Tekia, filial de Argos dedicada a la reforestación, denunció penalmente preocupantes casos de falsos reclamantes de tierras en la región de los Montes de María.
La denuncia se formula en el marco de procesos administrativos de restitución de tierras previstos en la Ley de Víctimas.
Tekia, filial de Argos dedicada a la reforestación, con más de 30 años de actividades forestales en Colombia, ha presentado denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por graves casos de posibles falsos reclamantes de tierras en la región de los Montes de María.
En cumplimiento de sus políticas corporativas de responsabilidad ciudadana, Tekia ha entregado a las autoridades penales competentes las pruebas que soportan su denuncia. Dichas pruebas indicarían que reclamantes de tierras no reúnen los requisitos para acceder a la restitución, toda vez que habrían permanecido en la región y habrían adelantado allí actividades comerciales agrícolas y ganaderas, incluidas entre otras, la intermediación y adquisición de predios rurales.
Argos y Tekia son partidarias de la correcta aplicación de las normas legales previstas en beneficio de las víctimas del conflicto armado de Colombia y ratifican expresamente su apoyo al Gobierno Nacional en la ejecución de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Gestión forestal de Argos
Argos adelanta en varias zonas de Colombia proyectos de reforestación a través de su filial Tekia (antes Reforestadora del Caribe), para compensar su huella ambiental, en el marco de su política de sostenibilidad que busca siempre el equilibrio entre rentabilidad económica, desarrollo e inclusión social y la responsabilidad ambiental. Para ese fin se han invertido más de 120 mil millones de pesos y se han sembrado 6.400 hectáreas al cierre de 2013, generando 550 empleos y beneficiando a más de 55 mil personas.
Argos está presente en los Montes de María atendiendo la convocatoria del Estado contenida en diferentes documentos de política social Conpes, en los que se plasmó la necesidad de fortalecer la inversión privada en las regiones afectadas por la violencia, para fomentar así la reconstrucción del tejido social.
