Colombia ha mantenido una política económica desde 1990 en el contexto de la oleada mundial del libre comercio producto de la superación de las ataduras políticas mundiales con la caída del muro de Berlín.
Así entramos en el "bienvenidos al futuro" de la apertura económica de César Gaviria, la nueva constitución del 91 llena de derechos pero especialmente de normas de libre comercio y, así mismo, los TLC especialmente los de EE.UU. y la UE.
Y en este marco se llega al gobierno de Juan Manuel Santos quien desde 2011 expresa su interés de ingresar al llamada club de los ricos que conforman los 34 países agremiados en la OCDE, a lo cual le responden con una invitación a hacer parte de esta organización en 2013.
Y como en toda actividad de cualquier club, a la entrada le exigen unos requisitos. Estos requisitos no son cosa distinta a cumplir los estándares internacionales de la moda mundial del libre comercio.
Para ello la OCDE constituye 23 comités especializados ante los cuales el gobierno debe pasar al tablero para ser evaluado.
El gobierno nacional consideró que en máximo dos años haría la tarea y definió para ello todo un tren burocrático nacional e internacional.
En este entorno se hicieron reformas tributarias, marcos fiscales, nuevas leyes laborales, privatizaron empresas, ordenaron comisiones de sabios en tributación y gasto del estado, promovieron reformas administrativas y nuevas institucionalidades, etcétera, etcétera, es decir todo cuánto se les ocurrió "recomendar", léase exigir, a los tecnócratas de la OCDE, que no es nada distinto al recetario neoliberal ya reconocido.
Desde un principio el sindicalismo se opuso a dicho ingreso argumentando la inconveniencia para el país dadas las exigencias, de una parte y de otra, por que solo reflejaría el arribismo político del gobierno y una presencia exótica. Como se dice "en el lugar equivocado".
Esto lo ha afirmado el sindicalismo por los estragos que el libre comercio ha traído al país en lo económico, social y laboral.
Destrucción de la industria, el sector agropecuario, el trabajo nacional, acompañado de desempleo, precariedad laboral y violación permanente de los convenios de libertad sindical de OIT.
De los 23 comités ya han sido evaluados y "acordados" 22.
El número 22 correspondió al de empleo y asuntos sociales que solo lo aprobaron el pasado 23 de marzo en París, después de una larga y enconada discusión que el sindicalismo nacional encabezado por la CUT, CGT y CTC y acompañado por el sindicalismo mundial representado en la CSA y la CSI, dieron frente a la OCDE haciendo ver que el gobierno nacional no cumplía ninguna de las exigencias que en materia de empleo, seguridad social y libertades sindicales le hacían o se habían comprometido con la OIT, EE.UU. y la UE entre otros, en las circunstancias en que se lo demandaban para firmar acuerdos de intención o TLC.
Ante lo cual, les advertimos al comité de OCDE, el gobierno no dudaría en firmar otro compromiso más, con tal de lograr su arribista propósito.
Digamos entonces, que si bien no logramos enredar más el ingreso a la OCDE, sí logramos que este punto laboral y el ingreso fuera discutido durante no dos, como pensaba el gobierno, sino cinco años, ganando tiempo que se ha aprovechado para develar los verdaderos propósitos de las "recomendaciones" OCDE y el carácter de sometimiento del actual gobierno.
En los compromisos para el nuevo gobierno con la OCDE quedan regresivas reformas, a saber, una tributaria, una pensional y otra de mayor flexibilización laboral, que para que quede claro su alcance, ya han sido reclamadas por el Consejo Gremial Nacional (Andi, Fenalco, Sac, Asobancaria entre otros) en su agenda 2018-2022.
Y por si fuera poco en el último comité número 23, , el comercial, el señor Donald Trump está exigiendo tres asuntos claves que le quedaron pendientes en el TLC: mayor protección a las patentes(propiedad industrial), en medicamentos se reclama que los decretos expedidos por el ministerio de salud, que controlan los precios de los medicamentos importados en enfermedades crónicas sean derogados. La tercera exigencia sería anular la cláusula del decreto del gobierno concertado con los camioneros de reposición de camiones 1a 1, es decir uno nuevo por uno chatarrizado, con lo cual los gringos podrían vender camiones nuevos o usados indiscriminadamente.
No sobra acá señalar la doble moral de Trump, reclama libre comercio para nosotros, pero proteccionismo para ellos al elevar los aranceles.
En suma el gobierno gringo ha manejado el ingreso de Colombia a la OCDE, como es de esperarse, de acuerdo a sus intereses. EE.UU. no tiene amigos sino intereses. Y en todo esto el gobierno colombiano, ayer y hoy, se ha comportado subordinado a esos intereses en desmedro de las mayorías nacionales.
Así se estaría "en el lugar equivocado".
Y no dudemos, este es un tema para los candidatos presidenciales. Y para ello debemos estar con quienes sean críticos de las "recomendaciones" de la OCDE.
* Miembro del comité ejecutivo de la CUT
