Cristian Moreno Garzón era veterinario, tenía 27 años y se encontraba en Argentina realizando un posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Su caso abrió todo un debate en el país austral sobre qué tan preparado está el sistema de salud de Argentina para atender problemas de salud mental, que suelen ser criminalizados en lugar de atendidos.
El joven vivía en una pensión en La Plata, a las afueras de Buenos Aires. Una noche sufrió un brote psicótico y, en lugar de llamar al servicio de salud mental, llamaron a la policía para que lo detuviera. En lugar de llevarlo a un centro psiquiátrico, lo llevaron a una comisaría.
Fue al día siguiente, gracias a los otros detenidos, que recibió atención psiquiátrica. Un equipo de psiquiatras confirmó su estado y lo medicaron. Sin embargo, en lugar de llevarlo a un centro de salud mental, lo regresaron a la comisaría.
Dos días después un juez determinó que, por no poder hablar, no estaba en condiciones para una audiencia. Por lo tanto, fue enviado directamente a una prisión. Allí, el pasado 20 de diciembre, recibió una golpiza que aún no está claro si se la propinaron los otros detenidos o los mismos guardias del lugar. Cristian estuvo en coma hasta días pasados, cuando finalmente murió.
Su madre, para acompañarlo en sus últimos días, tuvo que pedir ayuda a la ONG Colombia Humana, en Argentina, y a su familia. El joven había recibido la libertad en días pasados. Sin embargo, su caso fue noticia en el país austral porque deja en evidencia las fallas del sistema de salud para atender problemas mentales que suelen ser judicializados en lugar de atendidos de la manera correcta.
