Recusado. Esa palabra sigue al magistrado Armando Novoa desde que se posesionó en el Consejo Nacional Electoral. Recusado. La escuchó en la votación sobre la discusión para permitir que las curules afro no fueran exclusivamente para personas negras. Recusado. Le dijeron cuando intentó participar en la votación sobre el registro de directivos del Centro Democrático.
Recusado es la palabra técnica para callarle la boca a un magistrado, como le ocurre sistemáticamente al magistrado Novoa, el bicho raro del Consejo Nacional Electoral, una de las instituciones más politizadas del país con un gran poder: definir la suerte final de los elegidos de acuerdo a sus campañas, así como la de los partidos políticos en Colombia.
Recusado volvió a escuchar en marzo y fue tal vez una de las veces que más le dolió, cuando el Consejo Nacional Electoral lo apartó de las investigaciones sobre la eventual financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en el 2014. Sin la participación de Novoa, los ocho magistrados que deben dar una respuesta al país el 25 de julio, parece que dejaran que se venzan las fechas.
La investigación contra Zuluaga es liderada por Alexander Vega, ha sido dilatada al extremo, y se ven más distantes cada vez la posible multa sobre Zuluaga y su partido, el Centro Democrático, e incluso de haber terminado la investigación podrían impedir que este partido registre candidatos para las elecciones del 2018. Tienen casi mil folios de investigación.
Pero el caso de la campaña de Santos 2014 es un poco más extremo. El fiscal Martínez anunció que existe la posibilidad de que a la campaña entraran USD 1 millón por parte de la misma empresa, Odebrecht, pero en el CNE esta investigación está en manos de la conservadora Ángela Hernández, y no hay casi ningún tipo de avance.
Pero fue el caso de la campaña de Santos del 2010, tal vez, el más aberrante. Novoa había recibido, por sorteo, el caso que, como había pedido públicamente el mismo Santos, permitiría al CNE levantar la caducidad para poder investigar los USD 400,000 que se gastaron en 2,5 millones de afiches de la campaña. El Consejo tenía ya las pruebas enviadas por el Fiscal, pero Novoa estaba dando otra pelea perdida: lo volvieron a recusar, y esta semana el resto de magistrados decidieron que no era posible levantar la caducidad. No se podría investigar.
Los otros ocho magistrados actúan casi siempre en bloque. Y para nadie es un secreto que, de acuerdo a la posición que suelen tomar según lo quieran los partidos tradicionales que los nombraron, iban a juzgar al vencimiento de términos para evitar comprometerse con el posible delito electoral en que incurrieron las campañas. El Fiscal Néstor Humberto Martínez les trasladó el caso sin investigar las consecuencias penales de la posible entrada de recursos de Odebrecht a sendas campañas a pesar de las declaraciones de los testimonios de directivos de la brasilera y del excongresista Otto Bula en el caso de Santos.
Desde el día que Armando Novoa pisó la sala supo que su suerte estaba marcada por la exclusión y confrontación. No pudo posesionarse junto a los otros magistrados porque estaba en un congreso de constitucionalistas en Uruguay, y cuando llegó a la sede del Consejo Nacional Electoral se enteró que no le habían asignado un carro oficial. No lo saludan y el ambiente suele ser incómodo. Aunque los permanentes desplantes no dejan de ser incómodos, Armando Nova, quien llegó en agosto del 2014 con el apoyo del Partido Verde y de un sector del Polo, está fogueado en la pelea.
La adhesión de la candidata del Polo Clara López a Juan Manuel Santos para la segunda vuelta le abrió la puerta a un magistrado de los grupos minoritarios: el turno fue para Novoa.
Llegó al Concejo Nacional electoral gracias a la coalición de grupos de izquierda alrededor de la candidatura de Clara López que adhirió a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta y que le dio el triunfo final sobre Öscar Iván Zuluaga en el 2014. Cuando se escogieron las planchas de quienes integrarían el Consejo Nacional, los partidos minoritarios lograron poner un nombre en una de las planchas: Armando Novoa, quien consiguió llegar, gracias a los votos de la Unidad Nacional.
Nació en Bogotá en 1958, pero su adolescencia la pasó en Cali, esa Cali tropelera y sindicalista donde eran comunes los paros de los corteros protestando contra los azucareros de los años 70. Un grupo de profesores de la Universidad Santiago de Cali como Jaime Galarza, Alciviades Paredes y, sobre todos, Fernando Cruz Kronfly influyó en su interés por el trabajo con las organizaciones sociales. Pronto dejó la Usaca, sumida en huelgas permanentes, para matricularse en El Externado en Bogotá, la universidad de pensamiento liberal por excelencia donde mandaba el debate de ideas promovido por su rector Fernando Hinestrosa.
Como estudiante fue representante de la Unión Nacional de Estudiantes junto con el asesinado José Antequera y desde allí fueron varios los paros que impulsaron frente a un rector como Hinestrosa que reaccionaba obligándolos a escuchar un monólogo de 2 horas sobre poesía republicana. Eran los tiempos del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y ellos bajaban por toda la calle 12 parando el tráfico, mientras echaban discursos socialistas, logrando esquivar la policía. Solo en una ocasión terminó dos semanas en la Cárcel Distrital.
Con el cartón en la mano salió a litigar. Defendió a los sindicalistas de la Drummond, Ecopetrol, de los corteros de caña del Valle del Cauca. Y por esa época, los años 80, conoció al M-19 de una manera casual: por conducto de su novia que era prima de Álvaro Fayad, uno de los dirigentes urbanos del M-19, compartió, sin saberlo, más de una vez el apartamento donde ella vivía. Aunque siempre lo sedujo el discurso de esta guerrilla, lo separaban las armas y su distancia se afianzó con la toma del Palacio de Justicia: vio morir no solo a sus profesores del Externado, sino a jóvenes que conoció en varios movimientos sociales.
Pizarro, desde las montañas del Tolima, hizo los acercamientos para la desmovilización armada. Acá con el entonces comisionado de paz, Rafael Pardo – Foto: elespectador.com
Ese día supo que nunca podría ser guerrillero. Pero acudió a la cita que le puso Pizarro en las montañas del Tolima. Era 1988, y tuvo que caminar 3 horas desde el Guamo, Tolima, guiado por un combatiente de las FARC. Entonces estaban unidos los subversivos en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Pizarro lo había citado para proponerle que fuera el asesor jurídico de la desmovilización del M-19. Novoa aceptó y luego formó parte de los asesores de la Alianza Democrática M-19 en el proceso constituyente. Fue presidente del Congresito, y su gran lucha fue porque en la Constitución del 91 se incluyera la tutela.
Su cercanía al M-19 le ha costado la macartización en medios como el portal Los Irreverentes que tiene un perfil suyo titulado El Magistrado que nunca se desmovilizó, que sus contradictores en el Consejo electoral ponen a circular cada vez que se da un conflicto de posiciones, como ocurrió cuando alertó sobre la urgencia de investigar al precandidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, para buscar descalificarlo.
Novoa no ha alcanzado a hacer ni el 20% de lo que se propuso. De allí su desespero para acudir a la última arma que le queda: la opinión pública. Asegurarse que queden claras sus posiciones, así terminen derrotadas, pero que siempre deja por escrito, y que se conozcan públicamente los términos del debate.
Seguirá dando las peleas que lo dejen. Que pueda. Frente a esa amalgama indescifrable que es el Consejo Nacional electoral, Novoa decidió desmarcarse. Aunque no es mucho lo que pueda hacer frente a la imbatible aplanadora de las mayorías, insiste en hacer oír su voz con un propósito: desenmascarar uno de los órganos más importantes para la democracia pero que está coptado por una politiquería solo busca mantener el statu quo y cerrarle el paso a las minorías.
@jjjaramillo2
