El proceso de paz en Colombia ha recibido reconocimiento y respaldo internacional, ha abierto un nuevo escenario para la participación y expresión política de los miembros de las FARC, para que mediante la fuerza de la palabra y no de las armas puedan exponer su propuesta de proyecto político a los colombianos. Debemos recibir con respeto toda opinión que emane de sus dirigentes, más allá de que coincidamos o no, porque esas son las posibilidades que nos brinda la democracia participativa, así como el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de participar en política y de expresarnos libremente.
En las recientes declaraciones del jefe máximo de las FARC, Timoleón Jiménez, manifiesta su respaldo a la revolución bolivariana, al gobierno de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro. Estas son legítimas y coherentes con su pensamiento político, al igual que con el modelo de estado al que aspiran. Sin embargo, lo que es inadmisible e inaceptable es el reclamo del señor Luciano Marín, jefe de la Comisión Negociadora de las FARC, al gobierno del presidente Santos por lo que él considera "la ingratitud del gobierno colombiano para con el Presidente Maduro". A raíz de los últimos acontecimientos de crisis reinantes en ese país hermano, así como las opiniones y alianzas de figuras prestantes de la oposición venezolana con sectores políticos colombianos, se oponen y atacan el desarrollo del proceso de paz en nuestro país.
El respaldo internacional y el acompañamiento de los países garantes a las conversaciones de la Habana ha sido reconocido y valorado altamente tanto por el Gobierno Nacional como por el conjunto de los colombianos que apoyamos y hoy celebramos el fin del conflicto. Sin embargo, entendemos que ese apoyo internacional surge por el deseo y compromiso de los gobiernos y organismos del mundo de aportar a la construcción de un acuerdo de paz que pusiera fin a más de 50 años de conflicto armado, sin ningún tipo de condición. No obstante, tampoco podemos condicionar o entrar a descalificar la decisión de la FARC de brindarle su pleno respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la forma cómo está enfrentando la crisis social y política que afronta.
El manejo de las relaciones internacionales es responsabilidad exclusiva del Presidente de la República y de su Canciller, Maria Ángela Holguín. De igual manera, lo es de todos los estados miembros de organismos internacionales como la ONU o la OEA, entre otros. Estos tienen la obligación de velar para que las crisis internas de los países miembros sean solucionadas por la vía del diálogo entre las partes, brindando plenas garantías de respeto a los derechos ciudadanos, la libre expresión y movilización pacífica de quienes difieren de las medidas políticas y económicas implementadas por quienes ostentan el control del poder político.
La solución a la crisis en Venezuela es una decisión que solo los venezolanos deben asumir, sin ningún tipo de interferencia política externa. Además, pasa por la necesidad de construir nuevos escenarios para que tanto el gobierno como los voceros de la oposición busquen salidas a la crisis, pasando, necesariamente, por la reconstrucción política y del tejido social del país. La convocatoria de elecciones generales transparentes, con plenas garantías para todos los sectores políticos y de la sociedad, debe servir para que en ese escenario los ciudadanos, como constituyente primario, decidan el rumbo que debe tomar eses país. De este modo, buscando ofrecerles a los venezolanos una calidad de vida más digna y con plena garantía de respeto a los derechos humanos, avanzando hacia la reconciliación y convivencia ciudadana.
