteligencia de personas y estructuras del Ejército, la Armada y la Policía. El grueso de las jefaturas o comandancia y el núcleo principal de la tropa provino de la ACCU en su versión de expansión nacional a nombre de las AUC, el cual fue determinante principal en la actuación violenta contra determinados sectores de la población y en el despliegue militar regularizado.”
Acerca del modus operandi de estos grupos el informe del CNMH, dice: “la incursión paramilitar combinó repertorios de violencia de exterminio, ataques con homicidios, masacres y desapariciones forzadas tanto selectivos como indiscriminados pero enfocados contra determinados sectores y territorios. Esto generó a la vez desplazamiento forzado, amenazas, crímenes sexuales y violencia por motivo de género, sometimiento de poblaciones a través de hechos de terror e instalación de un régimen de ocupación, de coerción e intimidación que en algunos casos se acompañó de acciones de búsqueda de legitimación con interferencia en actividades sociales y obras públicas. Estos hechos buscaban romper los nexos entre la población y las guerrillas, cerrarle corredores de tránsito y de suministros logísticos y copar territorios”.
Sobre la manipulación de las instituciones para preparar la entrada del Bloque Calima en el documento en el numeral 81, en la página 153, del informe No 2 de la CNMH, se lee:
“Vale aclarar que Juan Fernando Bonilla Otoya entró a reemplazar al gobernador electo para el período 1998-2000, Gustavo Álvarez Gardeazábal, quien fue acusado y condenado por enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico y fue destituido en el mismo mes que entró a operar el Bloque Calima. Álvarez Gardeazábal, elegido con 700.000 votos derrotó a Carlos Holguín Sardi de la elite política tradicional del Valle del Cauca. Por su trayectoria política en el centro del departamento contaba con el respaldo de sectores campesinos fortalecidos durante la década de los noventa y había realizado pactos y acuerdos con grupos armados presentes en la zona. Por esta razón, el exmandatario afirmó en una contribución voluntaria que si no lo hubieran destituido no hubiera ingresado el Bloque Calima en 1999 (CNMH-DAV, contribución voluntaria, entrevista Gustavo Álvarez Gardeazabal, 2015, noviembre 20, Tuluá).
Páginas más adelante sobre algunos de los empresarios del Valle y del Cauca que ‘importaron’ a las AUC de Córdoba y Urabá, en el documento del CNMH se lee: “Salvatore Mancuso afirmó que el político conservador Carlos Holguín Sardi – quien fue gobernador del Valle del Cauca entre 1992 y 1994, congresista en varias oportunidades y ministro del interior del gobierno de Uribe entre 2006 y 2008- le pidió llevar las Auc al departamento en 1996 ante la creciente actuación de la guerrilla. Según el jefe paramilitar, Holguín se reunió en la finca “Cinco Tres”, ubicada en Tierralta (Córdoba), con Carlos Castaño y el empresario Rodrigo García Caicedo, político conservador y expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba. El encuentro se había presentado gracias a la intermediación del empresario Edgar Lenis Garrido (quien fue Presidente de Avianca y gerente de Conciviles y Pastas la Muñeca). Mancuso contó que los empresarios dijeron estar dispuestos a apoyar económicamente a los grupos paramilitares, pero que Carlos Castaño les advirtió que sin los recursos del narcotráfico era imposible mantener una guerra de esa magnitud.”
Sobre otros financiadores del Bloque Calima más adelante el documento del hoy peleado Centro de Memoria Histórica consigna:
“HH asumió la comandancia del Bloque Calima en julio de 2000, lo que significó una ampliación de sectores financiadores de la estructura armada y un incremento del monto exigido a las élites legales e ilegales que aportaban. Según declaró HH, al llegar a la comandancia lo que hizo fue comenzar a buscar recursos económicos para expandir al Bloque Calima. En primera instancia se reunió con varios empresarios, quienes acordaron entregar 250 millones de pesos a alias Gordo Pepe (Byron Alfredo Jiménez Castañeda) exsecretario de Vicente Castaño. Entre los asistentes estaban María Clara Naranjo Palau, gerente del ingenio San Carlos; Bernardo Tezna, gerente del ingenio San Carlos entre 2003 y 2004, Andrés Orozco compañero sentimental de Naranjo; Luis Fernando Castro, ganadero y expresidente de la Plaza de Toros de Cali; el hacendado e industrial payanés Manuel Mosquera Castro, pariente del exgobernador del Cauca Juan José Chaux; y el periodista Mario Fernando Prado. La reunión fue auspiciada por el empresario Edgar Lenis Garrido y se llevó a cabo en la finca Corcovado, que estaba ubicada en Buenos Aires (Cauca) y era propiedad de Manuel Mosquera. (Verdad Abierta, 2015, 28 de octubre)”
Otro cabecilla desmovilizado de las AUC, hizo la siguiente confesión:
“Las autodefensas llegaron al Valle del Cauca por solicitud de empresarios, ganaderos y cañeros, quienes enviaron un emisario de nombre Edgar Lenis, a hablar con Carlos Castaño, con el objetivo de montar un grupo de AUC que ellos lo financiaban. Toda vez que estaban cansados de la guerrilla, ya que en el secuestro de La María en Cali habían sido víctimas de ellas. “En versión libre, Jesús Ignacio Roldan Pérez alias (Monoleche) entregó detalles del este flagelo”. Agregó que los Castaño enviaron sus emisarios, entre ellos Diego Vecino, a sostener una reunión en la finca del ganadero Fernando Castro –conocido como El Tori Castro- a la cual además asistieron “Edgar Lenis, Jorge Humberto Agredo, Javier Falaún, Ernesto Mejía Maya, Alberto Sinisterra Vélez, Leonidas Toro, Montiel Restrepo, Ibáñez de Bedout, Jaime Tascón, Jaime Betancur y el doctor Mosquera”. Indicó que los asistentes se comprometieron a aportar una primera cuota de 500 millones de pesos y a sostener a un grupo de 200 hombres, pero con la condición que no estuvieran involucrados narcotraficantes (Verdad Abierta, 2015, 28 de octubre)
Sobre vínculos de las AUC con políticos del Cauca, en el informe del CNMH, se lee: “Dentro de las articulaciones que realizó el Bloque Calima con políticos regionales se destacan aquellas que incluyen al gobernador del Cauca, para el período 2004-2007, Juan José Chaux. Según HH, Chaux sostuvo reuniones con representantes del grupo paramilitar y con miembros del Estado mayor de las AUC. “El señor gobernador tuvo vínculos con ‘Fernando Político’, quien era representante político del Bloque Calima. Estuvo conmigo en una cumbre de la autodefensas en Urabá, en la finca La 21, en donde estábamos todos los comandantes de autodefensas hablando sobre la política del país y una posible negociación de Carlos Castaño” (Verdad Abierta, 2015, 28 de octubre). “Además de las reuniones, el exgobernador habría adelantado negocios ilegales con HH y habría contado con el apoyo del Bloque Calima en la campaña electoral en la que fue elegido gobernador, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia abrió investigación e inició juicio en abril de 2015 (verdad Abierta, 2015, 28 de octubre; Semana, 2015, 21 de abril). Desde 2000, Chaux y su tío Manuel Mosquera habrían servido de intermediarios para que el BC pudiera contactar a personas de la élite del Valle con fines de financiación del grupo paramilitar (El Espectador, 2009, 20 de mayo)”.
El Bloque Calima, de 1999 al 2004, ejecutó 119 incursiones armadas en las que asesinó a más de tres mil personas y generó desplazamientos masivos, especialmente en zonas rurales de municipios del norte del Cauca, la mayoría de víctimas en Buenos Aires, (masacre del Naya), Suárez, Morales, Piendamó, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto y Puerto Tejada y después en Cajibío, Popayán, El Tambo, Timbío en el centro y El Patía, Mercaderes y Balboa en sur del departamento y López del Micay, Guapi y Timbiquí en la costa Pacífica.
Asegurado el dominio de importantes regiones del país por las AUC y las fuerzas armadas y después del ascenso de Álvaro Uribe a la presidencia de la República en 2002, gracias al respaldo de un importante grupo de senadores, representantes a la Cámara, diputados, alcaldes y concejales que después fueron vinculados a las investigaciones a la llamada “parapolítica” por sus relaciones con comandantes de las AUC, el gobierno nacional impulsó el proceso de Justicia y Paz ofreciéndoles garantías a los jefes paramilitares y a sus subordinados para que se desmovilizaran.
Coronado este proceso, por varios años disminuyó la ola de ola masacres y asesinatos selectivos agenciada principalmente por las AUC, con apoyo de sectores de las fuerzas armadas contra las Farc y otras guerrillas en medio de la lucha librada en varios departamentos por controlar territorios y rutas claves para su permanencia y el narcotráfico.
Con el Plan Colombia y la política de seguridad democrática agenciados durante los ocho años de los gobiernos de Uribe y los primeros cuatro de Santos, las Fuerzas militares mejor entrenadas y armadas debilitaron el accionar y control guerrillero en vastas zonas del país mediante acciones como el fortalecimiento de la inteligencia, los bombardeos a sus campamentos, detención de comandantes y guerrilleros y control territorial de puntos clave. En este proceso oficiales y subordinados del Ejército cometieron los llamados ‘falsos positivos’ caracterizados por abusos contra comunidades y delitos como el asesinato de civiles, principalmente jóvenes engañados con falsas promesas de trabajo, transportados lejos de sus lugares de origen para matarlos, ponerles prendas de guerrilleros y armas para contarlos como “bajas en combate” y así poder recibir, junto con sus comandantes, recompensas en dinero, vacaciones y ascensos en el escalafón.
Sin embargo después de consolidados los gobiernos Uribe el primero de Santos, los asesinatos selectivos y especialmente los cometidos contra los llamados “líderes sociales” disminuyeron significativamente con relación al periodo comprendido entre 1995 y 2004 cuando operaron con fuerza las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Al concentrarse en San José del Ralito la mayoría de comandantes y militantes de las AUC para negociar su desmovilización con el gobierno de Uribe, disminuyeron las acciones armadas de este grupo, pero continuaron a menor intensidad, entre los que no se vincularon al proceso de paz ofrecido por el gobierno y los que permanecieron en la clandestinidad manejando negocios ilícitos vinculados al sicariato, el narcotráfico, incluido el micro-tráfico en las grandes ciudades, la extorsión, secuestro, el control de presupuestos en municipios y departamentos donde habían ayudado a elegir alcaldes y gobernadores y sobre la minería ilegal que ya había hecho su aparición a mayor escala con uso intensivo de maquinaria y químicos contaminantes.
Así fue como los no desmovilizados de las AUC en alianza con los ‘sobrados’ de los cárteles de Medellín, Cali y del norte del Valle, conformaron los “Rastrojos”, “Urabeños”, las “Águilas Negras”, entre otros grupos, dedicados principalmente a patrocinar el cultivo de coca, procesarla en laboratorios y transportarla al exterior en alianza con cárteles mexicanos, compitiendo con frentes de las Farc y el ELN quienes también se financiaban con estas actividades más la extorsión y el secuestro. Las comunidades y líderes comunitarios que no les colaboraban en estos negocios ilícitos fueron perseguidos y atacados por estos grupos armados con un saldo de numerosos asesinados y desplazados.
En 2010, cuando el presidente Santos fue reelegido, se salió del tutelaje del expresidente Uribe y decidió negociar la paz con la cúpula de las Farc, el ambiente político en el país se polarizó entre los partidarios de mantener la guerra y los amigos de la negociación. Entre los puntos a negociar en La Habana como condición a la desmovilización de las Farc se plantearon temas álgidos como la restitución de miles de hectáreas de tierras, ganados y bienes de las que después de sus masacres y amenazas se habían apoderado las AUC en varios departamentos del país, al igual que las guerrillas. También la titulación de miles de hectáreas ocupadas por colonos y terratenientes en zonas a las que no llega el Estado, de Ejidos y otros territorios. Además se planteó la sustitución de cultivos de coca y el control a la minería ilegal.
Para preparar el agenciamiento de políticas que aceleraran los puntos clave del acuerdo de paz, el segundo gobierno de Santos creó entidades como la Oficina de Restitución de Tierras y otras coordinadoras de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y de restitución a las víctimas del conflicto entre otras.
Al reaparecer los sobrevivientes de las masacres a reclamar sus antiguas propiedades quienes se habían posesionado de ellas a la brava o “de buena fe”, y políticos y directivos gremiales que respaldan a ganaderos y hacendados que hoy las ocupan, no estuvieron de acuerdo, misteriosamente reaparecieron las amenazas firmadas por grupos como las “Águilas Negras” difundiendo comunicados con términos muy similares a los que años atrás usaron las AUC, calificando de comunistas y aliados de la guerrilla a quienes reclamaban la devolución de sus propiedades y recientemente amenazando de muerte a los senadores senadores de la Alianza Verde Antonio Sanguino, Claudia López y Ángela Robledo, al excandidato presidencial Gustavo Petro y al precandidato a la Alcaldía de Bogotá, Antonio Navarro Wolf, entre otros y además empezaron a asesinar a hombres y mujeres que lideran la Restitución de Tierras, al igual que a promotores entre sus comunidades de la sustitución de cultivos de coca y a los que a dirigir panfletos amenazantes contra los críticos del presidente Duque y del expresidente Uribe.
En el Cauca a estos factores que atentan contra la seguridad de los líderes sociales, se sumaron los conflictos que tradicionalmente sostuvieron los cabildos indígenas con los diversos grupos armados circulando por sus territorios y con propietarios de predios que reclaman para ampliación de sus resguardos, entrando el pueblo nasa del norte del Cauca en disputa con los cultivadores de caña de azúcar.
A todo este sancocho de conflictos multicausales, después que el gobierno de Santos firmó el acuerdo de paz con las Farc, ante la demora del Estado en copar en el Cauca los territorios que antes ocupaban los frentes y columnas de guerrilleros, las “disidencias” de las Farc, más otros grupos como el ELN y los ‘Pelusos’ del EPL se asentaron en el nororiente del departamento para controlar rutas del negocio del narcotráfico y la minería ilegal, afectando la movilidad, vida cotidiana de los habitantes del campo y poblaciones cercanas, como Corinto, Toribío, El Palo, Caloto, Suárez, Cajibio, El Tambo, Santander de Quilichao, Argelia, Guapi, Timbiquí y López del Micay, entre otros municipios y principalmente amenazando la vida de los líderes sociales que se oponen a la minería ilegal, están de acuerdo con la sustitución de cultivos de coca, no obedecen sus órdenes y de los cuales varios han sido amenazados y asesinados.
En este río revuelto, la epidemia de crímenes contra los líderes sociales se extiende sin respuesta efectiva de los investigadores y de las entidades de protección, después que la Fiscalía y el ministro de Defensa las consideraran como “casos aislados, líos de faldas, o faltos de sistematicidad”.
En este trabajo los compañeros del grupo amplían con cuadros estadísticos, entrevistas, videos, infografías, crónicas, mapas interactivos y otros recursos de multimedia, los registros recientes del asesinato de líderes sociales en el departamento del Cauca, con Antioquia y Nariño uno de los más afectados del país.
* Texto escrito para el trabajo multimedia Radiografía del Cauca 2018, elaborado en grupo para el diplomado de Periodismo Digital y Nuevas Narrativas, orientado por la Universidad del Cauca.
