El 29 de noviembre de 2018 fue el comienzo de las protestas en Honduras por una supuesta trampa en las elecciones presidenciales que llevaron hasta el 2022 al reelecto presidente Juan Orlando Hernández Alvarado de 45 años de edad; este año se celebrarán elecciones presidenciales en El Salvador para suceder al profesor Salvador Sánchez de 75 años de edad y en 2020 Jimmy Morales Cabrera, de 50 años de edad, terminará el mandato presidencial de Guatemala. Los tres están metidos en camisa de once varas.
La tripleta de países centroamericanos, que en conjunto cuenta con unos 30 millones de habitantes, tiene muchas cosas en común: principalmente la poca credibilidad en la administración de justicia, el desplazamiento forzado, las organizaciones criminales transnacionales y el hacinamiento de cárceles.
La falta de confianza en la administración de justicia, caracterizada por la corrupción y la impunidad, determinó que en la elección de fiscales en mayo del año pasado, las Naciones Unidas pidieran a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador garantizar que el proceso fuera transparente y justo, y que los escogidos poseyeran “credenciales inmaculadas”. En El Salvador, las víctimas o sus familiares continúan sin reparar después de cerca de cuatro décadas del conflicto armado desarrollado por más de diez años. Idéntica suerte de impunidad y falta de reparación corren los guatemaltecos por la secuela fatal que dejó su conflicto armado interno (1960-1996). En esa confrontación desaparecieron muchas personas, siendo investigado numeroso personal retirado de las fuerzas armadas. En Honduras, el sistema judicial de la misma manera está salpicado de actuaciones oscuras al derecho.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de los tres países (El Salvador, Guatemala y Honduras) son continuamente amenazados por su labor en defensa de la tierra, el territorio, el medio ambiente y en contra de la minería.
Un informe de el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador (MJSP) indica que la violencia es la tercera causa de “movilidad interna” de la población en los últimos 10 años, después de razones económicas y familiares. El año pasado fueron 71 000 guatemaltecos los detenidos en la frontera sur de EE.UU.; en menos de cuatro meses del nuevo año fiscal de EE.UU. son de 60 000 detenciones de guatemaltecos en ese sitio, muchos niños y niñas solos que pretendían llegar a Estados Unidos a través de México.
La espiral de violencia es el factor principal del desplazamiento local y fuera estos países, forzada por la exclusión y los conflictos internos y transnacionales. El Salvador, con una de las tasas de asesinato más altas del mundo, es “uno de los países más peligrosos para las mujeres” (Amnistía Internacional, AI) y allí actúan dos pandillas principales: la Mara Salvatrucha 13 (MS13) y Barrio 18 (InSight Crime).
Se supone que los grupos mexicanos como Los Zetas son cercanas a las del Triángulo por su forma de actuar y de financiarse. En El Salvador, la actividad criminal en boga es la extorsión, el secuestro y la venta de drogas; en los últimos tres años, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió 46 denuncias por desaparición forzada. En Guatemala, además de los anteriores delitos, las bandas criminales se lucran con tráfico de personas, lavado de dinero, contrabando de armas y las redes de adopción ilegal. En Honduras, por su parte, pululan las pandillas, como la MS13 y Barrio 18 y “son causantes de la violencia grupos narcotraficantes locales, pandillas, elementos corruptos de los organismos de seguridad y organizaciones criminales transnacionales, principalmente de México y Colombia” (AI). En Guatemala, las organizaciones criminales son calificadas como las “más sofisticadas y peligrosas de Centroamérica”. De acuerdo a Insight Crime, “en ellas participan antiguos miembros del ejército, agencias de inteligencia y miembros activos de la policía”.
Si por El Salvador y Guatemala llueve, en Honduras no escampa la criminalidad; habiéndose hecho más cruda la situación política por el golpe de estado de hace 10 años. En ese país, donde existe una relativa estabilidad política, la policía y el ejército comúnmente son involucrados en actos de corrupción y se reclama una clase política que “debe levantar su imagen”.
De acuerdo al Banco Mundial, la causa profunda de la crisis de desplazamiento mundial desde 1991 “son los mismos 10 conflictos”, entre los que no están los países del Triángulo Norte, pero Colombia sí, conforme a ACNUR.
Finalmente, la sobrepoblación carcelaria, común en muchas naciones, está dentro del SOS de los países pequeños del Triángulo Norte. Esa circunstancia hace de esas penitenciarías saturadas sitios inmanejables, peligrosos y desde los cuales se continúa delinquiendo abiertamente.
