En un país donde la violencia ha sido protagonista durante generaciones, ¿son acaso los que se afanan como “colombianos de bien” aptos para portar legalmente un arma? Maria Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático, cree que sí. De hecho, admite que los colombianos estamos “a la merced del crimen” y que por ello se debe permitir el porte de armas en el país.
Lo que quizá no sabe la senadora es que en Colombia el porte de armas no ha necesitado de la legalidad para funcionar como un negocio redondo, especialmente en el comercio del mercado negro.
Nada más, remontándonos al pasado de nuestro país, en 2006 se decomisaron 3261 armas, de las cuales 429 estaban sin salvoconducto, y las que se habían retenido, pese a su legalidad, se habían hecho por tener permisos vencidos y por su indebido uso en estado de embriaguez.
Conseguir un arma es relativamente fácil, de hecho, según el periódico El Tiempo, en un archivo editorial, para el año 2006 un revolver se conseguía en $600.000, incluso se podía alquilar por la módica suma de $200.000, un negocio redondo por donde se quiera mirar.
Que la población civil pueda tener posesión de armas nunca ha sido una buena idea, clara muestra de ello ha sido EE. UU y sus tiroteos frecuentes con decenas de muertos inocentes gracias al porte legal de armas, protegida bajo la Segunda Enmienda de su antiquísima constitución. Pero para no trasladarnos miles de kilómetros al norte del continente tenemos de muestra nuestro propio reflejo; Colombia no ha sido un país inherente al suceso, sin embargo, y pese a que no es legal el porte de armas en nuestro país recordamos con agravio decenas de masacres y miles de asesinatos que tenemos a la vuelta de la esquina; comprar un arma se hace, entonces, un acto relativamente fácil.
c Miremos: nada más en lo corrido de 2019 se registraron 12.825 asesinatos en el país, según datos de Ministerio de Defensa, correcto indicador que demuestra la inseguridad que vive en colombiano en su cotidianidad, pero entonces, ¿es este un justificante decisivo para que se legalice el porte de armas en el país?
Las armas son, en la mayoría de ocasiones, un elemento que pone en peligro la vida, no solo de su portador, sino de sus más cercanos. La facilidad de consecución ilegal de estas es debido a lo recóndito de su procedencia, su ruta, por ejemplo, en Bogotá es la siguiente: según el periódico El Tiempo, organismos de inteligencia han analizado que revólveres y pistolas que ingresan a la capital del país arriban por vía aérea desde San Andrés, Miami y Panamá. Llegan camuflados en electrodomésticos y sus piezas, en muchas ocasiones, son distribuidas en piezas diferentes, siendo difíciles de localizar para las autoridades y aunando la situación de contrabando de armas en el país.
Katherine Aguirre y Jorge A. Restrepo han evidenciado en su investigación El control de armas como estrategia de reducción de la violencia en Colombia: pertinencia, estado y desafíos’, que “gran parte de la violencia ocurre con armas de fuego; ya sea en los homicidios, en las lesiones personales, en los suicidios o en los accidentes, las armas de fuego cobran la vida y lesionan a miles de personas cada año en el país”.
Más allá de que si se debe legalizar o no el porte de armas en Colombia, lo que se debe analizar es la repercusión que esto podría traerle al sistema social; no estamos preparados para tener un arma en nuestros hogares, al menos no en nuestro panorama cotidiano. Si bien en Estados Unidos se coleccionan pistolas, acá guardamos las fotos en pelota de nuestros hijos y les damos como regalo de navidad pistolas de agua para que jueguen al ladrón y policía, caricaturizando el panorama bélico que vivimos a diario y normalizando el hecho de que tener un arma es muestra de hombría y poder.
La violencia en Colombia nos tiene marcados y la prenderemos como llavero durante generaciones. No somos conscientes, y creo que ningún humano lo es, de los efectos colaterales que un arma puede tener en el hogar; de hecho, David Hemenway, profesor de Harvard expuso a la BBC que “cuando se tiene un arma en casa, esta se usa más a menudo contra la propia familia y no contra un extraño que ha entrado"; que esta, además, tiene más riesgos que beneficios, uno de ellos: “triplica el riesgo de suicidio", añade Hemenway, por lo que tener este tipo de elementos resulta más contraproducente que beneficioso y solo trae peligros para quien jamás pensó en su vida portar, incluso con miedo, un artefacto que solo tiene como fin arrebatar una vida.
Y es que según cifras oficiales conocidas por El Tiempo las solicitudes de armas legales han venido en descenso desde 2009, cuando solo fueron autorizadas en el país 2.059.
En 2014, cada día en promedio 5 personas al día llegaban ante el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos a comprar un arma legal; tan solo durante los primeros 5 meses de ese año se autorizaron 742 solicitudes. Hoy en día esa cifra ha disminuido considerablemente debido a la restricción de porte de armas, incluso, con salvoconducto.
Pensaría entonces, que la exposición de Cabal, en este caso, supondría más una posible estrategia para dinamizar nuevamente la industria armamentística en el país, que una preocupación con principios por la seguridad de los colombianos, pues siendo consecuentes con sus principios de politóloga debería estar preocupada más por los efectos colaterales que la posesión de un arma tendría sobre la población del país, que en los beneficios inexistentes que tiene la tenencia de estas.
Debería ella, como profesional política, pensar mejor en una estrategia eficaz para el desarme de población con armas ilegales y la entrega de armas con salvoconducto para disminuir los riesgos de exposición al peligro de tener una en el hogar, en lugar de promover su uso.
Creo que la senadora no piensa tanto en el bien del colombiano, solo quiere que la violencia armamentística, esa que ha desangrado al país, por lo menos, por cuatro o cinco generaciones, siga su curso para que la “seguridad democrática” continue en pie de lucha y su sed política siga teniendo influencia en las urnas de votación. Estrategia política le dicen.
