En Colombia no solo se despliega un terrible exterminio de los líderes sociales y los derechos humanos y de los que fueron miembros de la guerrilla de las Farc, sino también se le aplica la más asombrosa aplanadora a los derechos de los movimientos y partidos de oposición como la Colombia Humana que lidera Gustavo Petro.
Más de 350 líderes populares han sido asesinados en los últimos meses por grupos paramilitares ligados a las cúpulas de poder en todos los niveles y casi 100 integrantes del partido organizado por las Farc han sido acribillados en sus hogares y sitios de tránsito político a la paz.
El hecho más reciente en esa trama violenta y marcada por el despotismo autoritario es el desconocimiento de los derechos del movimiento Colombia Humana que en los últimos comicios presidenciales respaldó la candidatura de Gustavo Petro.
No obstante que las elites colombianas se jactan de representar un régimen democrático casi perfecto, su red de instituciones procede con parámetros totalitarios e iliberales.
En efecto, el denominado Consejo Nacional Electoral, cuyo control lo ejercen las facciones más corruptas de la partidocracia oficialista y las mafias regionales de la politiquería del Caribe, de Bogotá, de Antioquia y del Valle del Cauca, es una verdadera cloaca saturada por las prácticas más podridas del clientelismo, la compra-venta de cargos y la vulneración de los derechos políticos, ha tomado la decisión de desconocer la personería jurídica, no obstante los más de ocho millones de votos que la respaldan, lo que significa el desconocimiento de sus derechos consagrados en el Estatuto de la Oposición recientemente adoptado por ley en el marco de la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc.
Todas estas arbitrariedades y actos inicuos ocurren a pesar de que el Estado se ha comprometido constitucionalmente a implementar los textos de paz, especialmente aquellos que se relacionan con la ampliación y profundización de la democracia, lo que implica garantías para las fuerzas de oposición y para los movimientos sociales que en el ámbito extraparlamentario despliegan importantes acciones en defensa de sus prestaciones y prerrogativas sociales.
Lo que acaba de ocurrir es parte de una estrategia para bloquear la construcción de la paz y destruir las corrientes de oposición y alternativas al régimen oligárquico neoliberal en camino de una amplia recomposición mediante la reforma tributaria que se pretende implantar para profundizar el saqueo de los trabajadores y de los propios recursos fiscales del gobierno que van a parar a los bolsillos de los corruptos personeros del régimen del señor Iván Duque, el actual presidente que fue escogido por Uribe, quien se encuentra muy encartado con múltiples procesos judiciales, los cuales muy seguramente terminarán con él en la cárcel, dada la gravedad criminal de sus ilícitos.
Sin embargo, la correlación de fuerzas materializada por las recientes votaciones permite proyectar grandes batallas del movimiento popular para colocar a la defensiva el bloque dominante que, en cabeza de Duque y Uribe, quiere hacer retroceder la historia nacional a las peores épocas de violencia y despotismo plutocrático.
