En poco más de un mes Alberto Fernández, el presidente de Argentina, realizó dos operaciones políticas de gran alcance y al mismo tiempo de signo político opuesto. La primera fue el anuncio de que había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que fue condenado de inmediato por la oposición tanto nacionalista como de izquierda que lo tildaron de “claudicación”. Porque supone la legalización de hecho del préstamo de 44.000 millones de dólares concedido por el Fondo al presidente Macri en junio de 2018, a escasos meses de concluir su mandato.
Préstamo que consideran ilegal porque fue aprobado por orden directa del presidente Trump en un tiempo récord y saltándose el propio reglamento interno del Fondo. Ilegitimidad de origen agravada por el hecho de que el préstamo no fue aprobado por el Congreso Nacional Argentino, tal y como lo establece su Constitución política y porque en pocas semanas los 44.000 millones de dólares se desvanecieron literalmente en el aire. Se apoderaron de ellos especuladores y grandes empresas nacionales y extranjeras que los utilizaron para exportar sus ingentes beneficios a cuentas de bancos situados en el primer mundo o en guaridas fiscales. Apenas una ínfima parte ingresó en las arcas nacionales por lo que tamaño préstamo – el más grande concedido en toda su historia por el FMI- no redundó en inversiones productivas ni benefició a ningún proyecto de contenido social.
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Al préstamo de 44.000 millones de dólares lo consideran ilegal porque fue aprobado por orden directa del presidente Trump en un tiempo récord y saltándose el propio reglamento interno del Fondo
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De allí que fueran numerosas las voces provenientes de un amplio espectro político que pidieron que la deuda se declara “odiosa”, siguiendo en precedente sentado por los Estados Unidos en el primer tercio del siglo pasado, cuando declaró odiosas las deudas con España contraídas por el gobierno colonial de Cuba antes de su independencia, así como las contraídas con un banco británico por el gobierno autoritario de Costa Rica de entonces.
En los dos casos el gobierno de los Estados Unidos argumentó que dichas deudas no se debían pagar porque habían sido contraídas sin la aprobación de los representantes políticos elegidos democráticamente de ambos países. Otras voces se limitaron a pedir una suspensión inmediata de pagos en espera de los resultados de una auditoria de la misma realizada por una comisión internacional de expertos, semejante a la constituida en su día por el presidente Rafael Correa del Ecuador, cuyas conclusiones permitieron reducir la deuda externa de dicho país en más de un tercio.
La otra gran operación política del presidente Fernández fue la de realizar en la primera de semana de febrero de un viaje a Rusia y China que no pudo menos que contrariar al gobierno de Washington empeñado actualmente en aislar económica, política y diplomáticamente a esas dos potencias. Ni Fernández ni nadie podía pasar por alto de antemano la irritación que le causaría a Biden que se reuniera con el Vladimir Putin en una coyuntura en la que él está movilizando todos los recursos de los Estados Unidos y de sus aliados, subalternos y satélites en contra de Rusia, a la que acusa de estar preparando la inminente invasión de Ucrania. Como tampoco que su cordial encuentro posterior con el presidente Xi Jianping supondría un abierto desafío al “bloqueo diplomático” impuesto por Washington a los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en China. La actuación de Fernández fue aún más lejos. Al “escándalo” de sus encuentros con dos líderes políticos demonizados diariamente por la prensa fiel a los dictados de Washington, sumó su petición de ingresar en los BRICS, la asociación de Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica que despierta todo menos las simpatías del gobierno norteamericano. Y la de ingresar en el formidable programa de inversiones realizadas en el marco de la nueva Ruta de la Seda promovida por el gobierno chino, a la que ya se han sumado cerca de un centenar de países. Ambas peticiones fueron aceptadas y gracias a ellas el presidente argentino obtuvo de China la promesa de inversiones valoradas en 24.ooo millones de dólares destinados a proyectos en infraestructuras, centrales hidroeléctricas y modernización de los ferrocarriles, así como a la construcción de la cuarta central nuclear de la Argentina.
Es posible aventurar que con estas inversiones Fernández espera reactivar la economía argentina hasta el punto de poder asumir con solvencia el pago del megapréstamo del FMI al cabo de los dos años y medio de virtual moratoria que ha conseguido con el acuerdo mencionado antes. Si así fuera haría buena la sentencia de que el camino de la independencia pasa por multiplicar las dependencias.
