Pasados cien días del gobierno Petro todavía no se nombra un director en la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la entidad responsable de adelantar todos los procesos de reinserción, reintegración y reincorporación.
Es una pieza que le falta al rompecabezas de la paz total, ya que con posteridad a las fases de negociación política y sometimiento colectivo a la justicia -y suponiendo que estos procesos concluyan con el desarme de los combatientes- la ARN será esencial para consolidar los objetivos de la paz total, especialmente para evitar el reciclaje de nuevas violencias y reducir los índices de deserción.
Sin duda, la ARN resulta transversal a cualquier esfuerzo de paz que se haga a lo largo y ancho del país, por eso sorprende que, a estas alturas, cuando el Congreso ya expidió la Ley de paz total y se reiniciaron las negociación con el ELN, la entidad se encuentre acéfala y sin claridad sobre su dirección en relación con el proceso de reincorporación de las Farc y, además, los que eventualmente se puedan surtir con los guerrilleros del ELN y miembros de las organizaciones multicrimen de alto impacto (disidencias, Clan del Golfo., etc.).
Inicialmente se debe precisar que la ARN fue resultado de una reestructuración de la Agencia Colombiana de Reinserción (ACR), una entidad creada durante el segundo gobierno Uribe para facilitar la ruta de reinserción de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y a desertores de las guerrillas, ese enfoque fue cuestionado por las Farc en La Habana, pues la guerrilla consideraba que la ACR era una agencia diseñada para los paramilitares y al servicio de la contrainsurgencia, pues ciertamente condicionaba la ruta de reinserción de los desertores a la delación y el apoyo a la Fuerza Pública en operaciones estratégicas.
En medio de un intenso tire y afloje, el gobierno Santos y las Farc acordaron reestructurar la institucionalidad para la reincorporación. Así, la ACR se transformó en la ARN, se instaló el Consejo Nacional de Reincorporación -con participación paritaria de exguerrilleros y gobierno- y se creó la Unidad Técnica para la Reincorporación.
Estos cambios repercutieron en las rutas de atención, tradicionalmente individuales, pues la extinta guerrilla pasó a tener un papel relevante en la aprobación de la política de reincorporación, priorizando (con una finalidad tanto política como identitaria, la ruta colectiva-cooperativa sobre la individual).
No obstante, los balances sobre las trayectorias de las rutas de reincorporación dan cuenta de una preferencia mayoritaria de los exguerrilleros por la ruta individual frente a la colectiva, lo que se acentuó en los últimos años debido a los problemas de sostenibilidad y acceso a tierras de algunos proyectos colectivos asociativos.
Para algunos integrantes de la extinta guerrilla, la ARN nunca abandonó esa naturaleza contrainsurgente heredada de la ACR y durante el gobierno Duque su misionalidad se empeñó en desgranar el colectivo de la “comunidad fariana” favoreciendo las rutas individuales.
En contraste, algunos sectores críticos al acuerdo de paz consideran -muy en contravía de lo que piensan muchos exguerrilleros- que la ARN está diseñada a la medida de las Farc. Aunque esto no resulta siendo del todo cierto y así se puede apreciar en la señalada tensión por las rutas, no se puede desestimar que el Consejo Nacional de Reincorporación -donde solo tienen asiento delegados de Farc, el gobierno y la comunidad internacional- es un regulador e interlocutor de la reincorporación social y económica al interior de la ARN.
Pensando en las posibilidades de la paz total, la ARN debe potenciar el proceso de reincorporación de las Farc -urge crear el Sistema Nacional de Reincorporación de acuerdo a los lineamientos del Documento conpes 3931 de 2018- y adecuar parte de su institucionalidad para construir nuevas rutas pensando en quienes se acojan a la negociación política o al sometimiento colectivo a la justicia en el marco de la paz total.
No tiene sentido sumar peras con manzanas, especialmente en relación con el ELN o las disidencias, ya que no se podría pensar en su eventual reincorporación con una institucionalidad previamente concertada con las Farc.
La clave se encuentra en fortalecer el frente de atención a los exFarc y conforme se vaya avanzado en los procesos de negociación política y sometimiento colectivo a la justicia, habilitar nuevos espacios de interlocución más ajustados a las expectativas de los actores a desmovilizar. Tampoco se puede descartar crear nuevas entidades en las regiones y concentrar los esfuerzos de la ARN en el proceso de los exFarc.
Solo podremos conocer esa perspectiva cuando el presidente Petro nombre un director en propiedad en la ARN y así ponga una pieza clave en el rompecabezas (literal) de la paz total. ¿Hasta cuándo presidente?
