Para nadie es un secreto que las plantas físicas de muchas, demasiadas a mi modo de ver, instituciones y sedes educativas se están cayendo a pedazos producto del peso de la indiferencia, la negligencia y la politiquería que usan algunos candidatos para prometer soluciones, eso sí, a cambio de votos, pero pasan los años y no cumplen.
Lo triste es que muchas comunidades les vuelven a votar una y otra vez y mientras, los niños, niñas y adolescentes se quedan sin escuelas, son cerradas para evitar accidentes y posibles pérdidas de vidas; porque la tragedia de quedarse sin escuela y por ende sin educación ya es demasiado grave y deplorable para cualquier comunidad.
Lo más triste es que no es una situación nueva, porque la deuda histórica es grande y vieja, pero como todos nuestros males, ésta se profundizó durante la pandemia, las sedes educativas que venían mal se arruinaron al punto que muchas ni siquiera pudieron volver a abrir sus puertas cuando se levantó el confinamiento, y lo peor, es que muchas siguen esperando ser reparadas o que se construya una nueva edificación y, las comunidades añorando ver sus escuelas en condiciones dignas.
Aquí solo algunos titulares que ilustran lo que se está planteando:
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-historico-colegio-de-olaya-herrera-que-se-cae-a-pedazos-NB6377609
Estas son solo algunas de las muchas noticias que se han conocido frente a la realidad que vive la educación pública y que pueden constatar ingresando al enlace respectivo. Cundinamarca no es la excepción, Viotá y su escuela Capotes es uno de los múltiples ejemplos (https://noticias.caracoltv.com/el-periodista-soy-yo/estos-ninos-de-viota-deben-estudiar-en-una-escuela-que-se-cae-a-pedazos), el Colegio La Sierra de Quipile, la sede María Auxiliadora de Agua de Dios, la Institución educativa Policarpa Salavarrieta de Girardot, la sede Anexa de Girardot, solo por citar algunos casos de los muchos que prueban que la educación no ha sido prioridad en materia de infraestructura y que el abandono, la falta de mantenimiento y otras excusas de los gobernantes, como por ejemplo que no se cuenta con escrituras, han llevado al cierre de algunas o sencillamente se siguen usando parcialmente y a riesgo de que se terminen de caer.
Desde luego que ese panorama de riesgo, falta de pintura, pisos y paredes agrietadas, tejas rotas, cables colgantes, baterías de baños insuficientes y deprimentes, falta de acueductos, de escenarios deportivos en condiciones, internet, equipos tecnológicos…inciden fuertemente en los resultados de la calidad de la educación, generan desmotivación y minimizan el interés por ir a la escuela. ¿Acaso los niños, niñas y adolescentes rurales y de sectores vulnerables urbanos no merecen escuelas bonitas, dotadas y plantas físicas seguras?
…Investigadores como Peter Barrett han establecido que hay una estrecha relación entre el aprendizaje y los entornos en los cuales se encuentran niños, niñas y adolescentes durante la etapa escolar y universitaria. Actualmente en el país hay unas 13 mil instituciones educativas, las cuales enfrentan desafíos desde el entorno de movilidad de los estudiantes, pasando por la alimentación y las condiciones en infraestructura. Un reciente estudio, el índice Welbin 2022 del Laboratorio de Economía en la Educación, estableció las condiciones en las que se encuentran los colegios del país a través de una encuesta a 1.556 instituciones: el 38% no tiene agua potable, una cifra que en la ruralidad es del 67% y el 45% no tiene acueducto; el 12% está expuestos a riesgos de inundación y solo el 43% tiene acceso permanente a internet. Por otro lado, en una encuesta a estudiantes realizada por la Fundación Barco, se demostró que entre más alto el grado escolar, es más alta la insatisfacción con las instalaciones escolares. Al tiempo, evidencia que mientras en los centros urbanos solo al 7% no le gusta su colegio, en la ruralidad la cifra llega a ser del 68%.[1]
Aquí el tema no es que se exija plantas físicas lujosas, sólo se requiere contar con las condiciones básicas que garanticen seguridad, ambiente agradable y dignidad para las y los estudiantes, así como para maestros(as) y directivos docentes. Desde luego se requiere a la par con la infraestructura, el nombramiento de maestros(as) y profesionales de apoyo para la inclusión y los materiales requeridos para cada necesidad atendida y, un PAE que atienda las necesidades nutricionales.
¿Qué hacer? no callarse, exigir mantenimiento a las plantas físicas, pero que no sean maquillajes o paños de agua tibia para gastarse los recursos y no tener soluciones a largo plazo; hacer veeduría a las obras, que los consejos directivos de las instituciones educativas escriban y movilicen a su comunidad en pro de sus plantas físicas, no para asumir de sus paupérrimos presupuestos o mediante cuotas extras los costos, sino para que las administraciones municipales, departamentales o nacional asuman su responsabilidad frente al tema y dejen de hacerse los de la vista gorda.
Pero, además y a propósito de un año de elecciones regionales, aprender a elegir a concejales, diputados/as, alcaldes/as y gobernadores/as verdaderamente comprometidos/as con la educación pública ofrecida en condiciones de dignidad, no como un favor, sino como el deber más importante del Estado para romper con las brechas de inequidad e injusticia social.
Esto también exige líderes/as sindicales más decididos/as a acompañar a las comunidades educativas, prestos a denunciar lo que pasa y apoyar en la gestión de soluciones a través de la movilización desde los gobiernos escolares, porque la educación es un derecho y requiere condiciones de dignidad. Vale recordar que en los artículos 1, 42, 53 y 70 de la Constitución Política de Colombia de 1991 se establece que la dignidad humana es un elemento base para la protección de los derechos fundamentales y la promoción de la libertad, la justicia y la igualdad. Pero además, la dignidad humana es la causa de que se reconozcan los derechos en sí, es su justificación misma[2].
[1] https://caracol.com.co/2022/10/22/hacia-donde-va-la-infraestructura-educativa-en-colombia/
[2] Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. Universidad Nacional, Costa Rica. Vol. 32, núm.1, 2021, [email protected]
