Son cerca de las 12 de la noche del primero de julio de 2013. Solo se escucha el ulular de la brisa que pasa y anuncia lluvia; a ratos la noche se ilumina con rayos descomunales que han hecho célebre a esta región nororiental de Colombia: El Catatumbo.
Una llamada de celular interrumpe el sueño irregular que permite, a ratos, una temperatura que no baja de 30 grados centígrados, aún en la madrugada. La llamada anuncia que cerca de 200 hombres del Ejército Nacional pasaron de manera sigilosa y secreta uno de los puntos de control que tienen los campesinos en paro, en la zona rural de Tibú.
Cerca de 20 minutos después un grupo de comunicadores independientes, acompañados de una comisión de derechos humanos y de varios campesinos en paro, hacen que lo soldados regresen por donde volvieron, a la base militar que se encuentra a dos kilómetros al norte, sin que valga la excusa de que “no sabían que existía un paro en la zona”.
Esa situación es una de las tantas que se han vivido en el Catatumbo desde hace cerca de 25 días cuando los campesinos organizados, principalmente, alrededor de Ascamcat, decidieron decirle al Gobierno Nacional que si no existen condiciones de vida dignas ellos dejarían de labrar los campos y saldrían a las carreteras para inmovilizar una región que por su posición geográfica ha sido codiciada por grupos armados al margen de la ley y por los sucesivos gobiernos nacionales que la han visto como un territorio-reserva de hidrocarburos.
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Desde que los campesinos decidieran parar y tomaran como puntos estratégicos la zona rural y la cabecera municipal de Tibú, así como la carretera que lleva a Ocaña, la tensión entre quienes están en paro y el gobierno nacional, ha ido en aumento. Es tan grande el grado de tensión existente que hace cerca de una semana cuatro campesinos fueron asesinados con tiros de fusil, que los campesinos y activistas acompañantes no dudan en atribuir a la Fuerza Pública. Además, las sindicaciones hechas por algunos ministros sobre la supuesta cercanía existente entre la guerrilla de las Farc y los organizadores del paro, son constantes.
Las reivindicaciones campesinas, que incluyen la formalización de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo (7 municipios la conformarían inicialmente, aunque en este momento solo piden que se circunscriba a Tibú), han sido desconocidas por la comisión negociadora del gobierno central. Ni el pliego, ni la metodología de discusión en la mesa han sido reconocidos por los negociadores oficiales, razones por las cuales la mesa se ha levantado en tres ocasiones y los campesinos han declinado la oferta de viajar a Bogotá a dialogar con los representantes del Ejecutivo. Ascamcat ha insistido en que el Gobierno Nacional debe ser coherente y obrar en consecuencia con el plan de desarrollo sostenible para el Catatumbo, que el mismo estado financió el año pasado. Además, debe acatar la Ley 160 de 1994 en la que se regulan y establecen las Zonas de Reserva Campesina en el país.
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En medio del calor y de un sol que a veces se asoma entre un manto de nubes que hace aún más insoportable la temperatura, los campesinos cumplen con sus turnos de vigilancia en la malograda carretera que de Cúcuta conduce a Tibú. Son varios retenes los que se deben superar para poder llegar al núcleo de la movilización; puntos que dificultan llegar al sitio en el que se encuentran los voceros de los campesinos, que cada día, de manera sagrada se reúnen con los cerca de 200 presidentes de Juntas de Acción Comunal de la región para discutir y decidir el devenir de la movilización.
Después de superados los retenes se puede arribar a un punto en el que frente a una instalación petrolera de Ecopetrol, duermen algunos de los voceros de los campesinos. Un campamento improvisado en el corredor de una casa, hace las veces de Sancta Sanctorum del paro. Es desde ese punto que salen los comunicados y las declaraciones al resto del país; siempre y cuando las condiciones climáticas permitan hacer uso de los enlaces de Internet inhalámbrico.
César Jerez, líder y vocero de Anzorc, es uno de los tantos nombres y rostros que se mueven en igualdad de condiciones por esta zona. Jerez es claro en señalar que la voluntad de diálogo y negociación del gobierno se debe ver reflejada en hechos concretos que respondan a los 4 puntos de los campesinos (inicialmente eran 10 pero como gesto de voluntad negociadora llegaron a los 4 actuales).
Para el profesor Jerez es vital que el establecimiento entienda que la creación de la Zona de Reserva Campesina es algo inaplazable debido a las necesidades vitales de los campesinos de la zona. Asimismo, señala, que es necesario que el gobierno ofrezca alternativas a los “raspachines” y pequeños cultivadores de coca, que con la erradicación no ven solucionados sus problemas; por el contrario se agudizan al carecer de una fuente estable de ingresos. Los dos puntos restantes son la financiación del plan de desarrollo sostenible del Catatumbo y la desmilitarización de la región, que desde la entrada en vigencia del Plan Consolidación ha visto como la situación de Derechos Humanos tiende a empeorar.
Un claro ejemplo de las desiguales pretensiones que tienen el gobierno y los campesinos se puede ver en las posibles soluciones al problema que plantean los cultivos ilícitos presentes en la región. Mientras los campesinos piden un subsidio de 1.500.000 mensuales para los cultivadores o “raspachines”, durante un año, el gobierno ofrece 8.000.000 bianuales por familia. La disparidad es evidente.
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Llegar a Tibú es asistir al teatro de operaciones de una fuerza policial desubicada por tener que responder a una situación que no es de conflicto armado. Ley seca, toque de queda y seguimiento y verificación de antecedentes de cualquiera que parezca extraño, así eso signifique portar una cámara fotográfica y una credencial de prensa.
Sin embargo, a tan solo un kilómetro del casco urbano de la población el ambiente es diferente. Los campesinos se mantienen alerta en sus puestos de vigilancia en las postas y retenes. Las huellas de las llantas quemadas sobre el asfalto dan cuenta de los disturbios de la semanas anteriores. En “La Cuatro”, sitio ubicado a cuatro kilómetros del casco urbano de Tibú, un rancho quemado por el Esmad, según los campesinos, permite adivinar la magnitud de un enfrentamiento que duró más de 7 horas.
Gases lacrimógenos, balas de goma, canicas y balines por parte de los antimotines y piedras y cócteles molotov por parte de los manifestantes, hicieron que lo vivido en “La Cuatro” empezara a tomar tintes legendarios entre los lugareños. Los “bolilleros”, primera línea de defensa de los campesinos frente al Esmad, pactaron con la policía una tregua de 15 minutos para hidratarse y continuar posteriormente con la batalla campal que arrojó como saldo de esa jornada, dos carros quemados y la casa en mención, destruida.
Muchos de los “bolilleros” exhiben orgullosos macanas policiales y escudos y cascos de los antimotines como una suerte de botín de guerra a la vez que blanden sus hondas y “caucheras” reafirmando el poder que tienen sobre esa carretera que siempre les ha pertenecido.
Caminar el tramo de carretera que de “La Cuatro” conduce al campamento de los voceros, es caminar siendo observado por cientos de pares de ojos de campesinos que tienen sus cambuches a la orilla de la carretera. Sin embargo, existen más campamentos al adentrarse en los potreros de la zona rural de Tibú. Hay tantos campamentos como veredas se han sumado al paro, y su número no baja de 100.
Visitar los campamentos es echar un vistazo a una Colombia rural que está muy alejada de la que se muestra en los comerciales oficiales del gobierno nacional. Son sitios con condiciones mínimas de salubridad. El agua es apenas potable, siendo tomada de tuberías de Ecopetrol que la usa para inyectarla en los pozos petroleros, por lo cual esta sale de la tubería a cerca de unos 35 grados centígrados y tinta en rojo por el óxido de hierro de la tubería. A pesar de que los campamentos y las casas de las veredas están ubicados en medio del recorrido del gasoducto y oleoducto de Ecopetrol, nadie posee instalación de gas natural y proveerse de gasolina es una tarea imposible si no se hace uso del combustible contrabandeado desde la vecina Venezuela.
Los cuatro campesinos asesinados en Ocaña no han hecho otra cosa que servir de estímulo para que los campesinos ubicados en las inmediaciones de Tibú saquen fuerzas de flaqueza y olviden el hambre, las enfermedades que se empiezan a extender y la fatiga que suponen 25 días alejados de sus familias, que por seguridad no se desplazaron hacia los campamentos.
Dadas las incomodidades con que se vive el paro, cualquiera podría pensar que, como lo dice el Gobierno, estos campesinos están siendo obligados a participar en las movilizaciones y están siendo retenidos a la fuerza. Y es la voz de un campesino la que finalmente deja todo claro, antes de que un trueno infernal sacuda la tierra y el aire: “Yo no estoy en el paro por mi propia voluntad, yo vine obligado por las circunstancias y la miseria en las que el gobierno me tiene viviendo”.
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