El 28 de octubre de 2020, la ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC, Karen Abudinen, adjudicó uno de sus proyectos estrella, la más grande de conectividad rural del país, que además se había vuelto indispensable por la pandemia: más de 14 mil colegios oficiales y sus comunidades saldrían beneficiados.
Los centros digitales son espacios en donde se provee el servicio de acceso a internet, principalmente en sedes educativas de carácter público, ubicados en zonas rurales y/o apartadas del país, con dos zonas de acceso inalámbrico wifi: uno 'interior' que beneficiará a la institución pública y otro 'exterior' que dará conectividad gratuita a la comunidad aledaña.
Ante la magnitud del proyecto, el gobierno dividió el país en dos zonas y el 9 de diciembre de 2020, la ministra Karen Abudinen, adjudicó la licitación, y dio un parte positivo: "La adjudicación de este proyecto fue un proceso serio y transparente que se desarrolló en estricto apego a la contratación estatal".
La zona A, fue adjudicada al operador Comcel S.A. (Claro Colombia), por valor de $ 1,06 billones, y contempla 7.468 centros digitales en Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
La zona B, que tuvo como ganador al operador Unión Temporal Centros Poblados, por valor de $ 1,07 billones incluyeron 7.277 centros en Amazonas, Arauca, Bogotá, D.C. Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
No habían pasado cinco meses, cuando a finales de mayo de 2021, se conoció que la UT Centros Poblados empezó a retrasarse con la entrega de los puntos de conexión a los colegios. Cuando se les convocó a una audiencia de incumplimiento para hacer efectivas las garantías que habían presentado para la legalización del contrato con el Banco Itaú, se descubrió que las garantías eran falsas porque la entidad financiera nunca las expidió.
Ahí se inició una de los más grandes escándalos de este gobierno. MinTIC había autorizado a principios del 2021, el giro a la Unión Temporal Centros Poblados, de $ 70.243 millones del anticipo, de los cuales $58 mil millones fueron girados a una cuenta del Citibank de una compañía en Delaware, (Estados Unidos) y el resto fue girado a Incelsa S.A.S., una empresa colombiana con cuenta en el BBVA.
Ante la crisis desatada, la ministra Abudinen ordenó la caducidad del contrato y denunció los hechos ante la Fiscalía. Sin embargo, no aguanto la presión política y social, luego de un más de un mes de controversia y de la apertura de una investigación formal en la Procuraduría, el jueves 9 de septiembre presentó su renuncia.
La nueva ministra, la abogada Carmen Ligia Valderrama Rojas, llegó con el mandato de solucionar un problema que tenía un alto componente jurídico, para lo cual realizó tres movidas que buscaban la recuperación del anticipo.
Primero, decretó el embargo definitivo de bienes y maquinaria por el valor de la cláusula penal del contrato, por $ 39.000 millones. Se decretó el cobro coactivo, embargos de inmuebles, lotes y maquinaria amarilla, bienes que seguirán un proceso de remate para captar los recursos de la cláusula.
Segundo, se liquidó el contrato con Centros Poblados, un proceso necesario con extensos términos contemplados en la ley, que toma tiempo puesto que se debe respetar el debido proceso y el derecho a la de defensa, evitando cualquier fallo que se preste para futuras demandas.
En tercer lugar, una vez liquidado el contrato, arrancó el proceso de cobro coactivo del anticipo, el cual también tiene sus etapas, de carácter persuasivo primero, para que pagaran por las buenas, lo cual no ocurrió, por lo que se les notificó el no pago y se expidió el mandamiento de pago, que obliga a los entes judiciales, a recaudar los dineros o los bienes materiales de Centros Poblados, los cuales debe rematar para convertirlos en recursos y devolverlos al Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTic).
En paralelo, la ministra Valderrama se enfocó en asignar nuevamente la zona B y así rescatar la totalidad de contrato para poder cumplir con la promesa de conectividad del gobierno Duque al país, lo que finalmente llevó a entregarle el pasado 19 de mayo la Zona B a la Unión Temporal ETB Net Colombia Conectada.
Debido a toda la problemática que se presentó con la UT de Centros Poblados, el proyecto en la zona B tendrá un atraso en el cronograma de año y medio e irá hasta el año 2031. Se mantiene el Valor total del contrato por $ 1.072.552.301.475, la velocidad de 6 Mbps (megabits por segundo) y los 18 meses ofertados. Sin embargo, con el mismo dinero se atenderá un 37 % menos de centros digitales (688 menos) de acuerdo con la oferta inicial de la UT ETB Net Colombia. La fase de operación de los primeros 1.545 Centros Digitales se estima que inicie a partir de diciembre de 2022.
Con la asignación a la Unión Temporal ETB Net Colombia Conectada conformada por ETB y Skynet, el gobierno Duque confía de esta forma poder rescatar la promesa original de conectar 10.000 veredas y corregimientos ubicados en 1.102 municipios y áreas no municipalizadas de 32 departamentos, proveyéndolas de internet gratuito hasta el año 2030.
