La siguiente noticia es peor que un dolor de muela: una mala interpretación de la resolución 2003 de 2014 del Sistema Único de Habilitación en Salud obliga a los odontólogos a adecuar sus consultorios con costos que pueden superar fácilmente los $200 millones de pesos. El sector odontológico, junto con los más de 200 mil empleos que genera la actividad en Colombia, está ad portas de recibir un golpe mortal y silencioso para su derecho al trabajo y el desarrollo viable de sus actividades, con la grave crisis que esto generará para los odontólogos y todos los agentes empresariales y laborales del sector.
Esta norma tan cuestionada obliga a tener que hacer complejas adecuaciones, casi que construcciones, sin diferenciar los nuevos consultorios, de otros que pueden llevar décadas funcionado. ¿De dónde podría cubrir estas impagables, irrecuperables e innecesarias sumas, un odontólogo independiente?, ¿cómo podría entender que eventualmente podría cerrar cuando lleva en su consultorio 10, 20 o 30 años cumpliendo con todas las normas de cuidado de sus pacientes? Sumado a lo anterior, ¿cómo harán los recién egresados, quienes prefieren abrir su propia unidad antes que emplearse por un sueldo que no corresponde a su preparación y que es el común denominador en aquellos centros masivos nacionales y franquiciados? Además, ¿cómo harán ahora para pagar un arriendo que se irá a las nubes?
Indudablemente una parte de la norma tiene un principio de buenas intenciones que todos compartimos. Por ejemplo, permitir, en parte, el acceso cómodo y digno a las personas que tiene alguna condición de discapacidad. Un principio con el que todos como sociedad aplaudimos. De hecho, antes de 2017 las Secretarias de Salud no definían los mecanismos, al pie de la letra, para que personas con alguna condición de discapacidad pudieran acceder a la totalidad de los establecimientos odontológicos, incluso para fines administrativos.
La norma falla radicalmente, no en su esencia sino al no generar diferenciación alguna y asumir que todo odontólogo tiene $200 millones o mucho más en su bolsillo y tratar de imponer la norma sin que se haga una clara distinción entre, por poner un ejemplo, las IPS – Instituciones Prestadoras de Salud – sobre los consultorios de profesionales liberales e independientes, sabiendo que estos últimos manejan una economía diametralmente más austera. Lo cual afectaría gravemente el sector.
De hecho, la resolución los diferencia en el numeral 1.3. advierte que a los profesionales independientes no les será exigido el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC). Sin embargo, ¡esto no parece estar sucediendo en la práctica! Por el contrario, de acuerdo con el testimonio de muchos colegas con los que coincidimos en eventos y seminarios de las más importantes agremiaciones comentan que se les está exigiendo a los independientes con mayor crudeza, incluyendo a los recién egresados, quienes no paran de abordarnos en seminarios y conferencias que dictamos, para que nos convirtamos en sus voceros, pues les será imposible abrir consultorio o tendrán que pagar arriendos millonarios, derivando este costo del bolsillo los pacientes.
Por lo tanto, se hace un llamado, desde todo el gremio, al buen espíritu de los involucrados, incluyendo al ministro de la Salud y Protección Social Alejandro Gaviria, para que se ajusten las medidas y se puedan reemplazar por una solución asertiva: debemos trabajar articuladamente para corregir el querer implementar este tipo de normas de una manera intempestiva, descontextualizada y sin un criterio proporcional, lo cual resultando en un daño irreparable para quienes cuidan de la salud oral de los colombianos.
Todo lo relacionado con esta norma y la forma que se ha tratado de imponer recuerda que es pertinente aunar esfuerzos urgente con el gobierno, el cual ha desprotegido el sector de los profesionales de la salud oral.
La baja competitividad de un porcentaje importante de los recién egresados, la falta de organización como agremiación del sector, el preferir otorgar beneficios para la empresa extranjera sobre las nacionales, lo cual se ha intensificado de manera preocupante en los últimos años. En este orden de ideas, desde el Círculo Empresarial Odontológico pedimos inmediata atención y alternativas viables del Gobierno para un sector que representa el 1.5 billones de pesos anuales, que agrupa en Colombia 45 mil odontólogos e involucra a 50 millones de pacientes potenciales.
Diariamente en Colombia y en el mundo cientos de miles de pacientes buscan y confían en sus odontólogos, circunstancia que empezó hace más de 5000 años, cuando un egipcio llamado Hessie-Re sentó las bases de lo que sería esta imprescindible ciencia. Con el transcurrir de siglos y milenios llegamos a un punto en que los pacientes necesitan de sus odontólogos y. Una norma no puede acabar con algo tan simbiótico al promover que desaparezcan miles de consultorios y, de paso, encarecer el servicio. Aunque como odontólogo estoy convencido en siempre evitar, a toda costa, una extracción, en este caso la norma necesita bastante "fresa" para que sea acorde con la realidad, e incluso, ¿por qué no?, requiere hasta una corona, mucho núcleo y mejor apariencia. De lo contrario, apague la fresa y vámonos.
