Ante el fracaso de varias de sus proyectos en el Congreso de la República, el presidente Petro ha estado insistiendo en la propuesta de la constituyente, como lo hizo el 15 de marzo en Cali. ¿Qué tan factible es? La convocatoria de una asamblea constituyente, como lo sabe cualquier estudiante de derecho, debe ser tramitada por el mismo Congreso actual, en el que Petro no ha podido hacer aprobar algunas de sus reformas.
Dos meses después, el mandatario propuso convocar un referendo, mecanismo aún más difícil, pues requiere no solo ser aprobado por el Congreso, sino además que en él participe por lo menos el 25% del censo electoral, más de nueve millones de personas, y que lo sea aprobado por la mitad más uno. Cualquiera de los dos mecanismos exige un trámite que culminaría en mayo de 2026, tres meses antes de las próximas elecciones presidenciales.
En apoyo a sus teorías, Petro se basó en las peregrinas interpretaciones hechas por Álvaro Leyva, quien arguye que como el acuerdo con las Farc tiene un carácter supraconstitucional, el gobierno puede saltarse el trámite parlamentario. La interpretación fue ampliamente rebatida por diferentes sectores y pronto archivada, a pesar de que Petro la esgrimió en varias intervenciones públicas.
La última ocurrencia de Petro fue tramitar su agenda mediante el mecanismo del fast track, que no existe en la Constitución. En el pasado se llamó así al procedimiento determinado por el Acto Legislativo No 1 de 2016, al establecer un artículo transitorio en la Constitución y ordenar que fuera usado por una sola vez y en forma transitoria.
Aquel Acto Legislativo permitía al ejecutivo presentar proyectos de ley con solo cuatro debates en lugar de los ocho previstos para una reforma constitucional. El artículo limitaba la función del parlamento para enmendar el texto, que solo podría hacerse con visto bueno explícito y previo del Ejecutivo. Además, se debía votar en bloque, lo que limitaba la labor parlamentaria si alguien quería aprobar o rechazar partes del texto.
El Acto Legislativo supuso un acuerdo político tendiente a flexibilizar los métodos para reformar la Constitución. Fue la respuesta institucional a la propuesta de las Farc de convocar una Asamblea Constituyente.
Una parte importante del Acuerdo se quedó por fuera o se hundió en el Congreso, en parte porque el gobierno no radicó los proyectos necesarios para implementar el punto 1 del Acuerdo, es decir, la Reforma Rural Integral (RRI). Pero también porque los principales estatutos legales que debían ser aprobados mediante este mecanismo estuvieron envueltos en intensas controversias, como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (Ley 1957 de junio de 2019), objetada por el Gobierno. En otras palabras, el fast track resultó ser un mecanismo poco efectivo y que no produjo el efecto esperado para poner en práctica el Acuerdo con las normas del caso. De hecho, otros estatutos que desarrollan elementos esenciales encaminados a aplicar el Acuerdo, como la Ley 1922 de 2018, “Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz”, se tramitaron por fuera de la vigencia del fast track y con el procedimiento legislativo ordinario.
En virtud de las facultades extraordinarias que le confió el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, el presidente Santos también podía expedir decretos con contenido material de ley que desarrollaran lo pactado con las Farc-EP, sometidos a su vez a la revisión automática de la Corte Constitucional. Bajo esta modalidad se expidieron 35 decretos legislativos que permitieron solventar aspectos importantes del Acuerdo, relacionados especialmente con la integración de los excombatientes de las Farc-EP a la vida civil.
El fast track propuesto por Petro ni es rápido ni es eficaz. Mucho menos con una bancada minoritaria en el Congreso
El fast track de 2016 se tradujo en unas facultades extraordinarias al presidente para asumir funciones que correspondían al legislativo. Este a su vez debía adoptar las medidas para incorporar los acuerdos a la legislación vigente. Pero la Corte permitió que los legisladores enmendaran las propuestas del Ejecutivo, lo cual volvió más ineficaz el mecanismo transitorio, pues si el gobierno lo presentaba comenzando la legislatura el 20 de julio, el trámite duraría mínimo un año y la puesta en práctica otro más.
En resumen, el Fast Track propuesto por Petro ni es rápido ni es eficaz. Mucho menos con una bancada minoritaria en el Congreso, a dos años de culminar el mandato presidencial y con una multitud de temas, entre ellos, una modificación de la normatividad fiscal y administrativa. Nada puede sustituir los acuerdos en el Congreso.
Muchas de las propuestas de Petro no cuentan todavía con consensos y están muy en borrador. Presentarlas como hechos cumplidos ante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU es por lo menos extravagante, dado que la ONU no interviene en las políticas internas de los Estados.
Más insólito aún que el nuevo ministro de Gobierno, Juan Fernando Cristo, quien al parecer se enteró por la prensa de la propuesta del fast track, esté hablando de que la eventual Constituyente la haría un nuevo gobierno, que no se sabe cuál será.
Las propuestas gubernamentales, u obedecen a una ignorancia inexcusable, o se trata de un intento deliberado de confundir a la opinión con miras electorales, o pretenden ocultar los graves problemas de corrupción, incertidumbre y malas cifras de la economía.
Propuestas inviables, incoherentes, dispersas, no elaboradas y a todas luces improvisadas al calor del deseo de protagonismo en los medios pueden entusiasmar al petrismo purasangre, pero están desilusionando a cada vez mayores sectores.
