La problemática de los edificios mal construidos en la ciudad de Cartagena empieza acrecentarse cada vez más. Ahora se hace necesario que varias familias desalojen sus apartamentos, por cuanto ya se sabe que hay un riesgo de colapso.
Al respecto debemos indicar desde el punto de vista legal que cuando una persona compra o financia un apartamento lo hace con el propósito de poder vivir en él por el resto de su vida o por lo menos, por largo tiempo. Nadie acude a una inmobiliaria con la intención de poder comprar un apartamento desechable, en el que pueda vivir por solo unos meses o unos pocos años.
De hecho, si quien tiene la idea de comprar un apartamento a otra persona o a una inmobiliaria, sabe de antemano que la vivienda que pretende adquirir está en una edificación construida con defectos en su construcción, que le va a significar vivir solo unos meses o unos cuantos años, para después tener que desalojarla, sencillamente no lo compraría. Pues la lógica indica que nadie quiere comprar apartamentos que al poco tiempo necesitarán ser derrumbados.
En ese orden de ideas, quien construye un edificio con una serie de infracciones, no solo legales, como pueden ser las autorizaciones a las curadurías urbanas, sino transgrediendo normas propias de la ingeniera civil como estudios de suelo y de más, está teniendo conciencia que lo que va a vender, no será un lugar apropiado para vivir.
Saben que lo que van a ofrecer al público, no corresponde con las ilusiones que venden en las salas de venta o a través de la publicidad que hacen. Por ello y desde el mismo momento en que inician las ventas de apartamentos, con formas de pago, con opciones de financiamientos, están vendiendo una idea que no corresponde con la realidad, que no atañe con lo que están ofreciendo, ya que omiten un solo detalle y de suma importancia: la construcción de un edificio con defectos en su construcción, que de informarle a los posibles compradores, seguramente no comprarían. Como se dirían en Derecho Penal, la inmobiliaria está realizando una puesta en escena para hacer ver algo que en verdad no es. Y es precisamente aquí donde inicia la estafa
Porque si una persona compra un apartamento nuevo, y a veces en los planos, lo hace porque entre otras cosas, supone que estará apto para ser habitable, para perdurar en él; y esto lo saben las inmobiliarias y es precisamente lo que venden, pero en apariencia, llevando a los posibles compradores al error, esto es, a tener una percepción errada de la realidad en la medida que ignoran que están comprando apartamentos desechables, que no servirá para habitarlos por largos años como debe ser.
Error este que además, hace que las víctimas o bien paguen sumas de dinero como cuotas de pago o que asuman créditos para financiarlos, o incluso la cancelación total del precio del apartamento.
Lo anterior, que en derecho se denomina una disposición patrimonial, termina en últimas causando un perjuicio al patrimonio económico de los compradores, debido al interés de lucro perseguido infamemente por los vendedores, que en su agonía de poder adquirir grandes sumas de dinero, juegan no solo con las ilusiones de muchas familias, sino además con su tranquilidad.
Por todo lo que se viene comentando, no me cabe la menor duda, que las compradores fueron víctimas de una estafa, de un gran estafa, fraguada en las narices de todos y en especial de las autoridades públicas, “quienes nunca se percataron lo disparada que estaba la construcción en Cartagena”, y que tuvieron que esperar que se viniera a tierra el primer edificio, con pérdidas humanas, para poder entrar a tomar control.
Y que no se les olvide a las víctimas y todos los cartageneros, que los ingenieros que participaron en la construcción de los edificios que ahora amenazan con venirse abajo, también tienen una cuota de responsabilidad penal, porque si hay alguien que sabía lo que estaban construyendo, eran los ingenieros civiles que coordinaron la construcción de los mismos.
No sobra más que esperar que las Fiscalía logre hacer responder a todos lo que en calidad de autores y cómplices, tengan responsabilidad en esto y porque no decirlo, también a los posibles servidores públicos, que por omisión, hayan tenido algún tipo de responsabilidad penal por el delito de prevaricato por omisión.
Esperemos y esta historia tenga un final feliz para todas las víctimas.
