Arturo Char y su abogado Juan David Riveros se sumergieron entre expedientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de una fórmula jurídica que les permitiera frenar la investigación abierta por la Sala de Instrucción de la Corte contra excongresista por delitos relacionados con corrupción electoral.
Dieron con el caso Liakat Ali Alibux, exministro de Finanzas y Recursos Naturales de Surinam, condenado por el delito de falsificación, cometido durante su ejercicio del cargo de 1996 a 2000. A pesar de que el ex dignatario fue condenado por la justicia de su país, la Corte Interamericana descalificó la decisión porque no fue respetada la garantía de la doble instancia. La lección que para ellos se desprendía de allí es que las decisiones de fondo de las altas cortes sí podían ser objeto de recursos que pudieran llevar a su modificación.
Rescataron el argumento y lo plasmaron en una acción de tutela presentada contra la sala de la Corte Suprema encargada de instruir los procesos y de acusar, cuando encuentre méritos para hacerlo. La tutela busca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Según ellos, esos derechos habrían sido vulnerados a partir del momento en que la Sala rechazó una solicitud de nulidad contra el auto de apertura de investigación presentada el 23 de enero de 2023. El 13 de marzo siguiente la misma sala negó un recurso de reposición y se abstuvo de tramitar el de apelación. Tampoco surtió efecto un recurso de queja presentado por el exsenador contra esas decisiones.
En medio de esa batalla jurídica la defensa se quejó de que también estaba siendo desconocido el precedente sentado por la Corte Constitucional cuando encontró viable la precedencia de un recurso de apelación contra la sentencia impuesta al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en el caso de Agro Ingreso Seguro.
Al contestar la tutela presentada ante la Sala Penal, los magistrados que hacen parte de la sala de instrucción citaron varios autor y sentencias en los que la misma corporación ha dejado en claro que los recursos de apelación no caben cuando se trata de decisiones tomadas durante la etapa de instrucción.
La tutela no prosperó. Para la Sala Penal de la Corte Suprema una interpretación sistemática del Acto Legislativo 01 de 2018, permite establecer que la voluntad del legislador fue garantizar el derecho a la segunda instancia solo frente a las decisiones adoptadas en la fase de juzgamiento.
“(Eso) resulta explicable si se tiene en cuenta que en estas materias existe libertad de configuración legislativa y que lo pretendido fundamentalmente con la reforma fue separar las funciones de investigación y juzgamiento, para que quedaran en cabeza de Salas Especiales autónomas, y garantizar los derechos a la doble instancia y doble conformidad frente a fallos condenatorios”.
Esta es la segunda batalla que pierde Arturo Char ante la Corte en el último mes. Ya había fallado en un intento por conseguir que sus investigadores se declararan impedidos después de que él los recursos por una supuesta animadversión en contra suya.
El excongresista viene dando su pelea desde Miami, a donde viajó poco después de que hubiese sido llamado a indagatoria. Él ha dicho que no es verdad que está empleando maniobras dilatorias o que quiera eludir a la Corte, sino que simplemente está luchando por hacer valer sus derechos.
Los incidentes que ha venido protagonizando incluyen enfrentamientos con la también excongresista Aída Merlano
Ella quiere convertirse en la principal testigo de cargos contra Char y aunque ha anunciado la entrega de pruebas contundentes ante la Corte, su comparecencia también se ha visto aplazada por varias razones.
Como lo ha registrado Las2Orillas parecería haber una competencia entre ambos para ver cuál de los dos vuelve primero a la Corte y cuál de ellos destapa primero sus cartas.
Mientras Char aduce supuestas violaciones a sus garantías, Merlano se declara perseguida y amenazada de muerte. También ha denunciado que mientras estuvo confinada en la cárcel del Buen Pastor fue sometida a torturas y a maltratos. Así logró que fuera autorizado su traslado a una unidad militar en la costa atlántica.
La tutela fallada en contra de Char fue producto de una decisión tomada por los magistrados Fabio Ospitia Garzón y Luis Antonio Barbosa. Su colega Hugo Quintero Bernate apoyó lo esencial de la decisión, pero aclaró su voto.
El caso va para largo porque ahora la tutela irá a una eventual revisión ante la Corte Constitucional.
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