Las movidas de Ariel Palacios Calderón han tenido un propósito: sacar beneficios personales. Así fue como desde que comenzó su carrera pública,enfiló baterías hacia el sector de la Salud onda encontraría un buen espacio para subir escalones. Empezó trabajando en las empresas de Salud de Riosucio y Bojayá, su tierra natal, logrando la visibilidad necesaria para lanzarse frontalmente a la política. En 2001 logró la Alcaldía de Bojayá con el respaldo del representante a la Cámara, el liberal Édgar Ulises Torres, entonces el todopoderoso en la región, quien terminaría condenado en 2011 por parapolítica.
Era el alcalde cuando ocurrió la terrible masacre del 2 mayo de 2002 en la que murieron 79 personas atrapadas en la iglesia y aunque Palacios no estaba en su pueblo le toco la debacle que siguió la atención de más de cien heridos y los desplazamientos masivos. No se le recuerda por su liderazgo en momentos de tanto dolor, pero si por haber aceptado, de espaladas a la gente el traslado del pueblo rivereño a la parte alta del municipio y rebautizarlo como Bellavista por orden del presidente Pastrana, en la víspera de dejar su gobierno después de su visita extemporánea. Concluido su período de ingrata recordación decidió regresar al sector de la Salud como gerente de la EPS Barrios Unidos de Quibdó.
Si bien la EPS se expandió bajo su gerencia logrando contratos fuera del Chocó, en Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca donde llegó a prestar el servicio en 13 municipios, tuvo que salir de este departamento por orden de la Superintendencia por las quejas a masivas de usuarios por los malos servicios. La EPS lo trasladó a Barranquilla donde vivió algunos años, sin embargo, aún a la distancia mantuvo su ojo puesto en la política local.
Palacios siempre ha sido un alfil del partido liberal en el Chocó, de allí que cuando en el 2018 el representante a la Cámara, Nilton Córdoba, jefe del Partido en el departamento le propuso ser candidato a la gobernación, no dudó en aceptarlo, a pesar de haber estado lejos de su tierra. Córdoba buscaba mantener el poder regional que tenía con el gobernador Johany Palacios y quería un sucesor con un buen record de estudios y experiencia como el de Ariel Palacios con tres especializaciones —administración pública, finanzas y gerencia en servicios de salud— y experiencia en este sector.
El representante Nilton Córdoba y el Ariel Palacios Calderón.
El padrino del gobernador suspendido, el representante Córdoba, no es exactamente el mejor ejemplo de rectitud en sus actuaciones públicas. Actualmente está siendo investigado por el Cartel de la Toga después de que el propio Luis Gustavo Moreno lo acusara de haber pagado $ 200 millones al despacho del exmagistrado Gustavo Malo para salvarse de un proceso por lavado de activos cuando fue alcalde de Medio Baudó.
Para lograr su candidatura a la gobernación y enfrentar al tradicional cacique Patrocinio Sánchez Montes de Oca, el aspirante Ariel Palacios logró el respaldo no solo de la maquinaria liberal sino el coaval de los partidos Verde, Conservador y los cristianos de Colombia Justa Libres. El dossier del exgobernador Sánchez Montes de Oca —condenando por corrupción y jefe del clan político familiar del que también hace parte su hermano Odín Sánchez, excongresista condenando por parapolítica— poco le sumó.
Con más de 72 mil votos, Palacios llegó a la Gobernación para continuar con la gestión de su antecesor. Y llegó pisando fuerte.
La amenaza del COVID—19, cuando Córdoba llevaba solo dos meses largos en el cargo, fue la oportunidad para activar su experiencia en el sector salud. Ambientó la movida que se planteaba hacer y desde el pasado 3 de abril advirtió en una entrevista en El Tiempo su preocupación por la posible llegada del virus al Chocó: "sin casos aun en el Chocó debo reconocer que no cuento con la infraestructura para atender una eventual emergencia". Pero al parecer, esa no era su verdadera preocupación o la de ponerse al día con el salario de los 230 trabajadores del Hospital Departamental de Chocó San Francisco.
La Procuraduría, respaldada por la Contraloría y la Fiscalía, encontró que el gobernador estaba en otra cosa.
Doce días después de esta declaración estaba firmando un contrato por $2.091 millones con la Fundación Chocó Saludable para adelantar jornadas y capacitaciones preventivas contra la pandemia.
Aconsejado por su secretario de Salud, Carlos Tirso Murillo, investigado también por presuntas irregularidades en otro contrato por $130 millones, el gobernador Palacios firmó el contrato con la representante legal de la Fundación, Delly Karen Mosquera para su ejecución inmediata e iba hasta el 30 de mayo. incluía pagar cuñas radiales e imprimir miles de afiches para promocionar las sesiones educativas por todo el departamento, al tiempo que los trabajadores de la salud, con los médicos al frente, pedían con plantones y protestas ayudarlos ante las pésimas condiciones de los hospitales.
La Fundación Chocó Saludable beneficiada con los $2.091 millones en un departamento desfinanciado y carente de todo, no presenta en su razón social ninguna actividad relacionada con el sector de la salud.
El Procurador Fernando Carrillo actuó con prontitud. Frenó el contrato y suspendió por tres meses al gobernador Ariel Palacios, el primero de varios que están siendo investigados por los entes de control y la Fiscalía por actuaciones en el marco del enfrentamiento a la pandemia. Con esta decisión no solo lo aparta del gobierno para que no pueda interponerse a la investigación, sino que evita que se sigan cometiendo despropósitos como derrochar millonarios recursos en un departamento que apenas cuenta con 3 unidades de cuidados intensivos que están en manos de los privados.
El encargado por el Presidente Duque para ocupar el cargo es Jéfferson Mena, quien venía desempeñándose como coordinador del Plan de Reacción Integral de la Estrategia Zona Futuro en el Pacífico nariñense, cargo que depende del Departamento Administrativo de Presidencia y antes había trabajado con Guillermo Rivera en la oficina del Alto Comisionado de Paz.
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