Es conocida la novela histórica ¿Arde París?, escrita por Larry Collins y Dominique Lapierre, que narra los días que precedieron a la liberación de la capital francesa por las fuerzas aliadas en agosto de 1944, ya al final de la Segunda Guerra Mundial. ¡Arde la costa!, podríamos repetir en noviembre de 2022, ya no como interrogante sino como afirmación, cuando vemos desatada la inconformidad largamente larvada contra las políticas estatales en el servicio eléctrico y, en consecuencia, de las tarifas eléctricas. La totalidad de la población y el sector productivo de la región caribe estamos indignados.
Se trata de la respuesta a una política llevada a cabo sistemáticamente al son de la globalización neoliberal de los últimos treinta años, desde Gaviria hasta Duque. Se empezó debilitando adrede a Corelca, la empresa industrial y comercial del Estado, una EPM de la costa, integrada verticalmente con todos los eslabones de la cadena eléctrica, generación, transmisión, distribución y comercialización.
Corelca fue una de las primeras víctimas de las Leyes 142 y 143 de 1994, al socaire del artículo 365 de la Constitución, que abrió la puerta a la privatización de los servicios públicos con el móvil fundamental de la rentabilidad, patentado por el principio rector de la “suficiencia financiera”.
En el año fatídico de 1998 se le entregaron a una empresa con sede en Caracas las siete electrificadoras de sendos departamentos costeños, con la solitaria protesta de los trabajadores agrupados en Sintraelecol.
Dos años después llegó la trasnacional Unión Fenosa. Fueron dieciséis años de pesadilla, tan desastrosa que tuvo que intervenir la empresa el gobierno de Santos. Pero fue Duque el que sazonó las mieles para entregar en bandeja de plata los activos e infraestructura de Electricaribe. Una empresa valorada en unos seis billones de pesos le fue feriada a AIR-E por ínfimos $285.000 millones en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y a Afinia-EPM en $320.000 millones en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. Poco más del 10% de su valor pagaron los dichosos nuevos dueños.
¿Qué hay detrás de este negociado? Se saben los efectos, desastrosos, pero están por develarse las causas, los contratos firmados por el gobierno de Duque con dichas empresas a principios de 2020, cuando se iniciaba la pandemia, y protegidos con cláusulas de confidencialidad.
El jueves 27 de octubre pasado, en una reunión de sectores sociales, ligas y Frentes de Usuarios en la Universidad Reformada de Barranquilla, escuchamos de parte del nuevo Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, que apenas “hace una semana el gobierno había conocido estos contratos y cláusulas de confidencialidad”. En presencia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la ciudadanía le solicitó entonces al doctor Quiroga dar a conocer tan importantes documentos, sin que hasta la fecha lo haya hecho.
Lo cierto es que en solo dos años de haber llegado las dos empresas a prestar los servicios eléctricos de distribución local y comercialización, las tarifas se han desbordado alrededor de 50% de aumento en solo el último año, según el Dane.
Se le está aplicando a la costa el régimen especial tarifario aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, plasmado en las Resoluciones CREG 010 de 2020, 078 y 079 de 2021, que contemplan los cobros anticipados en la tarifa del plan de inversiones futuro y el aumento descomunal de las pérdidas eléctricas reconocidas, incrementadas hasta en un 600%.
No es necesario tener el olfato bien aguzado para percibir los inmensos daños que se le están ocasionando a la población de escasos recursos y a la clase media, que para pagar tales tarifas tiene que dejar de comer. También se ve perjudicado el sector empresarial.
Pequeños, medianos y grandes han empezado incluso a trasladar sus factorías a otras ciudades del interior. Tanto atropello ha llevado a organizar el Frente Amplio de Usuarios del Caribe con las ligas, Asocentros, vocales de control, comunales, cámaras de comercio, comités intergremiales, hoteleros, la iglesia, Lonjas de propiedad horizontal, federaciones de compraventas, autoridades de distinto nivel y un largo etcétera. También la Cámara de Representantes designó una Comisión Accidental, que ha venido haciendo audiencias.
Esta abigarrada y variopinta diversidad representativa de la Región Caribe se movilizará al unísono el miércoles 9 de noviembre en los siete departamentos costeños para solicitar al Gobierno nacional, lo primero, derogar el régimen especial tarifario causante de tantos males.
Además, que se establezca una Mesa de Concertación Regional para discutir con las fuerzas vivas los lineamientos tarifarios, que no se continúe imponiendo el sistema de medición AMI –no obligatorio según la ley y la Corte Constitucional–, que las dos empresas no sigan cobrando las deudas viejas de Electricaribe por ilegales, que les devuelvan a 600.000 familias de las áreas especiales del Caribe los recursos del subsidio del FOES que se embolsilló Electricaribe y que la Contraloría General de la República ya recuperó parte, unos $200.000 millones, y, finalmente, que el Gobierno nacional dé a conocer los contratos leoninos y cláusulas de confidencialidad que ya tiene en su poder.
Todo el país debe unirse a la causa de más de once millones de costeños.
*Coordinador Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Región Caribe
Barranquilla, 3 de noviembre de 2022.
